Aftosa: la difícil administración de la transparencia

El País Agropecuario
Marzo del 2001

 Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros” rezaba el memorable “mandamiento” que la dictadura de los cerdos había impuesto en “La rebelión en la granja”, la notable metáfora contra el totalitarismo que George Orwell escribió hace más de medio siglo.

Conversando con productores artiguenses después de superada -al menos por el momento- la crisis de la aftosa, se constata un estado de ánimo en referencia al tratamiento recibido por parte del MGAP y las consecuencias del mismo, que puede resumirse así: “todos los uruguayos somos iguales, pero los de Artigas somos menos iguales que el resto”.

Paralelamente, el Gobierno Nacional se enorgullece del tratamiento dado al problema, lo que aparece avalado por el reconocimiento de los mercados, que superados los plazos establecidos, en general reiniciaron las importaciones de nuestras carnes[1] , y sobre todo por los organismos internacionales especializados, que reconocieron explícitamente la transparencia y la eficacia con que nuestro país procesó el problema.

Esta transparencia adquiere especial destaque en un contexto regional donde lo que impera es el ocultamiento de estos problemas y la negación de las medidas adoptadas como paliativos de los mismos, intentando –el tiempo mostró que infructuosamente- no perder estatus sanitarios de dudosa legitimidad. En aguas tan turbias, la transparencia de los procedimientos sanitarios uruguayos es una rara avis que debemos preservar y tratar de extender a otras áreas del quehacer ministerial y gubernamental.

Por supuesto que no es fácil. Para que la transparencia gane terreno, es necesario que, además de la voluntad política que la impulse, exista una buena administración, o como se dice ahora, un buen “gerenciamiento” de la misma, de modo que, en la medida de lo posible, deje conforme a todas las partes afectadas. Como no es esa la sensación prevaleciente en Artigas, creo que es necesario tratar de aprender de los errores que se hayan cometido, para lo cual es imprescindible el análisis objetivo y honesto de los hechos por parte de todos los involucrados. Y esto es válido tanto para el MGAP y el Gobierno como para los artiguenses.

Una primer cosa a dejar clara es que no se sabe, y seguramente no se sabrá nunca, cual fue el origen de la infección. Las formas de transmisión del virus son innumerables, y las medidas que se tomaron –controles y rodiluvios en todo el perímetro del país- son un reconocimiento implícito de esto. Por si eso no alcanzara, la actual “explosión” de brotes de aftosa en los países más controlados del mundo , no deja lugar a dudas sobre el punto. Por lo que resulta injusto responzabilizar a los artiguenses de la aftosa, por el solo hecho de que haya aparecido allí.

Un segundo aspecto a destacar es la ejemplar actitud del productor –Enrique Arbiza- y del veterinario – Alfredo Acosta- al denunciar inmediatamente ante las autoridades la sospecha del brote de la enfermedad.  Es un ejemplo de transparencia en los procedimientos que la sociedad uruguaya en general y el Gobierno en particular deben cuidarse muy bien de no desestimular. La conmoción provocada por la noticia del brote seguramente haya sido la responsable de acusaciones apresuradas e injustas.

La aplicación de las medidas sanitarias -el rifle, la zona de exclusión,  los análisis y controles- fueron instrumentados con la celeridad y el rigor que las circunstancias exigían,  lo que es un logro no menor que debe reconocérsele al MGAP. Esto no quiere decir que no se hayan cometido errores, producto de la improvisación ante una situación inesperada. Los brotes ocurridos con anterioridad en los países vecinos, en particular en Río Grande del Sur, nos exigían un nivel de previsión mayor.

La zonificación en base a un límite administrativo como es el Departamento ha sido motivo de duras críticas. Al no haber accidentes geográficos importantes lo correcto desde el punto de vista sanitario (sugerencia de la OIE) hubiera sido definir un área –una especie de semicírculo-  con un radio de 25 a 30 kms con centro en el lugar del brote y “muriendo” en la frontera brasileña-[2].

El área y la frontera a controlar, tanto interna como externa, hubieran sido mucho menores de lo que fueron, lo que hubiera disminuido los costos [3] y aumentado la efectividad. Además de dar hacia el exterior una imagen más cercana a la realidad y  menos negativa del mapa sanitario del país al delimitar como “zona infectada” un semicírculo cuya superficie es del 7 por mil de la superficie nacional (el 10% de la superficie de Artigas) “mirando” hacia Brasil, el casi seguro origen de la infección, en lugar interdictar todo un departamento, que implica el 7 por ciento de la superficie del territorio.

En contra de este argumento está el hecho de que las formas y el tamaño de las seccionales policiales no facilita una zonificación como esta. Si se interdictan todas las seccionales que tocan el área del semicírculo, se termina aislando a medio departamento. No es un tema de fácil solución, pero la que en definitiva se adoptó sin duda excedió los requerimientos más exigentes y generó costos económicos y sociales mayores de los necesarios.

Respecto al manejo del Fondo para las indemnizaciones –un tema sumamente delicado-  existe consenso en el sentido lo que se administró correctamente, lo que habla muy bien de quienes lo manejaron, pero también de quienes en su momento definieron la normativa para su utilización, que permitió que 6 años después de iniciada la recaudación, el dinero estuviera disponible y pudiera ser usado con los fines previstos. Pero el Fondo no se puede usar más que para las indemnizaciones por los animales que se matan, a pesar de que los daños económicos que se generan son mucho mayores.

No parece que haya existido la misma previsión en lo referido a la infraestructura de gente y equipos necesarios para enfrentar eficientemente contingencias como esta. En gran medida las cosas funcionaron en base a gauchadas, que están muy bien y deben ser reconocidas como se merecen, pero no pueden ser el mecanismo permanente para enfrentar estas emergencias. Quizá  estábamos demasiado “manijeados” con que la aftosa era cosa del pasado, y no un riesgo que se debe administrar permanentemente, como los hechos se encargaron de recordarnos.

Las medidas de prevención de nuevos brotes deben ser priorizadas y se debe contar con los recursos necesarios para su instrumentación. La detección de animales provenientes de Brasil o con evidencias de vacunación, el estricto control de basureros cerca de los centros poblados, en particular los de la zona fronteriza donde se crían cerdos con residuos alimenticios brasileños, son medidas que deben ser permanentes.

Al cierre de esta edición, a casi 5 meses del brote, los productores de Artigas siguen, en los hechos, sin poder vender sus animales. A donde están autorizados, por ejemplo  a Brasil, no pueden vender por el gran diferencial de precios, dado que el mismo en Uruguay es un 50 % superior. Los frigoríficos no los reciben, con el argumento de que corren el riesgo de “ensuciar” la planta a los ojos de los importadores más reticentes en reconocer nuevamente el estatus sanitario para Artigas. Y tampoco para el campo, a otros departamentos, porque traen la marca del estigma, y quien los compra no sabe si los podrá vender, por las razones anteriores. Lo que puede absorber el matadero municipal para consumo departamental es del orden del 15% de lo ofertado, lo que no es solución y por el contrario deprime más los precios. Los costos de una situación como esta, con todos sus efectos multiplicadores, son enormes, difíciles de soportar para cualquier empresa.

La situación, en particular para los productores que tuvieron que soportar el aislamiento del perifoco, es desesperante, y la gente desesperada puede hacer cualquier cosa. No es bueno, para ellos ni para la convivencia social, no atender sus reclamos. En otro plano, tampoco puede ser que mucha gente que metió el hombro cuando las papas quemaban, haciendo todas las horas extras que fueran necesarias, como es el caso de algunos empleados de la Intendencia de Artigas, a los que ahora nadie se las paga. Son muy malas señales para el futuro, y es imprescindible rectificarlas.

Los paliativos, que están bien, son solo eso, paliativos. A nivel oficial estarían por decretarse disminuciones importantes a nivel impositivo, lo que para gran número de productores equivale a una ayuda solo virtual. Pero además es inadmisible el retraso, lo que está por resolverse en marzo tendrían que haberlo sabido los productores en seguida de surgido el brote, a los efectos de administrar con eficiencia la escasez extraordinaria de recursos.

Hay ejemplos privados muy destacables, como el de la cooperativa Central Lanera Uruguaya, que ya en diciembre anunció el no cobro a los productores de Artigas de intereses sobre adelantos otorgados en inscripciones para  el operativo “corderos pesados”, a financiar por el conjunto del sistema. No será mucha plata, pero implica un reconocimiento de que los productores de Artigas no son los culpables de la aftosa, y una demostración de que la eficiencia no está reñida con la solidaridad.

Otros paliativos, como la ayuda de 300 dólares mensuales por dos meses a los pequeños productores, no llegó a todos los que debía, y ayudó a muchos que no debería haber ayudado. Además de lo reducido del monto –equivale a 3 meses del salario de un peón rural- es una forma de canalizar recursos que crea “la industria” del certificado, de la firma autorizada, de la corruptela con antifaz de viveza o de gauchada. Y nos muestra que es mejor cuanto menos “ayudas extraordinarias” haya que dar, porque quiere decir que la crisis se administró con mayor eficiencia y justicia.

Pero este artículo no pretende ser un listado exhaustivo de aciertos y errores de los artiguenses y del gobierno. Solo se mencionan algunos, los más notorios, intentando demostrar que la administración de la opción política por la transparencia no es nada fácil, y que debemos aprender de este tropezón, en primer lugar para que no se repita, pero si esto ocurre, para que en el futuro tenga los menores costos para todos los involucrados, los directos y los indirectos, que somos todos los uruguayos.

En resumen, queda la sensación de que el gobierno actuó muy bien en relación al control de la aftosa, pero dejó bastante que desear respecto al tratamiento de la gente. Y eso es un muy mal precedente para el futuro, porque sin la colaboración decidida de la gente, poco se puede hacer. El Uruguay logró, con mucho trabajo y grandes inversiones durante largos años, no solo un determinado nivel sanitario en sus rodeos, sino también la infraestructura institucional, el entramado de relaciones sociales, políticas y culturales que le permitieron hacer reconocer y conservar ese estatus sanitario. Es algo bastante más complejo que el tratamiento de una epizootia, y con esa complejidad debe ser encarado el tema.[4]

La erradicación de la fiebre aftosa es una estrategia llevada adelante por el país, en particular por su sector cárnico, que la financió a través de un impuesto a las exportaciones. Los beneficios derivados de esta estrategia también benefician a todo el país, que aumenta el valor de sus exportaciones, da mas trabajo a sus industrias y servicios conexos, obtiene el reconocimiento internacional de mostrarse como un país serio. Si nacionales son los beneficios, nacionales deben ser los costos.

Quedó de manifiesto que la voluntad política existe, quizá haga falta adecuar la legislación vigente a la luz de la experiencia vivida. Una posibilidad, es la de usar la banda de aplicación que tiene el actual impuesto, que puede ponerse al tope para generar un fondo, no solo para indemnizaciones por el rifle sanitario, sino para compensaciones que correspondan a los productores que queden en zonas interdictadas.

Porque no por estar en una zona que debe ser aislada, se es culpable de nada. Y a los que realmente lo sean, lo que debe ser demostrado con una correcta labor de control, caerles con todo el peso de la ley. El marco regional y mundial no nos permite ser demasiado optimistas respecto a que no se repita el brote. Nuestro deber es minimizar su probabilidad de ocurrencia, pero sin dejar de estar preparados ante la eventualidad de que esto realmente ocurra.

Ante este panorama, quizá sería una buena inversión para el país la de contratar una evaluación externa -tanto al MGAP y el gobierno como al departamento de Artigas- para estudiar seriamente el surgimiento del problema, su tratamiento y las consecuencias del mismo, de modo de capitalizar positivamente las enseñanzas que una situación como esta debe dejarnos.

 

[1] Al cierre de la edición, solo Japón y Corea seguían sin reanudar las importaciones de carne uruguaya, a los que se sumaban, para el caso del ganado de Artigas, Estados Unidos, Canadá y México.

[2]  La identificación de las seccionales policiales mediante los 4 primeros dígitos del número de Dicose permiten la regionalización en base a las mismas, lo que facilita un ajuste mayor que si se toma el Departamento. Productores de la 7ª. de Artigas están más lejos del foco que los de la 11ª. de Salto o de la 2ª. de Rivera. Con los 4 dígitos también puede tenerse la trazabilidad de los movimientos de ganado.

[3]  Felizmente llovió todo el verano. Si  hubiera habido una seca estival –la situación más corriente- los daños económicos al no poder sacar ganado de todo el departamento hubieran sido incalculables, y la ruina definitiva de la mayoría de los productores.

[4] Un muy buen tratamiento de este tema puede consultarse en la tesis de graduación del Ing. Agr. Lautaro Pérez Rocha, en la Facultad de Agronomía.

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