Crónica de una muerte anunciada

El País Agropecuario
Febrero del 2002

“el mundo está como está, por causa de las certezas” Jorge Drexler

Una experiencia tan traumática como la de la hiperinflación sufrida por la Argentina a finales de los años 80, quizá requería, para su superación, de medidas de una rigidez absoluta, como la ley de convertibilidad instrumentada por el nuevo gobierno en el 90-91. A grandes males grandes remedios, nadie hubiera creído en paños tibios. Viéndolo con perspectiva histórica, la falta de flexibilidad de la medida quizá haya sido condición imprescindible para su éxito.

El error fue pensar que eso podía durar indefinidamente. Pero cada anuncio fallido del cercano fin de la convertibilidad, la fortalecía y ayudaba a que siguiera durando. Como declaró un destacado economista argentino en Montevideo en 1998: “cuando empezó la convertibilidad, el 95% de los economistas en Argentina -entre los que me incluyo- dijimos que no duraría dos años, y está por cumplir ocho”.  Esa robustez, cuyas múltiples causas –abundante financiamiento externo, inversiones y mejoras de la productividad derivadas de la estabilidad alcanzada, privatizaciones y vida con “las joyas de la abuela” etcétera- no corresponde analizar acá, dio pié al fanatismo de los defensores del “modelo”, a la profesión de fe que empieza por rechazar dogmáticamente todo argumento en contra, y que termina negando la realidad más evidente.

Y fue así como sucesivamente se negó el susurro de advertencia del peligro que vino de México en el 95, los claros avisos provenientes del sudeste asiático en el 97 y de Rusia en el 98, y finalmente el grito de inminencia del desastre que llegó de Brasil en el 99. Llegadas a ese punto las cosas, no alcanzaron las terapias desesperadas del progenitor de la criatura llamado para salvarla,  y en el 2001 llegó el fin, tanto más violento cuanto más demorada su aceptación.

 Mientras tanto nosotros…

…como casi siempre, seguimos la misma tendencia que Argentina, pero con nuestras peculiaridades, signadas por nuestra mayor moderación. Los picos, tanto de máxima como de mínima son menos pronunciados, la corrupción es menor -lo mismo que la audacia- no llegamos a la hiperinflación y por lo tanto tampoco a la rigidez absoluta de la convertibilidad, pero a ambas le anduvimos cerca.

Durante el mismo período que en Argentina reinaba la convertibilidad, el peso uruguayo sí se devaluaba, pero en forma administrada, siempre menos que la inflación, como “ancla cambiaria”. Fue así como, durante el gobierno de Lacalle y en particular cuando de Posadas fue el Ministro de Economía, se generó el famoso atraso cambiario, “mala palabra” que, por aquellos tiempos, estigmatizaba a quien osara pronunciarla. Atraso cambiario que se mantuvo durante el segundo gobierno de Sanguinetti, cuando ya se lo nombraba desde tiendas oficiales, pero para decir que se había terminado, cuando en realidad sólo había dejado de crecer. Y que, por último, durante el actual gobierno empezó muy lentamente a disminuir, hasta que los sucesos de la Argentina obligaron a acelerar la pauta devaluatoria lo que, en un contexto francamente recesivo, es de esperar que se exprese en una depreciación real de nuestra moneda, con el consecuente abaratamiento de los costos internos en dólares, condición imprescindible, aunque no la única, para empezar a mejorar nuestra tan deteriorada competitividad.

Con ese escenario general, casi todos los indicadores de producción y productividad del sector agropecuario crecieron en el país hasta 1997 ó 98, con la notoria excepción de la lana, que decrece durante toda la década. El contexto regional fue muy favorable para nuestras exportaciones agropecuarias, principalmente como consecuencia del Plan Real brasileño entre el 94 y el 98. Pero además el abundante financiamiento disponible para las inversiones productivas, la disponibilidad de tecnología, las medidas de liberalización instrumentadas, la reforma impositiva del 95, la mejora del estatus sanitario para la carne alcanzado luego de la recomposición del stock  vacuno posterior a la gran sequía del 88-89, fueron las principales causales de ese dinamismo.

Tan importantes fueron los factores positivos, internos y fundamentalmente externos, que el atraso cambiario no resultó una limitante ilevantable para el aumento de la producción de rubros tales como la carne, los lácteos, el arroz o la cebada, dado que en los países adonde se los exportaba, el atraso era mayor, y en el mercado interno el nivel de consumo se mantenía o aumentaba. Para la lana en cambio, que se exporta en un 95% y todo hacia fuera del Mercosur, no existía “el atajo regional” ante la caída de los precios internacionales, y el atraso cambiario “la mató”, bajando a la mitad el stock ovino y su producción. Solo la gran competitividad del país, a nivel primario e industrial, evitó su desaparición.

¿Cómo interpretaron este dinamismo agropecuario las dependencias oficiales involucradas, en particular los Ministerios de Economía y Finanzas y de Ganadería, Agricultura y Pesca? Obviamente, como éxitos de las políticas económica y agropecuaria seguidas, atribuyendo los “números rojos” a la supuesta inviabilidad del rubro en cuestión o a la estupidez e ineptitud ajena, pero nunca a los errores propios o de la política general que se defendía.

En Abril de 1998, cuando ya se tendría que haber tomado nota de las crisis y subsiguientes devaluaciones de México y de los Tigres del sudeste asiático, cuando los dólares australiano y neocelandés, mediante la flotación, preservaban la competitividad de esos países ante el fortalecimiento del dólar americano, mientras el euro se devaluaba sostenidamente, cuando Brasil mantenía su Plan Real con el fin básico de llegar a las elecciones de Octubre de ese año y lograr la reeleción de su presidente, en una palabra, cuando estábamos rodeados de luces amarillas indicadoras del peligro de seguir con la ortodoxia monetaria, en ese momento, el equipo económico encabezado por Mosca no solo no aumentó la pauta devaluatoria, sino que la redujo, de 0.8 a 0.6% mensual. Esa diferencia, acumulada a fin del 2001 representa un 12% menos de devaluación.

Se puede argumentar que cuantitativamente no es muy importante, pero sí lo fue la señal, en el sentido contrario al que aconsejaba cualquier visión mas o menos realista del escenario económico, dado que siguió profundizando los problemas de competitividad, alentando simultáneamente a los productores a continuar con la toma de créditos en dólares. Y seguramente,  en esa decisión del equipo económico, no fue menor la influencia de la visión eufórica proveniente del MGAP respecto al comportamiento, pasado y futuro, del sector agropecuario. Si todo va tan bien ¿por qué no seguir con la misma medicina?

Pero lo de Abril del 98 es una minucia comparado con lo de Enero del 99, fecha a partir de la cual el sector externo empieza a existir, si nos atenemos a los análisis de los economistas oficialistas (no solo del partido de gobierno).  En el momento en que nuestro principal socio comercial devalúa, en primera instancia, 40%, nosotros nos mantenemos inconmovibles, y el equipo económico manifiesta enfáticamente que no hay problemas en mantener nuestra política cambiaria sin modificaciones, en gran medida porque la inflación en Brasil, en dos o tres meses, eliminaría el efecto de la devaluación, por lo que nuestra competitividad no se vería afectada. Ejemplos provenientes de los 5 continentes mostraban que eso no necesariamente debía ser así, pero como iban en contra de la ortodoxia monetarista, fueron ignorados. Cambio de gobierno mediante, la pauta cambiaria comienza a modificarse como respuesta a las medidas de Cavallo en Junio del año pasado, 18 meses después que Brasil empezara a devaluar, y nuevamente a fin de año, ante la explosión argentina.

Pero, como las desgracias nunca vienen solas, nos cayó encima la sequía en 1999/2000 y luego el exceso de lluvias y el Fussarium en el 2001. Pero, por sobre todo, el terrible impacto de la aftosa a partir del 2000/2001. Los primeros, efectos coyunturales mas o menos reversibles a mediano plazo, otros como la aftosa y los bajos precios de la carne, que van a durar años. Problemas adicionales a los que, en definitiva, debemos enfrentarnos sin rentabilidad y con un enorme nivel de endeudamiento, aunque deben reconocerse los esfuerzos del Ejecutivo actual en la búsqueda y apertura de nuevos mercados para nuestras exportaciones agropecuarias.

 Una retrospectiva diferente

El Ing. Agr. Julio Preve, director de la Opypa del MGAP durante los dos gobiernos anteriores, y probablemente la cara más visible de la conducción de la política agropecuaria en ese período, en un artículo reciente[1] cuyo tema de fondo merece una discusión seria imposible de realizar acá, reitera la mayoría de los conceptos que a lo largo de la década pasada tantas veces se escucharon.

Calificando como “agoreros del desastre” a los que opinamos diferente, en contraposición a “quienes se preocupan de dotar sus ideas de cifras objetivas”, pronostica que “vendrán ahora explicaciones si se quiere hasta divertidas” (para los resultados del Censo) cuando en realidad “lo que los números indican es por lo menos una fenomenal estabilidad social, probablemente única en el mundo”

Tras subrayar los éxitos de la ganadería de carne, el ex Director de Opypa se permite reconocer que “también en esa década continuó en la economía en su conjunto el cambio en las relaciones de precios, generándose una ciertamente desfavorable para las producciones de bienes comercializables internacionalmente. Y que estos productores, si no han complementado sus ingresos con otros provenientes de otras fuentes, seguramente han visto caer su nivel de vida respecto de generaciones anteriores” Pequeño detalle: de tan bien que está el sector agropecuario, hay que vivir de otra cosa. Otra victoria como esta y estamos liquidados.

Luego de denostar a las hipótesis en contra, el principal responsable institucional de las políticas públicas agropecuarias en la década, plantea: “Pero yo quiero postular una hipótesis para explicar estos fenómenos que las cifras describen. Creo que no se puede negar la influencia decisiva de la calidad de las políticas públicas” Luego de repasar la lista de las mismas insiste en que “creo que se debe reconocer lo que lograron con sus políticas los dos gobiernos anteriores al actual en el campo, como lo prueban las cifras, ahora también las del Censo del 2000”  No queda claro si la toma de distancia respecto al gobierno actual deriva de su no participación en el mismo –al menos a nivel ejecutivo- o a discrepancias con su orientación, pero el hecho es destacable.

Hacer una evaluación de la labor de Opypa excede largamente las posibilidades de este artículo. Esta oficina, como otras del MGAP, cuenta con un plantel de funcionarios técnicos y administrativos cuya capacidad y dedicación está fuera de discusión. El problema radica en la orientación que ha recibido la oficina, que básicamente se dedica al seguimiento (le llaman “monitoreo”) del comportamiento de los diferentes rubros y sus respectivas medidas de política. Cosa que está muy bien, porque permite analizar con una perspectiva macroeconómica la marcha de la economía sectorial, a la vez de constituir un insumo básico para la confección de las Cuentas Nacionales que realiza el Banco Central.

Lo que no está bien, es que, a partir de esa información, se infieran resultados a nivel microeconómico, que explicarían estos comportamientos agregados. Y la oficina no realiza los estudios a nivel micro que la autorizarían a opinar en ese plano –si corresponde que los realice o no es otro tema- pero nos hemos acostumbrado a que a través de esas inferencias, cuya carga subjetiva es innegable, se nos pontifique sobre como se deben hacer las cosas, criticando, muchas veces en tono inaceptable, a quien “no las hace bien”

Excepcionalmente, Opypa realiza la “Determinación del ingreso medio neto de la hectárea media pecuaria” insumo necesario para fines impositivos. Estos estudios normalmente confirman los pobrísimos resultados que arrojan otras fuentes de información del ámbito privado, pero los mismos no son tomados en cuenta cuando se concluye que, gracias a lo acertado de las políticas públicas, el sector marcha de maravillas, o al menos lo hacía hasta el 2000.

El artículo en cuestión, sobre los resultados del censo, es un ejemplo de lo que queremos explicar. A partir del hecho de que el número de productores censados aumentó un 4.2% de 1990 al 2000, el Ing. Preve reitera su conocida apología de las políticas públicas de la década.  Omite mencionar los cambios metodológicos incorporados, como ser que en el último censo los encuestadores no fueron los policías como en los anteriores, sino personal técnico entrenado, que es el primer censo agropecuario en América Latina en que se trabaja con captura óptica, que se modificó la base cartográfica, que se censó una superficie 3.9% mayor que la del censo anterior. Con esto no quiero decir que los resultados están bien o mal, solo que no se puede realizar una comparación intercensal tan ligera, y mucho menos inferir, a partir de que el resultado global parece favorecer nuestras hipótesis, que Uruguay es un ejemplo para el mundo.

De ahora en adelante

El actual aumento de la pauta devaluatoria, en la medida que no haya indexación, es decir que el mayor valor del dólar no se traslade íntegramente a precios -cosa esperable en el actual contexto recesivo- provocará una mejora de los precios relativos de los bienes transables frente a los no transables, lo que mejorará la ecuación económica de las empresas del sector agropecuario y agroindustrial. Y esto es una condición necesaria, aunque en muchos casos no suficiente, para la mejora de la competitividad sectorial. Habrá que seguir mejorando, entre otras cosas, en la articulación de las cadenas agroindustriales, en la calidad de los productos, en las mejoras tecnológicas y sanitarias. Y habrá que gerenciar el problema del endeudamiento de forma de adecuar el servicio de deuda a las posibilidades de las empresas. Por el lado del Estado, la disminución del gasto para equilibrar las cuentas fiscales y como forma ineludible de reducir los costos de producción, es también imprescindible, al igual que el aumento y la profundización de los programas sectoriales que demuestren ser efectivos.

Cuando se analiza la realidad con los criterios de las Cuentas Nacionales que se expresan generalmente en precios constantes –volúmenes físicos valorados a los precios de un año base- no se capta la verdadera gravedad de la situación, que solo se percibe manejando los precios corrientes, tanto a nivel de costos como de ingresos. O mejor aún, el verdadero poder adquisitivo derivado de esos precios, el resultado real de la actividad productiva. Quizá estas distintas visiones expliquen en alguna medida el divorcio existente entre los diagnósticos oficiales que sirven de base a la toma de decisiones de política, y la generalizada sensación de desastre imperante a nivel rural.

 

Si a nivel de las jerarquías gubernamentales –y también gremiales- no existe la sensibilidad necesaria para percibir estas diferencias y si además, la discrepancia se expresa a través de manifestaciones agraviantes, el divorcio, que puede ser civilizado, termina “con tajos y puñaladas”. Las certezas absolutas son muy malas consejeras, y en general son atributo de los ignorantes. El país y su gente ha pagado un alto precio por las posiciones dogmáticas de muchos de sus dirigentes. Es hora que cambiemos el rumbo, que empecemos a sumar en procura de un proyecto de país donde lo prioritario no sea eliminar la inflación, sino promover el desarrollo, aumentar la competitividad y el empleo, como forma de recuperar y preservar los valores que fueron en otros tiempos orgullo de nuestra sociedad, y que actualmente vemos como se pierden en la misma medida que aumenta la exclusión y la marginación social.

 

[1] “Quién se fue del campo” Suplemento Economía y Mercados, El País, 31/12/01.

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