¿Dónde está el “perdonazo”?

Cuadernos de Marcha
Mayo del 2001

La vieja dicotomía campo-ciudad que tanto mal le ha hecho y le sigue haciendo a nuestro país, es un virus endémico en nuestra sociedad, y en estos días renovó su virulencia. Otro virus, el de la aftosa, ha sido el detonante, al motivar una serie de medidas de apoyo al campo por parte del poder ejecutivo.  Portavoces de sectores urbanos han expresado que las mismas son el resultado del «lobby» rural, y por lo tanto ilegítimas, y además injustas por recaer sobre las castigadas espaldas del pueblo. Para que el antagonismo quede bien claro, los gremios rurales consideran esa ayuda como absolutamente insuficiente.

Repasemos la historia reciente. Antes de octubre pasado, cuando el primer brote de aftosa en Artigas, pocos uruguayos eran conscientes de los riesgos que corría la economía nacional ante el peligro de infección existente, ante el rebrote de la enfermedad en la región. Ocurrido el brote, el tema se agitó por cierto tiempo, pero como quedó focalizado y era en Artigas (no es lo mismo la plombemia en La Teja que en Carrasco) en unos meses las aguas se aquietaron, aunque el daño a la economía en general fue considerable, y terrible para la de aquel departamento.

Pero ante la invasión que en abril cubrió al país haciéndonos perder por años el privilegiado estatus de “libre de aftosa sin vacunación”, ante los dramáticos testimonios televisivos, al fina cundió la alarma. Pasado el primer momento de desazón, y en medio de una confusa maraña de acusaciones y explicaciones, de demagogia opositora y omisiones oficiales mal disimuladas, el gobierno, tras un acuerdo de cúpulas, anunció, también confusamente, una serie de medidas a las que queremos hacer referencia, y que han sido catalogadas por algunos como un “perdonazo”, juicio que nos parece totalmente equivocado.

Tres son los planos en que las medidas deben ser analizadas: el verdadero monto de la “ayuda”, sobre quién recae su financiamiento, y el contexto en el que se instrumentan. Aspectos más conceptuales como la coherencia entre los objetivos y los instrumentos –que deja bastante que desear- no serán analizadas en esta oportunidad.

La medida más reclamada, y de mayor impacto, es la refinanciación de deudas, la que se instrumenta por medio de un bono cupón 0.

La misma implica:

a) un año de gracia para el pago de intereses. Lo que no supone perdón de los mismos, porque aunque no esté explicitado, se capitalizarán y pagarán oportunamente.

b) a partir del 2002 y hasta el 2005, sólo se pagan los intereses de la deuda. El monto de los mismos no está definido, pero oscilaría entre Libor + 3,5% (propuesta del Partido Nacional) y Libor + 5% (propuesta del BROU). Obviamente no se trata de tasas subsidiadas, son significativamente superiores a las que paga Uruguay para obtener dinero en el mercado internacional.

c) en el 2005 el deudor accede a la compra del bono, pagando el 20% de lo adeudado, con lo que salda el capital (dado que la colocación de ese monto, capitalizado durante 20 años recompone el principal) y a continuación empieza a pagar los intereses, cosa que hace durante 20 años hasta el vencimiento del bono.

Es decir que nada de “perdonazos”, solo plazos (2001-2004) durante los cuales el BROU deja de percibir amortizaciones que recuperará con el bono, lo que representa una concesión más virtual que real, dada la situación actual de insolvencia del sector. Las primeras estimaciones oficiales mencionan un costo de U$S 20 millones, que el gobierno debería solventarle al BROU, aunque el monto de los intereses de la deuda agropecuaria son muy superiores, probablemente el triple o el cuádruple de esa cifra.

El resto de las medidas consisten, sintéticamente, en:

  1. la eliminación de los aportes patronales de la Industria a la seguridad social,
  2. la derogación del Impuesto al Patrimonio para el agro y
  3. la reducción del Imesi que grava al gasoil y al fueloil de forma que bajen un 10% sus precios de venta.

Respecto al primer punto, la medida alcanza a la industria manufacturera y también a las empresas de transporte terrestre de carga. Para financiarla, se crea el Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS) que gravará con hasta un 3% (lo fija el Poder Ejecutivo con ese tope) a la venta de bienes manufacturados (no a los servicios) nacionales e importados. El proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a transferir al BROU U$S 20 millones durante el primer año de vigencia de la ley.

La derogación del Impuesto al Patrimonio para el agro implicaría una reducción de apenas U$S 11.5 millones en los ingresos fiscales, si nos atenemos a lo recaudado en el 2000. El mínimo para empezar a pagar patrimonio fue reducido sensiblemente en la reforma fiscal de 1995, por lo que, en contra de lo que piensa mucha gente, no es un “impuesto para los grandes”, lo pagan también productores chicos, que desde el punto de vista económico deben ser considerados microempresas.

La afirmación de que la reducción del Imesi a los combustibles es “un costo” para el Estado es digna de cierto análisis. Cuando recientemente el Ministerio de Economía accedió al reclamo de indexar los combustibles con el precio del petróleo, lo hizo después de decretar una importante suba del precio interno. En simultáneo con la racionalización de la forma de fijación de los precios, consolidó una base extraordinariamente alta de los mismos –la mayor de la región- en torno a la cual oscilará en el futuro el precio al consumidor, en función del precio internacional de la materia prima.

Con estas reglas del juego, el Imesi al gasoil y al fueloil aparecen como un verdadero atentado a la competitividad de los sectores productivos. El consumo agropecuario anual de gasoil es del orden de 145 millones de litros, lo que representa, al precio actual de 0,53 U$S/lt. un monto U$S 77 millones, por lo que el 10% de rebaja implicaría un monto del orden de los 7.7 millones anuales –o menos si la rebaja aumenta el consumo- aproximadamente un 46% de lo recaudado en el 2000 por ese concepto. Es decir que actividades productivas que se supone deben ser competitivas, que se recargan con un impuesto que no se puede descontar (exportamos impuestos), a partir de la promulgación de la ley se seguirán recargando, pero ahora con la mitad. El costo sigue siendo para los productores rurales o industriales que llevan adelante esas actividades productivas, no para el Estado.

El impuesto del 3% a la venta de bienes, inmediatamente se manejó por algunos opositores de reflejos rápidos y demagogia fácil como un aumento del IVA al 26%. Por supuesto que no es cierto y confunde, pero aparentemente eso buscan. Según el Ministro de Economía solo impactaría sobre el 40% de los bienes de la canasta familiar, lo que implicaría, según la misma fuente, un 0.75% de incremento del IPC.

Esta somera revisión de las medidas no parece mostrar, como se ha planteado, que se trata de “un regalo” del conjunto de la sociedad al sector agropecuario. Pero si las transferencias se confirmaran, es necesario analizarlas en el contexto en que se dan. Y ese contexto, en el que se ha producido un verdadero desmantelamiento del aparato productivo nacional –básicamente agro e industria- es determinado por el insoslayable tema del atraso cambiario.

Sin hacernos eco de cifras sin duda muy exageradas que se manejan en algunos ámbitos agropecuarios, que flaco favor le hacen a la causa que pretenden defender, hoy ya nadie niega que el atraso cambiario ha representado una cuantiosa transferencia desde los sectores exportadores (básicamente el agro) hacia el resto de la economía, para el financiamiento de la estabilidad que tanto ha favorecido a los consumidores, en su gran mayoría urbanos.

La magnitud real de esta transferencia es varias veces superior a la estimación de la “ayuda” que ahora el conjunto de la sociedad le devolvería al agro. Este cuantioso drenaje de ingresos sufrido por el sector agroexportador en la última década es la principal causa de la crisis, la aftosa es “la frutilla de la torta”.

Si el problema se atacara en forma directa y transparente, con las medidas necesarias para generar la competitividad que el país no tiene –lo que lo empuja inexorablemente a la ruina- los resultados serían mejores y las cuentas quedarían claras.

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