¿Donó, o devolvió?

El País Agropecuario
Mayo del 2001

Cuentan que el Turco Cafrune fue invitado cierta vez a cantar en la inauguración de una escuela en España. Antes de iniciarse el acto, el organizador del mismo le presentó a la Condesa de fulano de tal, que había donado los terrenos en que se había construido la escuela. Tomándole la mano, y mientras miraba a la Condesa fijamente a los ojos, el Turco le preguntó: ¿donó, o devolvió?

La anécdota viene a colación con motivo de las anunciadas medidas de apoyo al agro que el Poder Ejecutivo envía en estos días al Parlamento. Anunciadas en forma bastante confusa por medio de la prensa, inmediatamente provocaron la aparición de críticos que, enancados en viejas muletillas, sostienen que “la sociedad no tiene porqué regalarle nada al agro” y para reafirmar la ecuanimidad de su juicio, agregan “ni a ningún otro sector”. No vale la pena perder tiempo en discutir este tipo de afirmaciones, que no tiene ningún correlato con nuestra realidad cotidiana tan llena de subsidios y transferencias, explícitas o implícitas, en uno y otro sentido.

El asunto a mi juicio pasa por, en primer lugar analizar objetivamente las medidas para precisar el impacto y el costo real de las mismas, y en segundo lugar, por ubicarlas en el contexto en que se ha desarrollado nuestra economía en los últimos años para aclarar de si se trata de una donación -en caso de que la misma exista- o de una devolución de parte de lo que esa misma sociedad ha recibido del agro.

Un análisis detallado de las medidas excede largamente los objetivos de este artículo. Incluso no se tendrá un texto oficial de las mismas hasta que llegue la propuesta del Poder Ejecutivo al Parlamento. Pero a partir de las versiones de prensa, se pueden ir haciendo algunas consideraciones.

El tema más relevante es el de la refinanciación de deudas, asunto largamente reclamado por el sector agropecuario. Suscintamente se trata de: a) un año de gracia para el pago de intereses, lo que no implica perdón de los mismos, porque aunque no esté explicitado, se capitalizarán. b) a partir del 2002 y hasta el 2005 se pagan los intereses de  la deuda. El monto de los mismos no está definido, pero oscilaría entre Libor + 3,5% (propuesta del Partido Nacional) y Libor + 5% (propuesta del BROU). Más que discutir si la tasa está subsidiada, habría que preguntarle al BROU si estaría dispuesto a tomar dinero pagando esos intereses. c) en el 2005 el deudor accede a la compra del bono, pagando el 20% de lo adeudado, con lo que salda el capital, y empieza a pagar los intereses, cosa que hace durante 20 años hasta el vencimiento del bono. El costo para el BROU sería de unos 20 millones de dólares, que el Estado debería proveerle.

No es un invento nuevo. Hay un antecedente fresco con el Cupón 0 de 1999, que incluso era más blando que este dado que el 20% se podía financiar en 3 cuotas semestrales. A pesar de lo cual, casi nadie lo compró, y eso que ni soñábamos con la aftosa. Entonces, si esto es un regalo, cabe preguntarse por qué los obsequiados no lo aceptan.

Una segunda medida es la eliminación de los aportes patronales de la Industria a la seguridad social, la derogación del Impuesto al Patrimonio para el agro y la reducción del Imesi que grava al gasoil de forma que baje un 10% su precio de venta. Todo lo cual tendría un costo para el Estado de unos 100 millones de dólares. Para financiarlo, se crea un impuesto del 3% a la venta de bienes manufacturados nacionales e importados.

Es curiosa la afirmación de que la reducción del Imesi a los combustibles es “un costo” para el Estado. Hace poco que el Ministerio de Economía accedió al reclamo de indexar los combustibles con el precio del petróleo. Pero lo hizo inmediatamente después de una importante suba a nivel interno de esos precios. Lo que significa que con la apariencia de racionalizar la forma de fijación de los precios, se consolida una base extraordinariamente alta de los mismos –la mayor de la región-, sobre la que oscilará el precio al consumidor, en función del precio internacional de la materia prima.

Dentro de ese precio hipertrofiado, el Imesi aparece como un verdadero atentado a la competitividad de los sectores productivos. La rebaja prevista disminuiría su incidencia de aproximadamente un 24 a un 16% del precio final, es decir que la recaudación fiscal se reduciría en un tercio. Las actividades productivas que se recargan con 3, ahora se recargarían con 2. El costo sigue siendo para los que llevan adelante esas actividades, no para el Estado.

El financiamiento por medio del impuesto del 3% a la venta de bienes, inmediatamente se manejó por algunos opositores de reflejos rápidos como un aumento del IVA al 26%. Por supuesto que no es cierto y confunde, pero lamentablemente de eso se trata. Según el Ministro de Economía solo impactaría sobre el 40% de los bienes de la canasta familiar, lo que implicaría un 0,75% de incremento del IPC.

En algunos casos a las medidas se las puede criticar por lo que no hacen, y en otros por lo que hacen mal, y en general se puede afirmar que los instrumentos no son los idóneos para los objetivos perseguidos. La refinanciación como forma de mejorar la competitividad no toma en cuenta a los productores que no tienen deudas, o más aún, que no tienen vínculos con el sector financiero, que son la mayoría de los pequeños productores. Tampoco –aparentemente- discrimina a buenos y malos pagadores, aspecto central para la salud del sistema. Y el impuesto del 3% a la venta de bienes, tal como está planteado, fomenta el viejo prejuicio del pueblo financiando a los estancieros.

En definitiva, una ojeada a las medidas no parece abonar la idea de que se trata de un regalo del conjunto de la sociedad al sector agropecuario. Pero si las transferencias se confirman, es necesario analizarlas en el contexto en que se dan. En la medida que alteren, aunque sea marginalmente, los precios relativos entre transables y no transables (en beneficio de los primeros) pueden interpretarse como mini devaluaciones que se realizan sin provocar sonrojos a la ortodoxia del Ministerio de Economía.

Sin pensar en cifras disparatadas como la de 14 mil millones de dólares que se menciona en algunos ámbitos agropecuarios (el PBI sectorial de 9 años transferido íntegro desde al agro al resto!) que flaco favor le hacen a la causa que pretenden defender, hoy ya nadie niega que el atraso cambiario ha representado una cuantiosa transferencia desde los sectores agroexportadores hacia el resto de la economía, para el financiamiento de la estabilidad.

La magnitud de esta transferencia es varias veces superior a la mayor de las estimaciones de la “ayuda” que ahora la sociedad le devolvería al agro. Esta y no la aftosa es la principal causa de la crisis. Si el problema se atacara en forma directa y transparente, con las medidas necesarias para generar la competitividad que el país no tiene, los resultados serían mejores y las cuentas quedarían más claras.

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