¿Hay un CTI para el campo?

Revista “tres”
21 de mayo de 1999

Hace un mes, Montevideo se vio sacudida por la “bajada a la capital” de miles de productores agropecuarios, que ante el Legislativo y el Ejecutivo expusieron su descontento -mejor habría que decir desesperación- y reclamaron soluciones para la generalizada crisis de la agropecuaria. Las soluciones de corto plazo pedidas por las gremiales agropecuarias pasan por el plano impositivo y bancario y para el largo plazo, se solicitó un paquete de medidas a instrumentar en un plazo de 30 días, que “facilite el retorno del sector a condiciones de viabilidad, rentabilidad y competitividad que posibiliten su rehabilitación”.

La repuesta del gobierno consistió en tímidos ajustes impositivos, justificados en que no pueden hacerse excepciones para un sector, y en que se trata de una crisis de precios internacionales de los productos agrícolas, sobre la que nada puede hacer el gobierno.

La crisis de precios agrícolas, en términos generales comenzó en el 97 con la crisis asiática, siguió en el 98 con la rusa, y culminó en el 99 con la devaluación brasileña. Pero atribuir a estas causas externas el motivo de la crisis agropecuaria es una verdad a medias, que suele ser una forma, a veces la peor, de mentira.

La crisis es de precios, pero de precios relativos, que son los que realmente importan. Y en éstos influyen los precios internacionales, pero también el poder adquisitivo que los ingresos derivados de esos precios tengan a nivel interno.

Es la famosa relación entre los precios de los productos transables -materias primas o productos agrícolas que se comercian en el mercado internacional- y los no transables, que son aquellos productos o servicios -incluidos impuestos, tarifas públicas, tasas de interés sobre préstamos, etcétera- que se adquieren internamente, y por lo tanto sin competencia externa.

En términos nominales, es decir en dólares corrientes, los precios, aunque bajos, no son de catástrofe, salvo en la lana, que está en el 50% del promedio de la década del 90, que ya fue un período de precios bajos. Pero la carne vacuna está apenas ligeramente por debajo del promedio de la década, la leche cayó aproximadamente en un 20%, y los principales cultivos agrícolas, arroz, trigo, girasol y cebada, cayeron un 12, 20, 22 y 15% respectivamente.

Es un panorama desalentador, pero que se vuelve dramático cuando se lo relaciona con los costos de producción y la canasta de productos y servicios consumidos por el productor y su familia.        Porque en el mismo período de tiempo, la contribución inmobiliaria rural creció promedialmente, también en dólares, un 500%, los salarios un 150%, las tarifas de energía eléctrica y los combustibles son los más altos de la región. Los impuestos nacionales también crecieron en forma global, aunque con tasas muy diferentes entre los mismos. Desde la reforma tributaria de 1995, los impuestos a la tierra cayeron un 25%, mientras que los gravámenes a la renta aumentaron un 250%.

El aumento del precio en dólares de los no transables deriva básicamente del atraso cambiario producido en el país, el fijarse la evolución del tipo de cambio por debajo de la evolución de los precios internos en pesos, básicamente en el período 90-96. Esto generó un traslado de ingresos desde el sector agroexportador hacia el resto de la economía –básicamente al consumo de bienes importados- del orden de los 1.000 millones de dólares en ese período.

Y si bien ese fenómeno no continuó aumentando a partir del 96, tampoco existieron medidas que revirtieran ese traslado de ingresos. La caída de precios que se produce a partir del 97 desenmascara la crisis que se venía gestando y que el favorable marco externo –por la estabilización argentina en el período 90-94 y el Plan Real brasileño durante el 94-98- había disimulado.

La semana pasada, un ganadero de Paysandú resumía así la situación: “Cuando la carne valía 40 centavos (de dólar por kg) yo andaba con plata en el bolsillo. Hoy vale 70 centavos y produzco más por hectárea, pero estoy fundido”. Como consecuencia de todo lo anterior, cuatro productores abandonan la actividad productiva diariamente, en el promedio de la última década.

La asimetría en el tratamiento de los diferentes sectores por parte del gobierno la ponía de manifiesto otro productor, frente al Palacio Legislativo, el 13 de abril: “Los últimos 22 empleados del Eurobanco que cerró, cumpliendo todos sus compromisos, acaban de ser reubicados en un banco administrado por el Estado. Del campo desaparecieron 10 mil productores en esta década y el gobierno dice que no se puede hacer nada, que es un fenómeno mundial”.

Se podría pensar que esto es resultado del bajo nivel productivo. Todo lo contrario. En esta década aumentó la productividad por hectárea en el caso de la carne vacuna y ovina, y también fue notable el aumento de la productividad en el caso de la leche, del arroz, en cereales como el trigo y la cebada y en oleaginosos como el girasol.

Para ello se realizaron inversiones que muchos productores no pudieron acompañar, quedando marginados. Los que invirtieron, para hacerlo en general se endeudaron, cuando el contexto era favorable y hoy tienen, produciendo más, un problema mayor.

La salida de la crisis no se avizora a corto plazo. Está agravada por el problema del endeudamiento que, de representar como tendencia aproximadamente un 40% del producto sectorial, se disparó al 70% en los dos últimos años, llegando a los 1.200 millones de dólares. Cualquier salida debería pasar por la renegociación de plazos y tasas.

Pero también habrá que profundizar las medidas de corto plazo tomadas por el gobierno, cuyo monto es por el momento irrisorio. E inyectar capitales frescos del tipo de los propuestos en el Plan de Desarrollo Ganadero, que permitan alcanzar rentabilidades positivas. De todas formas los costos sociales serán enormes y Uruguay habrá desaprovechado  una excelente oportunidad, como la que le brindó el marco externo del período 90-98, para consolidar el desarrollo de su aparato productivo agropecuario.

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