Una propuesta incoherente

La izquierda frente al tema de la tierra

Cuadernos de Marcha
Setiembre de 1994

El tema de la tierra conserva, en los discursos preelectorales, una importancia más que proporcional a la que cabría esperar dada la decreciente participación que la actividad agropecuaria tiene en el producto nacional. Esto es particularmente cierto dentro de la izquierda. Desde los atávicos planteos de los sectores “radicales” reclamando reformas agrarias de cuño sesentista, hasta los “moderados” que definen al “problema de la tierra” como un aspecto programático central.

¿Cuál es el problema de la tierra? Creo que la pregunta es, a esta altura del desarrollo económico uruguayo, plenamente pertinente. El carácter de “problema” creo que proviene del hecho de que sea un bien finito, no reproducible, y por lo tanto monopolizable. Esta característica haría que “el acceso a la tierra” se viera por lo menos dificultado, cuando no impedido, a potenciales demandantes de este recurso productivo, cuyos recursos económicos fueran relativamente escasos. Esto no ocurriría con otros factores productivos, como los bienes de capital, los semovientes, etcétera, que, al ser reproducibles, tendrían menos posibilidades de generar rentas y, por consiguiente, presentarían valores de mercado “normales”, definidos por los mecanismos de la competencia no monopólica.

Esta visión, tan sucintamente descrita, no tiene, a mi juicio, ningún asidero en la realidad agropecuaria actual del país. La tierra es el recurso productivo más barato que existe en el Uruguay, y no hay ninguna limitante, salvo las económicas normales, para acceder a este bien. Su bajo precio deriva del hecho de que la oferta es muy superior a la demanda, y esto, a su vez, de que las expectativas de ganancia derivadas de las actividades agrarias son muy bajas.

Algunas comparaciones pueden resultar ilustrativas para mostrar el muy bajo valor relativo de la tierra. Por ejemplo, con lo que vale un metro cuadrado de construcción moderna en Montevideo, que puede servir como vivienda pero también como inversión especulativa, se pueden comprar 3 hectáreas de la tierra productiva. Esta relación de 1 a 30.000 difícilmente sea superada en algún lugar del mundo, tomando en cuenta la fertilidad de la tierra, el clima, la topografía, la disponibilidad de infraestructura, etcétera.

Dentro del sector agrícola, con lo que vale un tractor mediano a grande, se pueden comprar más de 100 hectáreas de tierra cultivable, y con lo que vale una cosechadora de cereales, más de 200. En producciones más intensivas, el peso relativo de la tierra se vuelve insignificante: el capital necesario para cultivar una hectárea de frutillas, es cincuenta veces mayor que el valor de la hectárea en la cual se sustenta.

Entonces, cuando se plantea resolver el “problema de la tierra” repartiéndola, ¿también se piensa en repartir los semovientes, la maquinaria, los invernáculos, el capital de giro? Y si se piensa en este tipo de soluciones ¿porqué no se piensa en repartir, por ejemplo, hoteles equipados o academias de computación en funcionamiento? Además de tratarse de actividades más rentables que las agrarias, sería una propuesta más coherente con el “país de servicios” que tanto se pregona.

Si el objetivo perseguido trasciende lo estrictamente económico y pasa por temas como el del vaciamiento poblacional de la campaña o el de la extranjerización de las tierras, entonces es en estos términos en que se debe plantear el problema.

Un aspecto importante que entra en la argumentación, es la existencia de tierras fiscales de muy dudosa utilización. Los muchos miles de hectáreas de que dispone el Servicio de Remonta del Ejército, con el solo argumento de que en una hipotética guerra en que se involucrara el país, la caballería sería fundamental, son mencionados como áreas a colonizar. La absurda utilización actual no justifica su reparto en pequeñas unidades productivas, que de antemano se sabe no serán rentables, y no solucionarán ningún problema, más bien crearán otros, como los constatables actualmente en las unidades productivas de ese tipo. Una solución progresista, a mi modo de ver, sería crear en esas tierras reservas de flora y fauna, parques nacionales que desde el punto de vista ecológico y social cumplirían un papel fundamental, tanto para la nuestra como para futuras generaciones.

Como instrumento distribuidor se piensa en el Instituto Nacional de Colonización. El INC fue creado en 1948, cuando la ganadería estaba en expansión  por la demanda de carne y lana que generaba la reconstrucción europea de posguerra. La agricultura por su parte, merced a un fuerte proteccionismo, mostró en la década 1945-55, su mayor tasa de crecimiento de la historia. Estos fenómenos generaron una muy fuerte demanda por tierra, con un constante aumento de su precio, dadas las expectativas de ganancia que su explotación deparaba. Por otra parte, la población rural era el doble de la actual, y por lo tanto los demandantes de tierra mucho más numerosos.

Hoy, la situación es exactamente la inversa. Las producciones agropecuarias son cada vez menos rentables, la tierra se utiliza cada vez en forma más extensiva, y la demanda por la misma es cada vez menor. Pero además, el INC se ha transformado en una institución altamente burocratizada, fuertemente deficitaria e ineficiente en el cumplimiento de sus funciones. Aunque no todas las culpas le son adjudicables, es evidente que, así como en 1948 se justificaba plenamente su creación, con la misma fuerza se justifica hoy su desaparición. Regalarle la tierra que usufructúan los actuales colonos (con algún mecanismo de premio/castigo para diferenciar a los buenos de los malos productores) y redistribuir a los funcionarios del INC, es seguramente mucho más económico y socialmente justificable que mantener una institución totalmente obsoleta. Y menos aún se justifica pensar en ampliar sus funciones administrando la colonización de nuevas tierras.

Finalmente se usa el argumento de que existen demandantes por tierra. Por supuesto que sí. Pero lo que buscan estos demandantes, no es el “acceso” en el sentido académico del término, sino la transferencia social que implica usufructuar un bien económico sin comprarlo. Y en el mismo sentido que son demandantes de tierra, lo pueden ser de vacas, motos o televisores. Actitud muy humana, pero que no debe confundirse con las necesidades de las masas campesinas de otros países.

 

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