Reperfilamiento de deudas y tasas de interés

El País Agropecuario
Agosto del 2000

Superados aparentemente los desarreglos climáticos de los últimos 12 meses -sequía de agosto a febrero e inundaciones de marzo a julio- el tema del endeudamiento agropecuario está hoy, más que nunca, en el primer plano de la problemática sectorial.

Es muy importante la magnitud del endeudamiento -más del 100% del producto sectorial-, pero también el hecho de que el mismo alcance este nivel en un escenario de precios muy desfavorables, tanto si se los mide en términos absolutos, como relativos a los precios de los bienes y servicios componentes de los costos de producción y del gasto familiar de los productores.

La magnitud del problema y el contexto económico en que se inserta -dejando de lado los recientes fenómenos climáticos con sus graves secuelas a nivel productivo- ameritan un tratamiento político, no solo bancario, del tema. Y este fue el mensaje trasmitido por el Poder Ejecutivo al tomar directamente cartas en el asunto, por medio de su Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Sin embargo, las medidas de mayor impacto anunciadas hasta el momento por el Directorio del BROU, no condicen con la afirmación anterior. En concreto se hace referencia al reperfilamiento de deudas en el segmento de deudores de entre 10 y 50 mil dólares. Para el mismo, se establecen las siguientes condiciones: plazo máximo, 10 años, con 2 de gracia y 8 amortizaciones anuales iguales, y tasa de interés definida en base a la Libor más 4 puntos. Si el plazo de refinanciación supera los 7 años, no se cobra al Imaba.

El cuadro adjunto, muestra la estructura del servicio de deuda, para un monto de US$ 50.000, con esas condiciones. Al final, y tomando el ingreso promedio de los últimos 3 ejercicios para establecimientos ganaderos que llevan registros, como son los de Fucrea y Pronadega, que arrojan valores de ingreso neto del orden de los 15 dólares por hectárea (no se incluye el del último ejercicio, 99/00 que seguramente será menor), se calcula el área necesaria para cumplir con la deuda, si se destinara todo el ingreso neto a dicho fin. En promedio para los 10 años, esa superficie alcanza a las 572 hectáreas, con un mínimo de 367 durante los años de gracia y un máximo de 783 en el primer año de amortización. [1]

Un establecimiento de 570 hectáreas, con índice Coneat 100, y normalmente poblado, puede tener un valor del orden de los 350 mil dólares, incluyendo la hacienda. Una deuda de 50 mil dólares  equivale entonces a un 14% del capital total de la empresa. Y con este nivel de endeudamiento -bajo en cualquier comparación con otros sectores de nuestra economía o de sectores agropecuarios de otros países- el servicio de la deuda absorbe el 100% del ingreso de la empresa durante 10 años, lo que cualquier observador neutral diría que es un disparate.

La explicación es muy sencilla: los ingresos ganaderos son muy bajos y la tasa de interés es muy alta. Lo de los ingresos bajos es una constante, que puede cambiar, pero seguramente no mucho. Lo que se paga por interés puede desglosarse en dos componentes básicos: lo que le cuesta el dinero al país, más el encarecimiento que sufre a nivel interno. Respecto a lo primero, la última emisión de bonos uruguayos se colocó en Estados Unidos a 8,75%, lo que es una referencia directa del precio que el país paga actualmente por el dinero. Otras fuentes como pueden ser los créditos del BID, se obtienen con tasas generalmente menores, incluyendo componentes no reembolsables que también disminuyen la tasa promedio.

En cualquier caso, el dinero sufre un encarecimiento a nivel interno, de distinta magnitud según la fuente de financiamiento considerada. En el caso a que se hace referencia, ese encarecimiento es del orden del 50%, lo que no puede interpretarse como un indicador claro de una voluntad política de apoyar financieramente al sector.

Distinto es el caso de nuestros vecinos, que tienen que pagar por el dinero 3 y hasta 4 puntos por encima de lo que paga Uruguay (a nosotros nos tienen más confianza) pero que sin embargo lo hacen llegar a los productores a un costo menor. Por ejemplo en Argentina, el presidente de la Rua anunció un plan de refinanciación del Banco Nación a 25 años, con una tasa del 7%, al que ya se han acogido 17 mil productores. Acá sí se observa una voluntad política clara de apoyo por parte del Estado.

Volviendo a nuestro país, el que aparentemente recibió un tratamiento “político” fue el segmento inferior -deudas hasta 10 mil dólares- al que, en vez del 4, se le adicionó el 2% por encima de la Libor. Es una pequeña diferencia pero que denota una intención de diferenciar situaciones.

Quizá este sea el camino, pero debe ser profundizado. Para que los reperfilamientos sean pagables -sin esperar milagros del exterior en relación a mercados y precios- las tasas deben ser sustancialmente menores, y también un instrumento de diferenciación, tal vez no tanto por el lado del tamaño de la deuda, sino por el de la historia previa del productor con el banco, premiando a los buenos pagadores con tasas menores.

Esto no implica desconocer la gravedad de la coyuntura económica, sino todo lo contrario. Porque es muy grave, sobre todo en el sector agropecuario, se requieren medidas extraordinarias. Medidas del tipo de las instrumentadas en la Argentina, cuyo costo para el país se distribuye en un número elevado de años -como ocurre con lo programas de vivienda- deben ser necesariamente encaradas por nuestro país si no quiere seguir comprometiendo crecientemente el futuro de su sector agroexportador.

Porque esto, además de los enormes costos económicos y sociales que acarrea, equivaldría a renunciar a la estrategia del Gobierno de duplicar las exportaciones en el período de la presente Administración.

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[1] El mismo cálculo, para una deuda de US$ 40 mil, implicaría en promedio una superficie de 457 hectáreas, para US$ 30 mil, 343 hectáreas y para US$ 20 mil, 229 hectáreas, lo que equivale a la producción de unas 115 hectáreas por cada 10 mil dólares de deuda.

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