Sistemas de información e intercambio técnico para el desarrollo agropecuario MGAP-GTZ-BID

Resumen Ejecutivo del Seminario
Octubre de 1999

  1. La discusión sobre el enfoque

“Sistemas de información e intercambio técnico para el desarrollo agropecuario” es un título resultado de un acuerdo sobre en enfoque a darle al Seminario. Las expresiones “Transferencia de Tecnología” o “Extensión” hubieran trasmitido en forma más directa e inmediata la idea en cuestión, pero ambas tienen connotaciones que no reflejan fielmente la que el Seminario pretendía discutir. “Transferencia de Tecnología” implica la idea de que existe “una solución” tecnológica conocida por el “técnico” y que la misma debe ser trasmitida por éste al productor o campesino que la desconoce. “Extensión” tiene un significado más amplio, abarca lo tecnológico pero también otros aspectos vinculados con la mejora del nivel de vida del campesino, como aspectos organizacionales, de comercialización, etcétera, pero también implica un camino de una sola vía, del técnico al productor. “Sistemas de información” plantea el tema de la creciente importancia de la información como otro factor de producción, imprescindible en la toma de decisiones, estando implícito que el productor puede, en forma creciente, acceder a la información sin que la misma sea intermediada por el “técnico”. E “intercambio” plantea que el camino es de ida y vuelta, el técnico también aprende del productor o campesino, no transfiere ni extiende: intercambia. Producción y consumo del servicio están estrechamente interrelacionados. Por esta razón la interacción entre oferente y consumidor (cliente) juega un papel decisivo. Todo el Seminario estuvo permeado por esta discusión.

  1. Avance de lo público a lo privado

Con diferencias notorias en las experiencias de diferentes países presentadas en el Seminario, es indudable que existió un consenso general en el sentido del avance en los procesos de privatización de la asistencia técnica. Desde una experiencia brasileña donde el estado sigue desempeñando un papel central, hasta las provenientes de los países anglosajones –Estados Unidos y Nueva Zelandia- donde la privatización ha alcanzado los mayores niveles. En un extremo Programas diseñados y financiados por las Secretarías de Agricultura con campesinos como “beneficiarios”; en el otro, asesores privados que deben generar productos y servicios por los cuales los “clientes” estén dispuestos a pagar. Clientes que, como son los que pagan, esperan y exigen profesionalismo en el desempeño del asesor. Entre estos extremos, se revisaron una gama de situaciones, en las que, en mayor o menor medida el Estado va disminuyendo sus niveles de intervención, restringiendo crecientemente su acción al “área social” constituida por los productores más pobres, o como impulsor/iniciador (starter) de actividades que deben tender al autofinanciamiento de la asistencia técnica.

 

  1. Avance desde el “asesor técnico” hacia el “asesor en negocios”

La experiencia de los países donde el asesoramiento privado ha alcanzado mayor desarrollo, muestra que el técnico en general comienza siendo un asesor en aspectos técnico-productivos, luego pasa a asesorar en materia de resultados físicos y análisis financiero, para por último transformarse en consultor en los negocios de sus clientes. A medida que las necesidades de los clientes evolucionan, el asesor-consultor debe evolucionar con ellas. Los aspectos productivos son rápidamente aprendidos por los productores, los que se pueden informar cada vez más sobre los mismos a través de los medios masivos de comunicación como publicaciones, Internet, radio y televisión. El análisis de los resultados también se puede aprender, y por lo tanto el productor, con el tiempo, no necesita pagar más por ellos. Es en realidad el servicio de “consultor de negocios”, donde lo que cuenta es la vasta información que el consultor tiene fuera del predio –otras empresas agropecuarias con las cuales asociarse, intermediarios, industrias procesadoras, el mercado en el más amplio sentido- el servicio que el productor siempre necesita y que no puede desarrollar por sí mismo.

 

  1. Avance desde la oferta hacia la demanda

La visión ofertista de la asistencia técnica, supeditada en forma casi compulsiva a la toma de créditos, con supervisiones y controles sobre la adopción del “paquete técnico”, son, en la mayoría de los países, cosas del pasado. El gran número de productores que eran atendidos individualmente, el enfoque básicamente productivista de los técnicos y la multiplicidad de programas, hicieron al sistema cada vez más oneroso e inoperante.  Actualmente, se reconoce cada vez más a los campesinos o productores como los mejores intérpretes de sus necesidades, y por consiguiente como los más indicados para  definirlas y demandar los servicios que las mismas requieran para su satisfacción. Pero también ha ocurrido que cuando la retirada del Estado como oferente de los servicios fue demasiado brusca, sin que el sector privado estuviera preparado para sustituirlo, aparecieron oferentes que brindaban servicios de mala calidad, y alejados de las reales necesidades de los productores. En la visión extrema, el Estado o los organismos de financiamiento no tienen nada que “extenderles” a los campesinos o productores, ni derecho a imponer ninguna metodología, por más “participativa” que la misma sea.

 

  1. Todavía el Estado debe…

Del punto anterior surge que el Estado, además de reducir sus funciones, ha cambiado el contenido de las que sigue cumpliendo. “Deja de hacer” directamente, pero es el responsable de proveer el marco normativo adecuado, que asegure competencia justa y  estándares de calidad aceptables en los servicios que ahora brindan los privados. Y tiene otra serie de responsabilidades: estimulando la expresión de las demandas de los productores, capacitándolos para que estén en mejores condiciones para elegir a sus asesores, cofinanciando temporalmente el intercambio técnico, creando espacios de coordinación de actividades, administrando (o ejecutando) recursos externos, siendo la campana de resonancia por medio de la cual la sociedad expresa sus prioridades en temas ambientales y de ocupación territorial, subsidiando actividades para el “sector social” de productores de muy pequeña dimensión económica. El mayor o menor grado de desarrollo de la institucionalidad vinculada a la sociedad rural, será determinante del nivel de responsabilidad que el Estado deba asumir en cada caso. El Seminario mostró que el grado de desarrollo y de madurez de esa institucionalidad es muy variable entre países. A mayor nivel de desarrollo, mejores condiciones para que el Estado delegue funciones en los privados. Cuando la institucionalidad es incipiente, la presencia del Estado sigue siendo insoslayable.

 

  1. El avance hacia la sostenibilidad

Aunque los temas ambientales no estaban en la agenda del Seminario, cuando fueron mencionados hubo consenso en el sentido de que el “intercambio técnico” debe tener siempre presente el principio de sostenibilidad, entendiendo por tal a las acciones que aseguran, a las generaciones futuras, la opción de acceder por lo menos al mismo nivel de bienestar de las anteriores. Ya no quedan dudas respecto a la superación del “paradigma productivista” que priorizaba la maximización  de los quilos o litros por hectárea por encima de cualquier otra consideración. Además de la aceptación respecto a que el concepto de “desarrollo agropecuario” implica otra serie de elementos vinculados con la calidad de vida de los habitantes del medio rural, que trasciende lo estrictamente productivo, ha quedado claro que el sistema económico y el ecológico están estrechamente interrelacionados, y que esta interrelación trasciende nuestro espacio físico y temporal inmediato.

 

  1. Los actores en el intercambio técnico

Los proveedores de servicios técnicos pueden, en base a su naturaleza jurídica, clasificarse en tres grandes grupos: a. del sector público, como Ministerios de Agricultura y centros de investigación agrícola; b. del sector privado sin fines de lucro, como ONGs, proyectos de ayuda internacional, grupos de productores, cooperativas; c. del sector privado con fines de lucro, como firmas proveedoras de insumos, agroindustrias, firmas comerciales y consultores privados. “Hacia atrás” de los proveedores de servicios técnicos, se resaltó la importancia de una eficiente articulación entre estos y los centros de investigación. “Hacia delante”, se recordó que la demanda de servicios, no sólo proviene de los productores, sino también del sector agroindustiral y de los consumidores. En el caso concreto de Uruguay, se destacó el hecho de que el papel de los actores participantes en el intercambio técnico debe analizarse en el marco de la institucionalidad sectorial, la que no ha evolucionado con el mismo dinamismo con que lo han hecho en los últimos años tanto el sector productivo como el área de las políticas públicas. En el área estrictamente privada del intercambio técnico, se destacó que, por un lado, los productores que no evolucionen en las formas en que consiguen la información que necesitan, perderán competitividad. Por el otro, los asesores que no evolucionen siguiendo las necesidades de sus clientes, perderán clientes y con el tiempo quedarán fuera del mercado.

 

  1. Los instrumentos y métodos

Una primera constatación, asociada al enfoque desde la demanda de la asistencia técnica, es el avance desde lo individual hacia lo grupal. Lo que, además de menores costos unitarios, implica la utilización de métodos participativos orientados a la satisfacción de las demandas de la población objetivo. También se dejó en claro la necesidad de focalizar y estratificar a esta población, y de que la metodología sea “tangible” para el destinatario. En este sentido se destacó la importancia de la acción de productores líderes en calidad de paratécnicos, facilitadores del intercambio entre actores que no siempre “hablan el mismo idioma”.

 

  1. El financiamiento

El análisis del financiamiento de los sistemas de información e intercambio técnico, debe partir del estudio de la estructura institucional del sector. Lo que implica dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿quién participa en el mecanismo de financiamiento existente? ¿de dónde vienen los fondos? ¿qué problemas se presentan en el cumplimiento de los objetivos? ¿cómo se expresa la demanda por el bien tecnológico? ¿se la satisface? ¿cómo se distribuyen los costos y beneficios? Las respuestas a estas preguntas son claves, porque hay una correspondencia entre la estructura del sector y las formas de financiamiento aplicables. Un mecanismo de financiamiento puede ser más focalizado sólo cuando existen asociaciones de productores, organizaciones locales o proyectos especiales que tienen la capacidad de participar.  Eso quiere decir que el “nivel meso” es decisivo. El financiamiento (público, privado o mixto) debe depender del tipo de bien. En el caso de bienes privados, es decir cuando pueden apropiarse los beneficios, se aconseja el financiamiento privado, por medio de transacciones del mercado. La existencia de bienes públicos justifica la inversión pública. La tecnología agrícola muchas veces no es un bien público ni privado puro, sino más bien mixto. La consecuencia será una combinación de diferentes fuentes de financiamiento –privados, públicos y colectivos- de acuerdo a los intereses existentes. En el caso de Uruguay, se destacó el éxito logrado por el financiamiento privado de la asistencia técnica, cuando la misma formaba parte de un “paquete” articulado con la cadena agroindustrial, que incluía orientación de mercado, financiamiento del proceso productivo, seguridad de comercialización y cobro.

 

  1. La evaluación de la eficiencia

Como bien económico, la información sobre sistemas agrícolas tiene características específicas que la hacen diferente de otros bienes. El aspecto más importante radica en que en la agricultura, la información y la tecnología con frecuencia son bienes públicos, es decir que son utilizados y benefician a grandes grupos de agricultores, sin que se puedan  recuperar los costos de la información. En una evaluación privada, los servicios son eficientes cuando mejoran la capacidad de competencia, tanto local como internacional, de las empresas agropecuarias. La eficiencia y calidad de la prestación de los servicios agropecuarios están estrechamente relacionadas a las habilidades en gestión empresarial de las personas que dirigen las respectivas unidades proveedoras del sistema. No siempre la falta de información sobre efectos positivos, es prueba de la ineficiencia de los medios e instrumentos utilizados. Donde la adopción de tecnologías o de los llamados “paquetes tecnológicos” es el único impacto que se busca con la transferencia de tecnología, los resultados medibles dejan mucho que desear. Para lograr una mayor eficiencia los instrumentos se deben adecuar, no solamente a los mensajes que transportan (y viceversa) y a las características del grupo meta, sino también a los recursos humanos y económicos del proveedor. La privatización y comercialización de servicios son procesos que fomentan la competencia entre los oferentes de servicios. La creación de fondos competitivos es otro elemento estimulador de la competencia. Cuando se realizan evaluaciones de calidad de los servicios y sus resultados se hacen transparentes, se ayuda a generar una competencia entre la oferta que favorece a los clientes, haciendo más eficiente el proceso.

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