Todos de acuerdo… ¿y ahora?

El País Agropecuario
Junio del 2000

Nos llevó más de tres décadas, pero parece que al final nos hemos puesto de acuerdo. No hay reunión, jornada o seminario donde participen tomadores de decisiones vinculados al sector agropecuario, donde no se coincida en que la integración armoniosa de las cadenas agroindustriales es condición necesaria para el desarrollo del sector. Lo mismo se lee en documentos de oficinas gubernamentales, y en editoriales y artículos de revistas de divulgación técnica, tanto de orientación pecuaria como agrícola o granjera.

El edafólogo y el extensionista, el genetista y el veterinario, el rematador y el periodista, todos, por encima de sus respectivas especialidades, reconocen que hay un plano de análisis más general, con poder de determinación sobre todas sus actividades. Al fin está claro que las cosas no se solucionan sólo haciendo más praderas, o seleccionando mejor los toros y carneros, con tal sanidad o manejo, registrando datos en tal carpeta, comprando determinada categoría o vendiendo en tal fecha o a través de tal canal comercial. Sino que esas y otras muchas actividades y las interacciones entre las mismas, de “porteras para adentro” pero sobre todo de “porteras para afuera”, forman parte de un sistema complejo, que es necesario armonizar de la mejor forma posible, para que no termine en un resultado de suma cero, donde lo que se gana en una etapa se pierda en la otra.

Parecen estar superados aquellos tiempos donde “productores” e “industriales” -en realidad todos son productores- estaban mutuamente convencidos de que la otra fase era la culpable de todos sus males. Los productores, porque se consideraban estafados por el industrial, en la balanza, la clasificación, el precio o mediante el ocultamiento de las condiciones de los mercados externos. Lo que legitimaba cualquier acción en perjuicio de la industria, que era el enemigo.

El industrial a su vez se sentía también estafado porque la materia prima que recibía, cuando la recibía, no lo satisfacía en calidad, acondicionamiento, uniformidad u oportunidad de entrega, y entonces “emparejaba para abajo”, pagando el mínimo, lo que desestimulaba al que quería hacer bien las cosas. En suma, perdía el conjunto, que no se desarrollaba porque cada uno cifraba su ganancia en la pérdida del otro. Y todos los productores coincidían en el carácter parasitario de los “intermediarios”, denominación que recaía sobre casi todo el que, bien o mal, brindaba un servicio intangible, el que “por definición” no creaba valor, característica que estaba reservada sólo a la producción de bienes físicos. Por supuesto que siguen existiendo productores rurales e industriales que piensan y actúan de la forma antes descripta. Lo que ha cambiado es la percepción, de la mayoría de los agentes económicos, de que ese no es el camino adecuado para el desarrollo de su empresa en particular ni del sector en general.

Con frecuencia se tomaba el precio al consumo de un producto agropecuario -por ejemplo un quilo de carne o un litro de leche- y se calculaban los costos teóricos de producción, comercialización, industrialización y distribución. Siempre aparecía una importante diferencia, cuyo destino era un misterio, y que se explicaba por la existencia de una “mano negra” que se la llevaba, y que por supuesto estaba en una fase de la cadena agroindustrial diferente a la que pertenecía el analista de turno. Identificarla y aniquilarla era la condición necesaria y suficiente para el desarrollo. Dolorosos fracasos de emprendimientos “bien intencionados” se explican por haberse basado en diagnósticos de este tipo.

Poco a poco hemos ido entendiendo que, salvo excepciones, esa “mano negra” no es otra cosa que la suma de las ineficiencias de cada una de las fases, de los altos costos de transacción, de los riesgos innecesarios. Y por consiguiente, que todos en alguna medida somos responsables de su existencia. El “síndrome de la mano negra” o dicho de otra forma, pensar siempre que “la culpa la tiene el otro” y actuar en consecuencia, es un factor explicativo importante para entender las dificultades que tenemos para alcanzar un crecimiento vigoroso y sostenido de nuestras cadenas agroindustriales, que es casi lo mismo que decir de nuestras exportaciones.

Pero el hecho de priorizar la armonización de intereses por encima de su antagonismo tradicional, no es el fin del camino, sino el principio. ¿Cómo se hace para integrar las cadenas, en base a qué compromisos, con qué contratos, cómo funcionan los mecanismos de premio y castigo, cómo se asegura la necesaria continuidad de los flujos de producción para no perder mercados, cómo se minimizan los costos de transacción, cómo se trasmiten las señales, cómo se financian las actividades productivas, cómo se promueven asociaciones horizontales que superen problemas de escala, cómo se mejora la utilización de la capacidad instalada?

A estas y a todas las preguntas les da la mejor respuesta el mercado, cuando funciona perfectamente, como lo hace en algunos textos. Pero casi todos sabemos que esa forma de funcionamiento raramente se da en la realidad, y por lo tanto debemos actuar, consciente y conjuntamente, para dar la mejor respuesta posible a estas interrogantes.

El país exhibe experiencias exitosas, pocas de larga data, la mayoría incipientes, que apuntan en el sentido de la integración, de compromisos preestablecidos con mecanismos de premio/castigo aceptados por todas las partes, con asistencia técnica, financiamiento y mercado asegurado, donde se privilegia la calidad del producto final, atendiendo las tendencias de la demanda de los consumidores. Generalmente una mayor integración genera costos de administración, que no son aceptados por las partes si no se justifican mediante un visible aumento de la eficiencia del conjunto del proceso. Y nuestras experiencias no siempre lo han logrado.

Pero no son recetas que puedan copiarse mecánicamente. Hay que entender la lógica de funcionamiento de cada cadena para diseñar el tipo de integración o de contrato adecuado. En cadenas para la producción de commodities el precio del producto final es el determinante principal, y la escala de producción, fundamental. Pero cuando se trata de producir specialities el precio pierde importancia como determinante, mientras que aumenta la importancia de la calidad, de la marca, de la denominación de origen. En estos casos la escala puede llegar a ser contraproducente, se requieren servicios especializados para ese producto en particular y un monitoreo intenso.

Estas últimas son características en principio más afines a la estructura productiva de un país muy chico, con buenos recursos naturales y humanos, como es el Uruguay. Si a eso le sumamos el creciente proceso de descomoditización que se está operando en el mundo, se hace más evidente la necesidad de contar con herramientas institucionales que fomenten la coordinación de los diferentes agentes, que presten servicios tecnológicos y financieros, que minimicen los costos de transacción, que internalicen con rapidez los cambios en la demanda de los consumidores finales, trasmitiendo las señales correspondientes con claridad.

La dificultad para crear y desarrollar este tipo de instituciones quizá sea el talón de Aquiles y también el mayor desafío para la agropecuaria uruguaya, por encima de éxitos medidos en quilos, litros o toneladas por hectárea, que, aunque importantes, no aseguran por sí mismos el desarrollo ni la sostenibilidad de los procesos productivos.

La Economía Institucional es una rama de las ciencias económicas de desarrollo relativamente reciente, de la que tenemos mucho que aprender para definir reglas de juego claras y permanentes. Douglass North, Nobel de Economía de 1993 [1] dice que “las instituciones se crean para reducir la incertidumbre en el intercambio humano. En conjunto con la tecnología empleada, determinan los costos de transacción y de producción” Otro eminente economista, Marcus Olson[2] afirma “Un rasgo que comparten los países más pobres es que los derechos contractuales y los de la propiedad están mal definidos o no se hacen cumplir con firmeza. Tales derechos, necesarios para ser mercados avanzados, que a su vez son necesarios para un rápido crecimiento, son de por sí una especie de bien público”

Finalmente Michael Cook, una autoridad mundial en cooperativismo, asiduo visitante y conocedor de la realidad uruguaya, afirmaba en un seminario reciente[3]: “el sistema global de alimentos está en un proceso de transformación precipitada. Este sistema tiende a incrementar la articulación vertical, la organización en redes y a responder más rápido y eficientemente a los consumidores. La convergencia de estas fuerzas requiere un cambio radical en la estructura de la organización de agronegocios” Y terminaba preguntándonos: ¿está listo el Uruguay para esos cambios? Probablemente no estemos listos, pero a mi juicio, al menos estamos superando la visión monocular de los problemas, condición necesaria, aunque no suficiente, para el cambio.

Cambio que tendrá aspectos muy positivos pero también de los otros, ya que las nuevas formas de organización productiva y comercial implicarán así mismo nuevas formas de diferenciación al interior del sector, y por consiguiente de exclusión de empresarios y asalariados rurales y de la industria. Exclusión que no podemos eludir, porque será más grave si seguimos como hasta ahora. Pero que en cualquier caso, plantea una problemática social que el país en su conjunto debe encarar, ahora y en el futuro.

[1] Ver: “La nueva economía institucional y el desarrollo” Documento preparado para la Conference on Public Choice and Development. Serie Diálogo No. 6

[2] Ver: “Mancur Olson, anarquía y pobreza” en Economía y Mercado de El País,  pág. 20, 15/5/00, reproducido de The Economist.

[3] Ver: “La organización institucional necesaria para un desarrollo agroexportador competitivo” Seminario Uruguay Agroexportador, CEAD, mayo del 2000.

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