¿Y si se confiara en los productores?

Semanario “Batoví”
Febrero del 2000

Parecían pasados los tiempos en los que el Estado tenía que, de porteras para afuera,  hacerle todo a los productores rurales: venderle los insumos, comprarle las producciones o fijar los precios de las mismas, imponerles la asistencia técnica condicionando los créditos a su adopción, premiar o castigar determinadas prácticas productivas a través de diferentes presiones impositivas, etcétera. La experiencia propia y ajena ha demostrado durante las últimas décadas que ese paternalismo, aunque estuviera bien intencionado, resultaba caro e ineficiente. Aunque los políticos y burócratas que lo diseñaran e instrumentaran fueran honestos, diligentes y capaces -cosa que no siempre ocurría- los resultados obtenidos resultaban menores a lo esperado, y los costos en que incurría la sociedad, mayores.

En casi todo el mundo, y parecía que también en Uruguay, se ha llegado a la conclusión que nadie sabe mejor qué es lo que necesita el productor, que el propio productor. También es aceptado que ningún productor tiene interés en “suicidarse” como tal, y que por lo tanto actuará racionalmente en la toma de decisiones respecto a sus recursos productivos. Lo que no quiere decir que no pueda equivocarse, como cualquier hijo del vecino, sea productor, técnico, político o burócrata. Esto es ampliamente aceptado por organismos internacionales de financiamiento del sector agropecuario, como el FIDA o el BID, que exigen proyectos donde la tecnología a aplicar, las actividades a financiar, los instrumentos a manejar e incluso la misma administración de los fondos, cada vez más se definen “desde la demanda” es decir por los productores y sus organizaciones. “La oferta” constituida por el Estado y sus instituciones, ya sea como financiador o contraparte nacional del financiamiento externo, actúa cada vez más en carácter de facilitador de las acciones, no de ejecutor.

Este largo preámbulo viene a cuento debido a algunas acciones que se están instrumentando a nivel oficial ante la grave situación climática por la que atraviesa el país: me refiero a los “hoteles de terneros”. Los mismos, ubicados en cuatro predios en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, se plantean el salvataje y la recría durante unos cinco meses, de unos 12 mil terneros, pertenecientes a pequeños productores ganaderos y lecheros de aquellos departamentos. Lo que, en números redondos representa entre el 2 y el 3% del total de terneros existentes en esos cuatro departamentos, o el 0,5% del total de vacunos de los mismos. Según versiones de prensa estarían destinados al financiamiento del “operativo” 700 mil dólares, trabajando en el mismo principalmente técnicos del Plan Agropecuario, y también del INIA y organizaciones de productores. Se trabaja en la instrumentación desde hace más de un mes, el inicio de la experiencia estaba prevista para el 1 de febrero, ahora se postergó para el 15, pero se sospecha que no se iniciará realmente antes del 1 de marzo.

La instrumentación, después de la decisión política, ha requerido el tiempo necesario para la coordinación institucional dentro del Estado y de este con los privados, la elección de los departamentos (primera fuente de conflictos), la de la ubicación del “hotel”, porque no es lo mismo una zona del departamento que otra (segunda fuente de conflictos), el establecimiento de límites de predios, 500 hectáreas Coneat u 800 litros de remisión de leche (tercera fuente de conflictos) y habrá que ver quién entra y quién queda afuera (cuarta fuente de conflictos). Además implica pedidos de precios y llamados a licitación para la compra de raciones, heno o sustitutos e insumos veterinarios, y el suministro de los mismos en tiempo y forma. Si todo esto sale bien, habrá que ver que pasa realmente con los terneros, si efectivamente se salvan y se crían, y si al final del operativo valen más de lo que costó el mismo, sumado al valor actual de los terneros. Aclaremos, de lo que les costó a los productores, que pagarán todos los costos.

Si se confiara en el buen criterio de los productores ¿no sería más fácil trasladarle directamente esos recursos, y que cada uno resuelva como los usa? Pongamos un ejemplo. La Contribución Inmobiliaria Rural representa unos 55 millones de dólares anuales. En general se paga en 4 cuotas, o sea unos 14 millones en cada una, la primera pagadera en marzo o abril. Los cuatro departamentos elegidos representan el 29% de la superficie agropecuaria del país, y en ellos, los predios de menos de 500 hectáreas, el  15%. Quiere decir que lo que pagan en cada cuota de la C.I. son unos 610 mil dólares. Exonerarlos de ese pago –la primera cuota de la C.I.- trasladando esos ingresos desde Rentas Generales a las Intendencias respectivas, es una decisión que puede tomar el Gobierno Central, llevándola a la práctica con un decreto y cuatro giros, cubriéndose el total de la población objetivo (todos los productores, incluidos los agrícolas, de menos de 500 hás, que están individualizados en Dicose), y favoreciendo además a las Intendencias que de esta forma efectivamente cobrarían.

Y que cada productor haga lo que le parezca con ese ahorro de disponibilidad inmediata que el Estado le genera. Cada uno sabrá si cría los terneros o los vende, si pide asistencia técnica o no, si siembra una pradera o un verdeo, si da ración o heno, si saca a pastoreo o apuesta a la lluvia, si prioriza los terneros u otra categoría, o si usa esa plata para pagar otra cuenta o el sueldo del peón, que también son parte del mantenimiento del aparato productivo. Porque cada situación es diferente. Y si se equivoca, mala suerte, más se equivocan los que deciden por él. Y todo se resuelve en casa, sin traslados ni concentraciones de animales, con todos los riegos que las mismas implican.

El Estado solo debe facilitar al máximo el funcionamiento de aquellos mecanismos cuyo manejo le compete, como los trámites de importación, los pasos de frontera, para que un camión de forraje no se demore tres días en la Aduana, la divulgación rápida y sencilla de medidas básicas de manejo como tablas de requerimientos nutricionales, la suspensión del IVA a las raciones etcétera. Esto no implica el estar en contra de la creación de estaciones de recría de terneros, como se hace con las vaquillonas de tambo. Pero organizadas en condiciones normales, con tiempo, con una regionalización adecuada, todo lo cual mejoraría la escala de producción de muchos productores pequeños. Es un buen objetivo para que ellos mismos se lo planteen, para eso tienen sus gremiales y sus organizaciones. Pero no para que lo haga el Estado, y menos en estas condiciones. Y doy por descontada la capacidad técnica y la dedicación de los técnicos participantes.

Creo que de esta forma el apoyo a los productores será más amplio, directo, eficiente y barato. Y el Estado y la sociedad en su conjunto habrán cumplido con su deber de apoyar, a través de un subsidio explícito y transparente, al sector productor más afectado por una situación de catástrofe. Pero para que las cosas se hagan de esta forma -sin duda perfectible y/o sustituible por otra con la misma filosofía- la condición necesaria y suficiente es que el Estado confíe en el buen criterio de los productores. Cosa que ocurre a nivel declarativo, pero que los hechos concretos contradicen.

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