De halcones, palomas y caranchos

El País Agropecuario
Febrero del 2003

Inauguramos el siglo y el milenio con una crisis económica que los historiadores definen como una de las peores –si no la peor, al menos el desempleo lo es- que ha soportado el país en su vida independiente. Crisis gestada con tenacidad durante los diez años previos, y que por lo tanto a nadie debe asombrar, por más que se la atribuya a imponderables causas externas. Los que ayer elogiaban los resultados “del modelo” que nos condujo al desastre –políticos, responsables de la conducción económica y analistas afines- hoy explican como hay que hacer para salir del pozo, sin un atisbo de autocrítica, sin callarse la boca al menos por un tiempo. Por algo el Dante reservaba para los soberbios, el último y más terrible círculo del infierno.

La economía es una ciencia despiadada, que no se compadece ni de la más altruista de las iniciativas, si la misma no cumple con algunos principios básicos, de objetivos sensatos, de instrumentos adecuados, de buena administración. Estos principios son ignorables por un tiempo en épocas de plata dulce, pero a la corta o a la larga la economía pasa la factura y alguien tiene que pagarla. Algunas veces –demasiadas- la paga el conjunto de la sociedad por medio del Estado, y muchos piensan que la cosa se arregló sola. Cuando el Estado también está fundido, como ahora, llega la hora del último ajuste de cuentas -aunque siempre haya quien se escape por alguna rendija- y entonces a muchas empresas antes favorecidas  les llega la hora de la verdad. Es el momento en que se descubre que algunas instituciones de servicios financieros o de asistencia médica o educativas o de servicios turísticos por dar algunos ejemplos, tenían una pésima administración, o exceso de empleados, o eran desfondados por sus dueños, e igual funcionaban.

El recambio de empresarios o trabajadores, la salida de algunos y la entrada de otros, o el aumento de la actividad de algunos y la disminución de la de otros, es normal en la economía, como ocurre en cualquier ámbito social o biológico donde existe competencia entre individuos. No solo es normal: su ocurrencia es condición imprescindible para la depuración, para el buen funcionamiento de la economía. Por lo tanto, cualquier demanda del tipo “salvar a todos…”, “prohibir toda ejecución…” o “defender la inamovilidad…” no son más que expresiones corporativas perjudiciales para el conjunto de la sociedad, y como tal deben ser consideradas por quien deba tomar decisiones al respecto, incluyendo al ciudadano común cuando elige a sus representantes o ejerce la democracia directa.

Claro que cuando el desastre es gigantesco como el actual, el número de los “damnificados” es mucho mayor al normal, y muchos casos de empresarios o trabajadores desplazados, aparecen como injusticias flagrantes, y realmente lo son. Pero siempre hay gente que se sube al carro, e invocando esas injusticias, exige la solución maximalista que ampare a todo el mundo. Pero ocurre que cuanto más amplia la cobertura, más difícil y onerosa su instrumentación, lo que lleva a que paguen justos por pecadores, o lo que es más probable, a que no se arregle nada, como ocurre con demasiada frecuencia en nuestro país.

Al sector agropecuario, como a la industria exportadora, les tocaron en general “las verdes” del modelo económico que se derrumbó a mediados del año pasado. Uno de los ejes del mismo fue el “ancla cambiaria”, origen de la gran distorsión los precios relativos de la economía, favorable a los productores de bienes no transables -básicamente los servicios para el mercado interno- en perjuicio de aquellos sectores productores de bienes transables internacionalmente. Claro que a lo largo de toda una década [1] también hubieron subperíodos de “maduras”, para algunos rubros agropecuarios y sus agroindustrias asociadas, producto de distorsiones aún mayores en países vecinos importadores de esos productos, que permitían superar temporalmente las nuestras. Y esos breves períodos también se vivieron como “de plata dulce” por algunos de sus beneficiarios, y como suele ocurrir, durante los mismos estos empresarios olvidaron aquellos principios básicos de buena economía, y a muchos de quienes lo hicieron hoy les pasan por debajo de la puerta, la factura, o el cedulón.

Ahora ha llegado la hora de la verdad, para los empresarios, para los trabajadores, para el país, y la verdad suele ser dolorosa. Entre tantas acusaciones cruzadas, una de las más recurridas, es la de la defensa del “país productivo” en contraposición al “sector financiero”. La dicotomía “productivo versus financiero” es falsa. Toda actividad económica es a la vez productiva y financiera, aunque la naturaleza de la misma pueda destacar una de estas facetas y ocultar la otra. La paralización de la actividad económica como consecuencia del cierre de los bancos es una prueba de ello. Y a la inversa, el desmedido crecimiento del sector financiero, sin un correlato real con la base productiva,[2] terminó dejándolo “colgado del pincel” con varias empresas quebradas, sin posibilidad de responder a sus obligaciones con los depositantes.

Tampoco es cierta la mayor “legitimidad” económica de la producción de bienes materiales –carne, queso, buzo de lana- frente a la producción de servicios como los financieros, educativos o turísticos. En principio todas estas actividades son, en esencia, económicamente similares, porque en todas su fin último es el lucro, la ganancia, principio básico del funcionamiento capitalista. Pero también es cierto que en las condiciones del Uruguay actual, algunas de estas actividades son económicamente mucho más viables que otras, lo que hace que quien las desarrolla las vea –y defienda- como más genuinamente productivas, en la medida que no requieren, como otras, de apoyos directos o indirectos de parte del Estado para su realización.

En aras de esas mayores “legitimidades”, o por haber subsidiado vía atraso cambiario la anterior bonanza de los servicios, algunos empresarios agropecuarios técnicamente en quiebra –aunque sigan en actividad- se consideran “palomas” víctimas de la competencia de los “halcones” de la ciudad. Y para reforzar el argumento, se mencionan casos, reales por supuesto, de ventas de campos, de liquidación de empresas agropecuarias, a precios viles, con activa participación en los negocios de estudios de abogados de renombre, “caranchos” que engordan liquidando a los malheridos.

Es necesario ser muy claro en un tema tan delicado como este. Hay muchas situaciones muy injustas, a lo largo y ancho del país, pero no todas son iguales, ni las iguala la presencia de los “caranchos”. Estos son consecuencia inevitable de toda crisis, no necesariamente su causa, y por lo tanto no es válido el argumento de que su presencia –indicadora del desastre- justifica las soluciones de “todo o nada”. Por el contrario, este tipo de planteo, en particular en una situación de crisis generalizada, solo logra la prolongación indefinida de situaciones de empantanamiento, que nada solucionan.

Las consideraciones anteriores se aplican al tema del endeudamiento agropecuario, que es el que hoy está encima de la mesa (ver recuadro aparte) pero también a otros asuntos –relacionamiento del agro con la burocracia y con las agroindustrias, temas impositivos, sanitarios, tecnológicos etcétera- que, cuando se quieren entender y solucionar con perspectivas monoculares, con simplificaciones de blanco o negro que no diferencian situaciones, solo consiguen trabar la instrumentación de soluciones reales que permitirían que el sector expresara toda su potencialidad productiva.

Hoy que el tema de la desocupación es el más angustioso que enfrenta la sociedad uruguaya, se insiste con que el agro es poco generador de empleo, y eso en general es cierto en lo que a cantidades se refiere. Pero también es cierto que los que genera son empleos de alta productividad y con elevado efecto multiplicador sobre la industria y los servicios vinculados, que son los sectores económicos generadores de un mayor número de empleos, y por consiguiente con mayor poder de impacto sobre la desocupación y la emigración asociada [3]

En definitiva, un sector tan determinante del desempeño del conjunto de la economía como es el agropecuario, no puede ser rehén de interpretaciones simplistas reñidas con la complejidad que un sector económico tan amplio y diverso necesariamente presenta. Y lo grave es que estas interpretaciones simplistas, que entienden las cosas en términos de halcones, palomas y caranchos, están lamentablemente demasiado difundidas, y lo que es más grave, lo están a nivel de decisores políticos y económicos, de analistas y académicos y también de dirigentes gremiales del propio sector. Modificar esta forma de razonar que nos empantana, es responsabilidad de todos nosotros.

 

 

El argumento falaz

“El resto de la sociedad no tiene porqué regalarle nada al agro…” se escucha argumentar diariamente en medios urbanos. Y luego viene la enumeración de los “regalos”: re financiaciones (reales o ficticias) requeridas por el mal uso de la plata de los créditos, la compra de las 4 x 4 y demás. Y este es un razonamiento falso. La falacia del razonamiento es producto de la ignorancia y de los prejuicios, y apunta a profundizar la división entre campo y ciudad que tanto mal le ha hecho, le hace y por lo visto le seguirá haciendo a nuestro país. Claro que nunca falta una excepción que confirma la regla, pero generalizar a partir de ella es profundamente injusto. La justicia radica en identificar esa excepción y a ella sí aplicarle el razonamiento, y todas sus consecuencias de penalización social y legal.

Es falso porque nadie se ha preocupado en demostrar, mediante un análisis serio y riguroso, que es el resto de la sociedad la que le “regala” al campo, y no al revés. Sin la mínima información, se echan a rodar cifras de centenares de millones que la refinanciación de las deudas costaría. El tan manido “cupón cero” implicaba, según las propias cifras oficiales, transferencias netas por un monto de 20 millones de dólares, desde el Estado al BROU.  Regalo que, dicho sea de paso no muchos aceptaron, porque no podían encarar sus costos.

Posteriormente, el pago de deuda con bonos, que acotado en montos y con plazos perentorios se le autorizó al agro, y que se ha ido generalizando a otras actividades, fue reconocida como una solución que permitía a algunos pagar sus deudas, pero que simultáneamente mejoraba la situación del sistema financiero al aumentar la demanda por bonos y con ella su precio de mercado, lo que favorecía a sus tenedores y disminuía el riesgo país.

La Ley actualmente aprobada, aceptada en primera instancia por el BROU para los deudores de hasta 50 mil dólares, luego ampliada –bula presidencial mediante- hasta los 250, 300 o 350 mil según el subsector considerado, implica reconocer el monto de la deuda al 1/1/99 sin modificar las condiciones originales del crédito (es decir con los intereses, multas y recargos que correspondan), otorgar plazos más largos, y disminuir durante 4 años -entre aquella fecha y el momento actual- la tasa de interés del 9,25% que determinó el cupón cero, al 6%, volviendo a partir de ahora al 9,25. Es lo que se puede obtener en un momento como el actual y bienvenida sea esta solución, pero en el fondo no implica mucho más que el Estado se haga cargo durante un cierto período de tiempo, de parte de su propia ineficiencia.

Cuando se conozcan los resultados, el costo neto real de la refinanciación quizá sea del orden de los 100 millones de dólares. Cifra de un orden de magnitud por lo menos 10 veces inferior a las transferencias que vía atraso cambiario, le hizo el agro a ese impoluto “resto de la sociedad”. Cifra 25 veces menor a las transferencias que el conjunto de la sociedad le hizo al sistema financiero en su conjunto. Y todas estas estimaciones se hacen con un supuesto, que es el de comparar contra la situación “normal”, en que todo se pagaría. Supuesto que no brilla precisamente por su realismo.

En vez de perder tiempo en estas disputas parroquiales, toda la sociedad debería mancomunar esfuerzos para exigir la publicación de los nombres y la ejecución de las garantías (si queda alguna) de ese famoso medio centenar de grandes deudores que nunca más pisaron el banco. Con qué recomendación política accedieron al crédito, qué director lo firmó en contra de los informes técnicos, porqué no se los ha ejecutado hasta ahora. ¿Por qué no una manifestación de todos los sectores sociales, con ese único objetivo, desde el Parlamento al Edificio Libertad? Sería un ejercicio de transparencia muy saludable para esta sociedad tan, y con tanto motivo, descreída.

Para terminar, el tema de la división social, el de los “estancieros en 4 x 4”. Que el argumento se maneje a la hora del té entre señoras de edad es una cosa, pero que lo esgriman políticos, analistas y en general formadores de opinión, es patético. Que a esta altura del partido siga sin entenderse que el que tiene 4 x 4 en general tiene estancia, pero que la inversa no es cierta, es insólito en un país de base rural como el Uruguay. Un vehículo muy costoso denota mucha riqueza (al menos material) y quien tiene mucha riqueza tiene un portafolio de inversiones que, en un país como Uruguay, en general incluye un campo, o algo asociado a lo rural. También por supuesto casa en Punta del Este, y otras actividades comerciales, financieras y/o industriales, y muchas veces incluye también nacionalidad argentina o brasileña. Y seguramente los ingresos que le justifican la 4 x 4 provienen de esas otras actividades o países, raramente del campo uruguayo. Aunque claro, cuando va al campo lo hace en el famoso vehículo, lo mismo que si pasea por Gorlero.

Confusiones tan burdas como estas solo se explican por la existencia de un prejuicio muy fuerte, que se arrastra desde hace más de medio siglo, y que los uruguayos, en particular los de extracción urbana, no se pueden sacudir. Tan equivocada como esta, la visión desde el otro extremo, que históricamente ha presentado al agro como víctima, al que ninguna solución satisface, al que se debe proteger de cualquier contexto desfavorable. Posición contraproducente, que peyorativamente se conoce como la de “los eternos llorones”.

Alguien sintetizó todo esto en una frase: “Si va a hablar de la gente que trabaja en el campo, sea educado, no lo haga con la boca llena”

 

 

[1] En realidad el atraso cambiario empezó a generarse a principios de 1991 y duró hasta mediados del 2002. Once años y medio, igual que la dictadura…

[2] Esto no se aplica en el caso de las plazas financieras internacionales, como pretendió ser Uruguay

[3] También indirectamente el sector agropecuario permite la generación de empleos vía contribución inmobiliaria e impuesto a la venta de semovientes,  principales sostenes de las intendencias del interior, empleadoras de un gran número de personas.

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