Las dicotomías que nos empantanan

El País Agropecuario
Noviembre del 2003

 ¿Privatizar  o no privatizar?  Transgénicos ¿si o no?

Dicen que una pregunta bien planteada representa la mitad de la respuesta. Si se parafrasea lo anterior, puede decirse que las preguntas mal planteadas anulan la posibilidad de una respuesta correcta. La tendencia a los planteos maniqueos de “si o no” frente a cuestiones complejas que, por definición, no tienen una respuesta simple, le implican a la sociedad uruguaya un pesado lastre que progresivamente la rezagan de los procesos de desarrollo que transitan otras sociedades de mentalidad más abierta.

Las preguntas del acápite son dos de los ejemplos más palmarios de esa tendencia nefasta. Empezando por la primera, la privatización de las empresas públicas ha dejado de ser tema de discusión en casi todo el mundo, hace por lo menos veinte años.  Y esto es así fundamentalmente por dos razones, ambas ampliamente probadas. En primer lugar porque las empresas privadas, si están en competencia,  son más eficientes, desde el punto de vista de los intereses del conjunto de la sociedad, en el cumplimiento de objetivos tales como la producción de bienes materiales –en el caso uruguayo se puede mencionar los combustibles, el cemento o la construcción de obras de infraestructura- y en el suministro de servicios tales como la telefonía, la energía eléctrica, el agua o el gas.

En segundo lugar, porque el mismo desarrollo genera nuevas funciones que el Estado no puede delegar, y de las que si debe ocuparse. Algunas no menores, son la regulación y control de las mismas actividades privatizadas, en lo que solo el Estado puede –y por consiguiente debe- representar genuinamente los intereses de la sociedad. Otras, quizá por no haberlas encarado nunca o tal vez por lo novedosas, no se reconocen como deberes del Estado, dejando vacíos que terminan llenándose tarde y mal. El ordenamiento territorial, la preservación del ambiente –rural, marítimo, hídrico, forestal, urbano- o la legislación y control de todo lo referido a las nuevas tecnologías vinculadas a la ingeniería genética, a las comunicaciones, o a procesos productivos de riesgo ambiental, no son temas prioritarios en la agenda política nacional.

Por mencionar algunos ejemplos de lo anterior, la “defensa nacional” a la que deberían dedicarse –y en la cual tendrían que especializarse- nuestras Fuerzas Armadas, debería ser la del apagado de incendios forestales, la prevención y control de derrames de petróleo o de vertidos industriales y residuos urbanos contaminantes de los estratégicos recursos hídricos, en lugar del mantenimiento de absurdas precauciones bélicas. La legislación de apremiante necesidad, la que encaran los verdaderos progresistas en todo el mundo, es la de la promoción y control de nuevas tecnologías, certificando calidad de productos y procesos en un marco de defensa del ambiente, entendiendo a este no como una entelequia, sino en simbiosis con procesos productivos que generen valor y competitividad. Pero en lugar de estos temas, se discute largamente sobre indefendibles prebendas corporativas o patéticas proporciones “de género” en las listas para las elecciones.

En síntesis, cuando dogmáticamente se defiende a ultranza las privatizaciones poniendo como ejemplo las inglesas, o se las critica poniendo como ejemplo las argentinas, se está escamoteando la verdadera discusión, que no es la de privatizar sí o no, sino que es la de cómo privatizar. Como hacer, en el Uruguay actual, para que el Estado deje de hacer lo que hace un siglo era imprescindible que hiciera, pero que a esta altura ya no debe hacer más. Y simultáneamente, para que se ocupe de lo que efectivamente le compete en una sociedad moderna, y que actualmente no hace, o hace en forma deficitaria.

Otro tanto ocurre con el tema de los transgénicos, que no es un problema de “si o no” a  su utilización, sin más trámite.  Negarse a su uso, es negar el progreso técnico, algo tan negativo como inútil, dado que de cualquier forma, tarde o temprano, va a ocurrir. Y no se trata de un avance cualquiera en el progreso técnico, sino de una de las más asombrosas revoluciones que registre su historia. Pero como resulta imposible demostrar genuinamente la inexistencia de riesgos derivados de la utilización de los transgénicos –es impensable una revolución sin riesgos, incluso sin alguna consecuencia negativa- son muy válidos los temores que dicha utilización conlleva. Razón demás para discutir –no para negar- estos asuntos con la mayor seriedad.

Lo que se está discutiendo en los países que tienen reservas a la utilización de los OMG como los países de la UE, son las premisas a cumplir para autorizar su utilización. Por ejemplo, que se estudien caso a caso antes de dar la autorización del uso y que no exista la más mínima evidencia de riesgo para la salud humana. Los autorizan cuando, además de cumplirse las premisas anteriores, existen evidencias de beneficios sociales (v.g. solución a una determinada enfermedad, beneficios nutricionales) y de mejoras económicas, sin que impliquen riesgos demostrados para el ambiente. Se estudian además las obligaciones y especificaciones respecto al eventual  etiquetado, la homologación y reconocimiento de técnicas comunes para la detección del los OMG, etcétera.

Los temores que despierta en la población el consumo de los OMG –temor natural ante algo nuevo- se fomentan en relación a los alimentos pero curiosamente ni se mencionan en el caso de los medicamentos, en los que la enorme mayoría tiene componentes genéticamente modificados. Sin ir más lejos, toda la insulina que se produce en el mundo es genéticamente modificada, y no se mueren los diabéticos por este motivo. En nuestro país, a nivel de los alimentos, los derivados del maíz (harinas, polenta, aceite) y de la soja (jugos, aceites) que se importan de Argentina son elaborados en base a transgénicos, lo mismo que las raciones para producciones de granja (pollo, huevos, carne de cerdo) y de la lechería  (leche y derivados). Es decir que los comemos a diario, y no pasa nada.

En nuestro país todas los temas se ideologizan, porque es más fácil –no es necesario pensar ni informarse porque a priori ya se tiene la respuesta- y porque a alguien conviene. Algunos no aceptan ni la más elemental modernización de una empresa pública, porque puede rozar los intereses del sindicato, que es una base política de sustentación. Otros quieren que no existan límites ni controles a la privatización, para hacer buenos negocios sin molestas interferencias del Estado. Ambos están en contra de los auténticos intereses de la sociedad, que necesita empresas modernas y eficientes pero con los adecuados controles para preservar los intereses de la comunidad.

Los OMG no son “malos” por el hecho de que los produzcan empresas gigantescas del mundo desarrollado, las que, dicho sea de paso, también producen la opción no transgénica de las mismas semillas. Y está fuera de discusión que los cultivos transgénicos  aumentan la producción de alimentos a menor costo, y ahorran el uso de millones de toneladas de agroquímicos que deterioran el ambiente. Tampoco se les puede extender un cheque en blanco, porque aún se desconocen muchos efectos a largo plazo, y no siempre se puede tener bajo control su uso, que en algunos casos puede “contaminar” producciones vecinas no transgénicas. Incluso por razones económicas, puede convenir no usarlos, siempre que el precio que se obtenga por el producto “natural” alternativo así lo justifique, cosa que por el momento, al menos en Uruguay, no ocurre. Por eso la autorización de su uso debe discutirse caso a caso y con fundamentos técnicos, no con panfletos.

En este momento están en discusión por la sociedad uruguaya dos temas claves relacionados con lo anterior. La “Ley de Ancap” –que no es una privatización pero así se la presenta por sus detractores- y la discusión en torno a la autorización dada por parte del Gobierno para la importación y cultivo del maíz transgénico “Mon 810”. Ambas instancias representan oportunidades para avanzar en el conocimiento de la realidad, discutiendo lo que efectivamente haya que discutir, sin ceñirnos a esquemas obsoletos ni intentando obtener mezquinos dividendos políticos. Solo de nosotros depende que, como resultado de estas discusiones, avancemos con la velocidad que los tiempos exigen, o sigamos empantanados.

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