El desarrollo posible, el país pradera

Rodolfo M. Irigoyen
Año 2014

Es poco probable que se encuentre en el mundo otro país con tan alto potencial de producción agropecuaria per cápita como el que tiene el Uruguay.

Si se dividen los grandes números de nuestro territorio entre los 3,4 millones de habitantes que tiene el país, nos encontramos con relaciones probablemente inéditas en una comparación internacional: 5 hectáreas de buenos suelos productivos de pradera por habitante, nivel 15 veces superior al del promedio mundial. Sobre las mismas se pueden desarrollar, sin limitaciones de otros recursos naturales ni de accidentes geográficos de importancia, toda la amplia gama de potenciales producciones de clima templado.

Pero desde hace mucho tiempo, y en particular durante el último medio siglo, en el que el desarrollo tecnológico se ha acelerado exponencialmente, en el mundo se sabe que los recursos naturales por si solos no son suficientes para alcanzar un nivel de desarrollo agropecuario acorde  con los requerimientos de una sociedad moderna. La capacitación de los recursos humanos, el desarrollo de la infraestructura, la seguridad jurídica, los desarrollos agroindustriales, la inserción en el comercio internacional, las políticas de Estado de apoyo a la inversión, la investigación/innovación y el desarrollo organizacional de las empresas, conforman una “cultura” del desarrollo agrícola tanto o más importante que la propia dotación de recursos naturales con que cuente el país.

Para el Uruguay, con un alto potencial productivo pero con un mercado interno minúsculo en una comparación internacional, el destino exportador es ineludible, y ese fue el caso de nuestro país desde su temprana incorporación, por medio del tasajo, los cueros y la lana a los mercados mundiales en el último cuarto del siglo XIX. Pero luego de un vigoroso crecimiento que con altibajos llegó hasta la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, el sector agropecuario uruguayo detuvo su crecimiento, iniciando el período conocido como del “estancamiento”, como resultado de las políticas proteccionistas de los países desarrollados importadores de materias primas y por las políticas internas –principalmente cambiarias e impositivas– que recortaban gran parte del ingreso agropecuario para financiar a la industria sustitutiva de importaciones y al creciente aparato estatal. Políticas internas claramente desestimulantes de la inversión y el desarrollo productivo.

Luego de casi cuatro décadas en las que el crecimiento agropecuario apenas alcanzó a igualar al muy modesto aumento demográfico, a partir de la última década del siglo pasado, pero sobretodo de la primera de este siglo, varios factores –como la irrupción de China en los mercados mundiales de materias primas, la caída de las barreras arancelarias europeas y la demanda por los biocombustibles– generaron un sostenido aumento de los precios internacionales de los productos agropecuarios, aumento que favoreció a las economías de los países agroexportadores.

Pero también a nivel interno, el incipiente desarrollo de algunas políticas de Estado (estatus sanitario, promoción de la forestación, estímulo a las inversiones, desarrollo de la operativa portuaria, creación del INIA con administración y financiamiento público-privado, etcétera) generó un entorno atractivo para el desembarco de inversores extranjeros. Los bajos precios de la tierra en el Uruguay en relación a los internacionales potenció además ese proceso.

A esto se le debe agregar las políticas de liberalización económica –claramente favorables para el desarrollo del sector más competitivo de la economía- llevadas adelante durante los años 90 y la primera mitad de los 2000, y algunos desarrollos de alcance nacional iniciados en esos primeros años de la década pasada y consolidados en la actual, como la trazabilidad del ganado y las “cajas negras” para el control de los procesos productivos de la industria frigorífica. Se reforzó entonces la imagen de país serio que brinda garantías de la calidad de sus productos, aspectos muy valorados en el comercio internacional actual, pautado por el temor a la contaminación de los productos de consumo humano luego de la epidemia en Europa de “la vaca loca”, epizootia inexistente en Uruguay.

La conjunción de factores externos favorables potenciados por políticas internas no discriminatorias del sector agropecuario, generaron una revolución productiva que le cambió la cara no solo al sector agropecuario, sino al país en su conjunto.  Lo prueban los indicadores macroeconómicos: crecimiento de la economía en forma ininterrumpida durante 10 años (2003-2012), acumulando un aumento de la producción de casi el 70% (5,7% de crecimiento anual promedio), elevando el PIB a más de 50.000 millones de dólares (15.000 dólares per cápita), con tasas de desocupación de un dígito (6,2% en 2012) e inflación por debajo del 10% anual. Todo ello con la distribución del ingreso más progresiva de América Latina.

Pero estos “números” no caen del cielo, son el resultado del aumento de la eficiencia y la diversificación de los procesos productivos. Las exportaciones uruguayas que en el trienio 89/91 promediaban 1.630 millones de dólares, alcanzaron en 2012 a los 9.830 millones, lo que implica una tasa de crecimiento anual del 8,5%, y antes, como ahora, el 75% de las exportaciones se originan en el sector agropecuario y sus cadenas agroindustriales. Una parte importante de ese aumento se explica por la mejora en los precios de exportación, pero otra no menor es producto del crecimiento de los volúmenes físicos y la mejora de la calidad de los productos exportados.

Los cereales y oleaginosas han superado a los productos cárnicos como principal fuente de ingresos. Soja, trigo y arroz son los principales; superan en conjunto los 2 mil millones de dólares de exportaciones, liderados claramente por la soja que alcanza casi los 1.500 millones. La producción en términos físicos que hace 20 años no superaba el millón de toneladas, hoy alcanza los 8 millones.

La ganadería de carne multiplicó por 5 el valor de sus exportaciones en los últimos 20 años, a pesar de que en los últimos 10 ha cedido unas 100 mil hectáreas anuales a la agricultura. Esto es resultado del aumento de la eficiencia de la producción primaria (la edad promedio de faena de los novillos disminuyó de 4 a 2,5 años) sumado al acceso a los mercados de excelencia gracias a las características raciales de nuestros ganados, al estatus sanitario y a las garantías de calidad y controles que ofrece el país. Esto no impide que los uruguayos ostenten el récord mundial de consumo de carne vacuna, con un promedio de 60 kg anuales por habitante.

La contracara la representa la producción lanera que se ha derrumbado a un tercio de lo que era en la década de los 80, como consecuencia de la profunda crisis de los precios internacionales de la lana. Parcialmente se ha recompuesto con producciones de menor volumen pero mayor valor unitario, como las lanas merinas superfinas y la carne ovina de calidad (cordero pesado).

La lechería es otro sector que creció en volumen y en la calidad de sus productos. La producción por hectárea se duplicó, pasando de unos 1.500 litros de leche por hectárea hace 20 años, a cerca de 3.000 en la actualidad. El porcentaje exportado es creciente, mientras que el consumo interno no aumenta desde hace años, presentando niveles muy elevados, similares a los de los países desarrollados. Las exportaciones llegaron a los 780 millones de dólares en 2012, alcanzando los niveles de calidad correspondientes a la normativa europea. Se valora además el hecho de que el 70% de la alimentación que reciben las vacas es de origen pastoril.

La forestación, de rápido crecimiento en los 90 y primeros años de la década pasada, sufrió a partir del 2008 el impacto de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y la Unión Europea, no superando las 800 a 900 mil hectáreas alcanzadas en aquellos años. Han aumentado en cambio los niveles de procesamiento de la madera con la producción de celulosa, de tableros para la construcción y de madera aserrada.

Todos estos avances productivos tienen algunos aspectos en común. En primer lugar la creciente participación de inversores extranjeros de muy diversos orígenes (argentinos, brasileños, chilenos, escandinavos, norteamericanos, etcétera) que introdujeron nuevas prácticas productivas y organizativas a nivel primario, e impulsaron un importante desarrollo agroindustrial. En segundo lugar, la necesidad de bajar los costos unitarios llevó en general a un aumento de las escalas de producción; los requerimientos de mano de obra por hectárea disminuyeron en simultáneo con un aumento de los requerimientos de capacitación de esta mano de obra. Pero el aumento de actividad hace que, a pesar de lo anterior, no exista desocupación en el campo. Se registra, asimismo, un importante aumento del nivel de las remuneraciones.

Por último y quizá lo más importante, todos estos nuevos emprendimientos se llevan adelante con tecnologías de punta, que paulatinamente incorporan todos los avances científicos disponibles, como los organismos genéticamente modificados, variados procesos biotecnológicos, las mejores prácticas agronómicas desarrolladas en el país, la informática en todas sus aplicaciones, la georeferenciación, etcétera.  Esto en un marco de nuevas organizaciones de las empresas, del trabajo en redes, del desarrollo de más y mejores servicios de apoyo a lo largo de las cadenas de producción.

Finalmente, un par de aspectos a resaltar. Existe en nuestro país el mito de que el sector agropecuario “agrega poco valor” porque en general exporta sus productos con bajos niveles de procesamiento. Se desconoce que el agregado de valor puede darse a nivel de producto (mayores niveles de industrialización) pero también a nivel de procesos, por aumento de la eficiencia de los mismos, lo que potencia el nivel multiplicador del sector agropecuario.

La actualización de la matriz insumo-producto realizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR muestra que el sector agropecuario es el de mayor poder multiplicador en nuestra economía, por lo que su desarrollo genera incrementos muy significativos a nivel de la industria y los servicios, tanto en el valor agregado como en la ocupación de mano de obra.

Nuestra historia está pautada por el “divorcio campo-ciudad”. Este se origina en desencuentros seculares entre los intereses de la ciudad-puerto y su sector productivo exportador. La superación de este atavismo nos parece una condición imprescindible para poder llevar adelante un proyecto-país integrador, de desarrollo económico viable y ahora felizmente alineado con las grandes tendencias de la economía mundial.

Estamos convencidos que ese proyecto-país es factible. Tendría el potencial de ser amigable con el ambiente, como las modernas tecnologías lo permiten; alcanzar al conjunto de la población por el efecto multiplicador ya mencionado; tendría la fortaleza de sustentarse en el sector de mayor competitividad de nuestra economía y podría complementarse, en forma simbiótica y para nada antagónica, con otros desarrollos, provenientes por ejemplo, de la informática, de la logística o el turismo, y también de otras producciones primarias de gran potencial, como la minería o la pesca.

Las condiciones están dadas, todo depende de nosotros mismos.

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