El Presidente no se baja

Rodolfo M. Irigoyen
Junio de 2011

La gran diferencia entre los que saben o no saben de un tema, no radica en la lógica con que se argumenta en la discusión sobre el mismo, sino en saber si la discusión corresponde o no. El desconocimiento sobre esa pertinencia, puede provenir de la ignorancia o de la mala intención, pero en definitiva la capacidad para comunicar, y no el conocimiento de fondo sobre lo que se comunica, es lo que prevalece, cuando al receptor solo está asistido (y en el mejor de los casos) por “el sentido común”.

“En asuntos que no son de nuestra especialidad, somos muy ingenuos” enseñaba Ítalo Calvino, y no está de más recordarlo. Esta clara advertencia a desconfiarle al juicio de la opinión pública cuando la misma se expresa, por ejemplo, sobre asuntos técnicos que no domina, es intencionalmente desconocida cuando lo que se persigue son los réditos políticos.

Algunas faltas de idoneidad no se discuten. Si el tema es la cirugía cardíaca, todos coincidimos en que la opinión que interesa es la de los cardiólogos y los cirujanos, y no la de la mayoría de la población. Pero en otros, “todo el mundo opina”. Se trata de aquellos temas en que todos estamos  o nos sentimos involucrados, y el caso paradigmático es, además del fútbol, el de la economía.

Dejando de lado los consabidos símiles futbolísticos (tres millones de directores técnicos, etcétera) abundan los ejemplos de qué “opina la gente” respecto a complejos procesos de producción de bienes y servicios, cuyo estudio es, ni más ni menos, una parte esencial de la ciencia económica.

Y cuanto más alejados de lo cotidiano se encuentren esos procesos de producción, con más ligereza se opina, mayor es la impunidad ante afirmaciones técnicamente descabelladas, pero adornadas con el discreto encanto del sentido común y de lo políticamente correcto.

Históricamente, nuestro país ha sufrido las consecuencias del divorcio entre la ciudad y el campo, y una parte no menor –aunque no la única- de la responsabilidad sobre el mismo, le corresponde a la ligereza con que, desde los ámbitos urbanos, se suele juzgar a las actividades rurales.

En este contexto, y en un país altamente urbanizado como el nuestro, recurrir a “la opinión de la gente” -en forma implícita o explícita- sobre complejos temas técnicos del ámbito agropecuario (y ahora también minero) solo puede explicarse por la ignorancia o por la búsqueda de legitimidades objetivamente espurias, aunque formalmente correctas.

“Que pague más el que tiene más”  parece de Perogrullo. Pero es muy diferente el efecto sobre la economía si el “tiene” se refiere a un factor de producción (la tierra por ejemplo) o al ingreso derivado de esa producción. En el primer caso se distorsiona la función de producción al encarecer artificialmente uno de los factores que la determinan, en el segundo se grava la renta. Son dos filosofías tributarias contrapuestas, y en nuestro país, la primera ya ha demostrado que logra el objetivo opuesto al buscado, y fue, durante décadas, un palo en la rueda para nuestro desarrollo.

“Hay que mejorar la infraestructura” (¡y cuanto!) no es menos evidente. Pero el presupuesto se aprobó después de meses de estudio y esta carencia era archisabida. ¿Cómo puede ser que no se haya previsto? ¿Tuvo que descubrir, el Presidente de la República, que cada durmiente del ferrocarril cuesta 50 dólares?

“Vamos a vender estas dunas para financiar a Colonización para asentar la gente en el campo”. Dejando de lado el aspecto ambiental (no porque no sea importante) el “asentamiento” como opuesto a la migración, es socialmente aprobado, sin mayores análisis. Nada se dice respecto a que el costo de asentar una (sí, una) familia ronda el millón de dólares, que lo aporta toda la sociedad, vendiendo dunas o de la forma que sea. Más o menos lo mismo que lo que cuesta una escuela de alternancia completa.

Ahora se dice que en el asunto de la minera Aratirí será el pueblo el que decida. ¡Qué linda imagen, que canto a la democracia! Un asunto que por su magnitud, por su complejidad, por su novedad en el país, desafía las capacidades de evaluación de media docena de ministerios, será definido por don Juan y doña María. ¿Puede haber otro ejemplo en el que la forma del mensaje enmascare mejor su contenido?

Promover las respuestas ideológicas a los grandes desafíos a los que se enfrenta el país en  el plano de los procesos productivos, no ayuda, por cierto, a una resolución racional y socialmente positiva de esos problemas. Ayuda (o pretende hacerlo) a mantener la adhesión de los sectores sociales a los que la forma de esos mensajes resulta ideológicamente atractiva.

El tiempo dirá si la estrategia será electoralmente exitosa. Y también  mostrará los enormes costos que, en procesos frenados y oportunidades perdidas, la misma le ocasionará al país y a su gente

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