La “autoexplotación” de los productores familiares

El País Agropecuario
Marzo del 2009 

El problema…

Es fácil saber de qué hablamos cuando nos referimos a los productores familiares, pero no es nada fácil definirlos con precisión. Esto último quedó en evidencia con motivo de los criterios de distribución de las raciones importadas recientemente por el MGAP debido a la sequía, donde se dio, a los “productores familiares”,[1] prioridad en el acceso a las mismas.[2] La gran dificultad surge, a nuestro juicio, del hecho de pretender identificar un segmento socioeconómico por medio de parámetros definidos para sociedades rurales muy diferentes a la nuestra.

En la década del 20 del siglo pasado, el ruso Alexander Chayanov, estudiando la sociedad rural de su país luego de la revolución bolchevique, definió como elemento determinante de la condición de “campesino” a la relación entre mano de obra familiar y asalariada. Medio siglo después, en nuestro continente, estudios originados en el ámbito de la Cepal[3] -en particular los de Alejandro Schejtman analizando el sector rural mexicano- retomaron esta categoría de análisis incorporándola a otras más tradicionales como el tamaño del predio y el destino, para el mercado o el autoconsumo, de la producción campesina.

La realidad agraria uruguaya es muy diferente, quizá única en América Latina, y a nuestro juicio, no se ha logrado definir los indicadores socioeconómicos adecuados para una caracterización correcta de lo que se entiende por condición “familiar” en la misma, quizá por no ser capaces de sacudirnos tanta influencia originaria de realidades tan diferentes a la nuestra. Además en los últimos 5 o 6 años nuestro agro, lo mismo que las comunicaciones, han experimentado cambios revolucionarios, que nos llevará un tiempo internalizar analíticamente.

…y sus implicancias

A título de ejemplo, en el reciente episodio del apoyo a los productores familiares con motivo de la sequía, una invernada o un predio agrícola de 400 hás, altamente capitalizados, con un empleado y el productor trabajando y residiendo a menos de 50 km, resultaba ser “familiar”. A la inversa, un predio de mínima capitalización pero con 600 hás, o con el productor viviendo a más de 50 kms, no era beneficiario, aunque el primer predio genera un ingreso varias veces superior al segundo, y por consiguiente necesita mucho menos del beneficio que se otorgaba a los “productores familiares”.

Esto no debe interpretarse como una crítica al nivel de los límites -500 hás, 2 empleados o 50 kms- que son tan arbitrarios como cualquier otro, sino al hecho de pretender realizar categorizaciones sociales por medio de esos parámetros económicos. Para la realidad uruguaya, tan volcada al mercado, es necesario deslindar ambos campos, y tratar a lo económico como lo que es, y a lo social de la misma forma. Ámbitos que tienen sus respectivos Ministerios, pero que, cuando se trata del agro se mete todo en la misma bolsa, haciendo el MGAP también de Mides agropecuario.

Dejando de lado la coyuntura de la última sequía, cuando se definen políticas de apoyo a la producción familiar, se persigue, prioritariamente, el objetivo de retener a la gente en el campo, no perder ese “saber hacer” propio del trabajador rural -sin duda un gran capital social- y en definitiva no aumentar la presión demográfica en las periferias urbanas, con sus secuelas de desempleo, hacinamiento y falta de oportunidades para una digna inserción laboral y social. Objetivo plenamente compartible, pero cuya consecución se intenta mediante instrumentos de probada ineficiencia. Y que además, cuando son eficientes, suelen perpetuar la injusticia, reteniendo al poblador rural amarrado a su pobreza, sin brindarle oportunidades de desarrollo para él y su familia.

Hay leyes económicas que son inapelables, y que cuando se las ignora en aras de algún objetivo social, indefectiblemente terminan pasando la factura, perjudicando a quien supuestamente se pretendía beneficiar. Salvo excepciones, todos los rubros de la producción agropecuaria exigen, para ser económicamente viables y competitivos, escalas de producción importantes y/o crecientes niveles de capitalización y desarrollo tecnológico.

Las partes del todo

Para entender la problemática de la producción familiar, a nuestro juicio hay que empezar por reconocer y diferenciar a los dos grandes componentes de la misma. En primer lugar, el que llamaremos “lo social” y que lo constituyen el predio como lugar de residencia, los vínculos con la tierra, la producción para autoconsumo –la quinta con algún frutal, la lechera, los animales ovinos o de granja que proveen carne, huevos, etc- el caballo como locomoción, y en definitiva todos los elementos productivos y culturales, muy poco o nada vinculados con el mercado, determinantes del “estilo de vida” de lo que en otros países se llama “el campesinado”. Y que en términos físicos requiere de una muy reducida superficie de tierra, la tecnología tradicional que el productor conoce y domina, la mano de obra que él y su familia proveen, y en general un muy bajo nivel de capital.

En segundo lugar, lo que llamaremos “lo económico”, y que, simplificando un poco, definiremos como lo que el predio produce para el mercado, donde, por consiguiente compite con todos lo que producen lo mismo, y gana o pierde plata según su eficiencia o ineficiencia productiva y comercial, como le pasa a todo el que concurre al mercado en una actividad competitiva. En este plano la escala de producción, el nivel tecnológico y gerencial, el uso eficiente de los recursos naturales, la elevada dotación de capital por unidad de superficie y la capacitación de la mano de obra, pasan a ser determinantes del éxito o fracaso de la actividad económica.

Esquematizando al máximo el análisis, se podría decir que lo que en Uruguay entendemos por “producción familiar”, es la suma de un componente “campesino” y otro “capitalista”. Como el “productor familiar”[4] no cuenta con los elementos básicos necesarios para tener éxito en su componente empresarial de producción para el mercado -básicamente el nivel de capitalización, la tecnología y en algunos rubros la escala- intenta compensar la carencia de esos factores de producción, intensificando al máximo el uso del único sobre el que él tiene libre disponibilidad: la fuerza de trabajo.

Y es así como el productor familiar “se mata” trabajando, él y su mujer y/o sus hijos 12 o 14 horas diarias, 365 días al año. Si trabajara ese tiempo como asalariado, todos coincidiríamos –incluso la ley- en que está siendo explotado. Pero como lo hace trabajando “en lo suyo”, aunque a veces gane por esta vía menos que un salario, lo vemos como un mérito. Pero en términos económicos, se está “autoexplotando”, y perpetuando su condición de pobre, porque la productividad de su trabajo es muy baja dadas las restricciones financieras, tecnológicas, comerciales y de gestión antes mencionadas.

Algunos intentos de solución

Las políticas diferenciales para productores familiares tienen larga data, y polémicos resultados. En resumen, cuando han sido económicamente neutras, han tenido resultados muy pobres. Solo el traslado de ingresos desde otro sector de la economía, como algún tipo de subsidio –asesoramiento técnico gratuito, tasas de interés “blandas”, refinanciaciones favorables, etc- o protección a costa del consumidor –prohibición de importaciones competidoras- ha tenido impacto real. Pero con la contrapartida del perjuicio causado al erario público o al consumidor.

La búsqueda de “tecnologías para la producción familiar” tampoco ha solucionado el problema. En general se considera como tales a los rubros o a las técnicas de producción intensivas en el uso de mano de obra, el factor productivo del que la familia dispone en abundancia [5]. Pero, si el rubro o la tecnología empleada genera un buen ingreso ¿porqué no lo pueden hacer los “capitalistas” con mano de obra asalariada? Y si no lo genera ¿qué le va a solucionar al productor familiar? Solo actividades muy específicas, que requieran una mano de obra de alta dedicación, para nichos de mercado particulares, pueden reunir eventualmente exigencias que solo puedan ser cumplidas por el productor familiar. Pero esas actividades son tan escasas y efímeras que rara vez solucionan algo.

Otra búsqueda de soluciones se centra en los problemas comerciales, con “la intermediación” como chivo expiatorio. En este terreno son innumerables las iniciativas para que “los productos lleguen directamente desde las manos del productor a la mesa del consumidor”. En forma voluntarista se niega la importancia de los procesos de concentración, traslados, clasificación y distribución, buscando mecanismos que los evadan. Pero las leyes económicas se imponen, estas iniciativas en general acaban en la quiebra, o en uno o más productores que se dedican a realizar esos procesos -con las inversiones necesarias que deben rendir dividendos- y que a la corta o a la larga terminan convertidos en el mismo intermediario “parasitario” que se quiso eliminar.

Otro ámbito de búsqueda de soluciones para los pequeños productores, es el que se enmarca en lo que genéricamente se puede denominar “economía social solidaria”. En este ámbito se pueden identificar diversas iniciativas, como las de “comercio justo”, “consumo ético y responsable” y otras por el estilo, en general impulsadas por instituciones académicas u ONGs. En esencia, estas iniciativas tratan de hacer tomar conciencia a la gente respecto a que el acto de consumir –en general se refieren al consumo de alimentos- produce efectos sobre la sociedad en general y el conjunto del ecosistema, y que, por lo tanto, la elección de consumo no debe considerar únicamente nuestros gustos o preferencias personales, sino también el bienestar colectivo.

No son novedosos los intentos de organizar la sociedad sobre bases éticas, definidas, claro está, por el organizador. Esas buenas intenciones siempre se han chocado con la priorización del interés personal por sobre el colectivo, que parece estar en el código genético de la abrumadora mayoría de los mortales. El peligro está en que estos “organizadores”, cuando han tenido el poder para hacerlo, han regimentado la sociedad de acuerdo con sus ideas, sepultando los principios éticos que decían defender. Un remedio mucho peor que la enfermedad. Con todos sus defectos y errores, la libertad individual que se manifiesta en el mercado, el que, por supuesto, no le cierra las puertas a ninguna de estas iniciativas, es en definitiva lo que todos queremos, aunque la ideologización de los problemas pretenda mostrar una solución “mejorada”, que por lo general solo beneficia a la burocracia que se forma para administrarla.

Entonces, ¿qué hacer?

El de la producción familiar, como todo problema complejo, no tiene una solución simple. No se trata, por ejemplo, solo del “acceso a la tierra”. En los predios dedicados a los rubros intensivos, la tierra por lo general, sobra. Basta una recorrida por Canelones para ver los chircales que denotan el abandono. Inversa es la situación en los predios familiares extensivos, como los lecheros o ganaderos. Tampoco, como alguna gente sostiene, se realizan en los predios familiares actividades que aseguran la sostenibilidad  ambiental, lo que justificaría que el conjunto de la sociedad los subsidiara. Basta superponer los mapas de la agricultura familiar y el de la erosión en el Uruguay, para observar un alto grado de coincidencia. Los problemas ambientales se vinculan con el rubro y la forma de producción, no con el carácter familiar o empresarial del predio (ni con la nacionalidad del empresario, dicho sea de paso).

La realidad uruguaya no encuadra, desde nuestro punto de vista, con la premisa de que la producción familiar tiene una racionalidad propia, distinta a la de la agricultura empresarial, que le hace manejar en forma diferencial sus recursos para definir qué y cómo producir, integrando indisolublemente sus actividades económicas con las domésticas, tal como sostienen muchos autores [6] Seguramente fue así en otra época y en otras regiones, lo que determinaba que los campesinos tuvieran una “economía específica y singular”, pero eso no se corresponde con la realidad de nuestro país.

Es de público dominio que el agro uruguayo es netamente exportador, luego de abastecer totalmente al mercado interno en todos los rubros producidos. O sea que, luego de satisfecho un mínimo consumo predial, toda la producción compite en el mercado, y lo que es más importante, en el mercado internacional. La existencia de la “racionalidad diferente” entonces, solo podría ser posible si la producción familiar fuera un porcentaje muy menor dentro del total, en un agro muy competitivo como el uruguayo. Pero no es así, sino todo lo contrario. Veamos algunos números [7]

En la ganadería de carne y lana, que exporta el 80% y del 95% respectivamente de ambos productos, tenemos que el 79% de los productores son familiares, con el 26% de la superficie, aportando el 22% del VBP. En la lechería que exporta el 75% de lo producido, esos porcentajes son el 74, el 34 y el 27 respectivamente. En cereales y oleaginosos, cuyos porcentajes de exportación son muy variables pero podemos estimar en 30 y 80% respectivamente, los porcentajes anteriores son de 76, 29 y 13 respectivamente. La horticultura es la excepción por ser toda destinada al mercado interno, pero sus porcentajes son 88, 64 y 52% respectivamente.

Con esa importancia cuantitativa y ese grado de exposición a la competencia nacional e internacional, resulta evidente que lo que en Uruguay se llama “producción familiar”, se maneja con las mismas reglas del juego y racionaliza los procesos productivos con la misma lógica con que lo hace la producción empresarial, aunque a su interior sin duda hay problemas de escala (en rubros extensivos) y en general de capitalización, pero ni siquiera esto es generalizable a todos los productores familiares, muchos de los cuales poseen patrimonios que superan el millón de dólares.

Si este análisis fuera correcto, el corolario en el terreno de las políticas públicas, sería el de la ya mencionada necesidad de diferenciar el componente social del económico. El primero, cuando corresponda (productores muy chicos y todos los que estén por debajo de la línea de pobreza) que sean asistidos por el Mides con cargo a rentas generales, para que, si lo desean, se queden en el medio rural, conservando su cultura y su estilo de vida.[8] Pero el componente económico, debe regirse por las reglas del mercado, para mejorar su productividad y no ser una carga para el resto de la sociedad. Si el productor no es competitivo, mejor que de en explotación a un tercero, que sí lo sea, la superficie excedente a su “predio de subsistencia”, donde puede seguir viviendo (y produciendo para autoconsumo) pasando a ser prestador de servicios o asalariado rural. Conservará su estilo de vida, seguramente mejorará sus ingresos y disminuirá las angustias derivadas de depender de una explotación económicamente inviable.

 

[1] Se definía como tales a los de menos de 500 hectáreas Coneat, donde la mano de obra no supera los 4 trabajadores permanentes totales y por lo menos dos son familiares, y cuando el productor vive en el predio o a una distancia no mayor a 50 kms del mismo.

[2] Este hecho se enmarca en la priorización dada por el actual gobierno a toda la problemática vinculada con la producción familiar

[3] Comisión Económica Para América Latina, de las Naciones Unidas

[4] En el sentido dado generalmente como pequeño productor, no en base a  la relación entre mano de obra familiar y asalariada, que como se mencionó, no logra explicar el carácter más o menos capitalista de la explotación.

[5] Afirmación que debe ser cada vez más relativizada en las condiciones del Uruguay.

[6] Entre otros, consultar los trabajos incluidos en el volumen “El campo uruguayo: una mirada desde la sociología rural” de Chiappe M., Carámbula, M. y Fernández, E. (compiladores). UdelaR

[7] Extraídos de trabajos de Opypa-Diea en base al Censo General Agropecuario del 2000. No se incluyen datos del arroz porque, sorpresivamente, aparece sin ningún productor familiar (0%)

[8] Con la misma filosofía pero mucho menos recursos, que los de la política agrícola de la Unión Europea

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