La colonización de la mente

El País Agropecuario
Febrero del 2007

Introducción

El verbo “colonizar” tiene dos acepciones: 1. Formar o establecer colonia en un país, y 2. Fijar en un terreno la morada de sus cultivadores. En ambos casos denota la idea de ocupar algo vacío, territorio, predio o parcela, implicando la colonización una asociación directa entre el lugar de residencia del productor o colono y la producción agropecuaria por él desarrollada.

Dejando las consideraciones de índole semántica, la Ley que en 1948 creó el Instituto Nacional de Colonización (INC) estaba sin duda imbuida de este espíritu, asignándole al Estado la responsabilidad en la adquisición, administración, redimensionamiento y adjudicación de tierras a “productores para que se instalen en ellas con sus familias y las trabajen debidamente”. La residencia de la familia en el predio y “una racional subdivisión de la tierra” aparecen como condiciones ineludibles para “el aumento y la mejora de la producción agropecuaria”.

El contexto histórico

Viéndolo con perspectiva histórica, podría discutirse si a mediados del siglo pasado Uruguay necesitaba un activo proceso de colonización de parte del Estado para aumentar la producción agropecuaria. “La Suiza de América” como se le conocía en esa época, financiaba su acelerado proceso de crecimiento, redistribuyendo una porción importante del producto agropecuario (“excedente” en los enfoques de cuño marxista) que el Estado captaba a través de diferentes instrumentos de política económica, como tipos de cambio diferenciales, retenciones, detracciones y en general distintos impuestos a las exportaciones agropecuarias.

Con el estímulo de los excelentes precios de la posguerra para los productos agropecuarios, el sector mostraba un gran dinamismo. Lana y carne vacuna eran los pilares, pero también se expandían las áreas lechera y arrocera, y la agricultura de secano –promovida oficialmente, al igual que la granja- alcanzó a inicios de los años 50 un área de más de 1 millón de hectáreas[1].

Cuando los precios internacionales de los productos agrícolas empiezan a declinar a mediados de los años 50, el modelo entra en crisis y se instala el famoso “estancamiento” que, con altibajos, nos acompañó durante 4 décadas.

El problema

Entonces, si hace medio siglo ya era discutible la necesidad de la intervención del Estado para modificar las estructuras agrarias, porque con las estructuras existentes el sector crecía a pesar de transferir enormes ingresos al resto de la sociedad, y los problemas existentes debían buscarse más en el área macroeconómica, en las actuales circunstancias esa necesidad aparece como más cuestionable aún. Sin embargo la actual Administración ha definido a la colonización como uno de los ejes de su política agraria, y al INC como la herramienta idónea para llevarla adelante.

¿Por qué más cuestionable?  En primer lugar debe recordarse que, como enseña la definición de “Economía”, los recursos son escasos y los fines múltiples. A pesar de su escasez, los recursos que la sociedad uruguaya ha volcado a la colonización en abstracto y al INC en concreto, no son pocos.

Según denuncia su actual Directorio, “en los últimos 12 años las administraciones anteriores han propuesto 6 regímenes de refinanciación de adeudos de los colonos, los cuales no lograron disminuir los niveles de morosidad, y además, han mostrado un bajo nivel de adhesión y cumplimiento”.

En dicho período, el promedio de colonos que cumplieron con los pagos de las rentas y las refinanciaciones fue del 10%. Por otro lado, en estos 12 años el 36% de los colonos pagó sus rentas en fecha y no requirió refinanciaciones”.

Por otra parte, los niveles de las rentas que fija el INC, están sensiblemente por debajo del 50% de su valor de mercado, lo que representa, incluso si las cobrara todas (solo lo hace el 36%) otra importante forma de transferencia de recursos.  Con más de 500 mil hectáreas colonizadas puede concluirse que la sociedad uruguaya ha invertido en la colonización, a precios actuales, varios centenares de millones de dólares.

No existe ninguna evaluación que muestre que la inversión realizada haya tenido buenos resultados, tanto en lo productivo como en lo social. Además, existen fundamentadas denuncias de que un 80% de las asignaciones de tierras históricamente se han hecho en base a “amiguismo” o razones políticas y no técnicas ni de real necesidad social. Pero, como siempre ocurre, puede argumentarse, y de hecho el actual Gobierno así lo sostiene, que el instrumento es bueno, pero ha sido mal utilizado.

La discusión

Empezando por lo último, a esta altura tendría que estar fuera de discusión, de que ninguna colectividad política está vacunada contra el virus de la corrupción. Por lo tanto el suponer que el cambio de autoridades garantizará un funcionamiento transparente, es una hipótesis que el tiempo en general se encarga de desmentir.

No es un cuestionamiento a las personas que hoy dirigen al INC. Es un riesgo real en cualquier institución, más grave aún cuando se trata de una que, como el INC, tiene como función principal repartir bienes pagados por la sociedad a beneficiarios privados, en transacciones que pueden implicar un importante traslado de ingresos desde la primera hacia los segundos.

Pero más importante que esto ¿porqué el Estado debe intervenir en el mercado de tierras [2] para asegurar el acceso a la misma, como empresarios, a personas que, por tener origen rural aducen “vocación” productora? Con el agravante de que se trata de empresas que para ser competitivas deben ser cada vez más intensivas en capital. Esto resulta absurdo, de solo pensarlo, para cualquier otro sector de la economía. Imagínese a alguien golpeando las puertas del Estado argumentando que tiene “vocación hotelera” o “vocación informática” y que, por consiguiente, solicita se le otorgue un hotel o empresa de computación en usufructo o propiedad, a pagar en cómodas y muy subsidiadas cuotas.

La discriminación anti agro que significan las leyes que prohíben las sociedades anónimas o que aplican un impuesto del 5% a las transacciones de tierra, son tan criticables, a nuestro entender, como esta intervención donde una sociedad con enormes problemas de pobreza subsidia al sector más competitivo de la economía -aunque se trate de los empresarios “más pobres”  del mismo- para promover la colonización de la tierra, con su estructura burocrática y directriz correspondiente.

Y lo más importante de todo: los objetivos expresamente perseguidos por medio del proceso de colonización, es decir la subdivisión de la tierra, con radicación en la misma del productor y su familia, y el dirigismo estatal que impregna los 155 artículos de la Ley, están irreconciliablemente reñidos con lo que la experiencia de las últimas 4 o 5 décadas  y el inédito dinamismo actual de nuestro agro, demuestran en forma contundente.

Porque las escalas productivas eficientes son cada vez mayores debido al desarrollo tecnológico que así lo impone, porque la radicación en el predio del productor y su familia es generalmente no una garantía de eficiencia sino un castigo inútil, dado que el desarrollo de las comunicaciones no lo justifica y en las ciudades están las posibilidades de futuro (educación, salud, recreación etc) que su familia requiere, y finalmente, porque la renuncia del Estado a la intervención en muchos ámbitos de la economía agropecuaria, despejando el camino para la iniciativa privada, ha sido uno de los factores centrales que explican el inédito auge actual de nuestro agro.

Conclusión

Entre las innumerables funciones que la Ley le asigna al INC, figura la de la educación, con especial referencia a asociaciones con otras instituciones (como la UTU), incluso manejando fondos para becas en el país y el extranjero. Y el potencial que los recursos necesarios para la colonización tendrían si se los volcara a la educación, son incalculables.

Pongamos un ejemplo numérico. La compra de un predio de 5.000 hectáreas, donde crear 10 unidades productivas ganaderas de dudosa sostenibilidad económica, implicaría un gasto, en primera instancia, de no menos de 5 millones de dólares.

¿Cuántas escuelas técnicas se pueden crear y financiar con montos de esa magnitud? Escuelas técnicas que deberían radicarse en el interior, generando oportunidades de capacitación actualizada, entre otros, a los hijos de los pequeños productores que de lo contrario están condenados a empleos de baja calificación o a la marginación.

En vez de un productor pobre y atado a la tierra se crean muchos trabajadores calificados y libres, cada vez más demandados y mejor remunerados por el creciente dinamismo tecnológico del agro. Con el efecto multiplicador tanto en la economía como en la movilidad social que esto implicaría.

El cambio de rumbo en los principales lineamientos para el desarrollo de nuestra sociedad rural se hace cada vez más imperioso. Pero para lograrlo se requiere de una voluntad política muy difícil de generar. Porque la colonización de las mentes es mucho más difícil que la de la tierra.

[1] Superficie que recién volveremos a alcanzar probablemente este año. Pero en aquel entonces sin glifosato ni siembra directa, todo en siembras convencionales donde no era despreciable el aporte de bueyes y tractorcitos a querosene.

[2] Mercado de tierras que, por otra parte funciona con transparencia, con competencia entre oferentes y entre demandantes, con abundante información disponible para todo el mundo, seguridad jurídica etc.

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