Los mega emprendimientos – Primera parte

Forestación, Minería, Agricultura, Lechería… ¿y la Ganadería?

Rodofo Irigoyen
Junio de 2013

Los primeros cinco años post dictadura pasaron mientras “los zapallos se acomodaban en el carro”. Sobre el final de ese período, algunas políticas de Estado empezaron a delinearse en el país. Con unanimidad de los cuatro partidos se aprobó la Ley Forestal, plataforma de lanzamiento de una nueva fuente de riqueza y empleo para el país. Por la misma época se crea el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) consolidando una apuesta de largo plazo para la generación de conocimiento científico en un ámbito de gestión público-privada.

En la década siguiente, con éxito variado, se impulsaron importantes políticas de liberalización, se consolidó la política de sanidad animal llegando –en el acierto o el error- a la condición de país libre de aftosa sin vacunación, mejoró la inserción externa del país con la apertura de nuevos mercados, la producción cárnica, la lechería y la agricultura cerealera inician un proceso de crecimiento que se aceleraría y consolidaría en años posteriores.

Con el cambio de siglo, las crisis económicas llevan al “sinceramiento cambiario” regional (devaluaciones en Brasil, Argentina y Uruguay entre 1999 y 2002) lo que genera un salto de competitividad, frente al resto del mundo, de nuestro sector primario y sus cadenas agroindustriales. Este proceso se apoya y consolida por la reversión de la “tendencia secular al deterioro de los términos de intercambio” de los bienes primarios frente a los industriales, que empezaba a manifestarse. Fenómeno angular de nuestra historia económica reciente, liderado por el desarrollo económico de China.

Nuestra prolija salida de la crisis del 2002 fortalece la ascendente imagen internacional del país, lo que en sintonía con nuestra disponibilidad de recursos naturales, institucionales y humanos se convierte en un poderoso atractivo para la llegada de capitales y para las inversiones orientadas a nuestro sector primario y su agroindustria asociada.

En los últimos diez años estos capitales demuestran -una vez más pero ahora en nuestro país- que por encima de las definiciones ideológicas de los gobiernos, lo que define su elección del país en el cual invertir son las condiciones objetivas de largo plazo, como la seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica, el desarrollo institucional, la libertad comercial y financiera, además de los recursos productivos, ya sean naturales, humanos y de infraestructura.

En este contexto, durante la primera década del nuevo siglo se vigorizan y consolidan los procesos de crecimiento de diferentes producciones primarias con sus industrias de primera transformación asociadas. Inversión extranjera, incorporación de tecnología, reinserción en ampliados mercados externos, aumento de las escalas de producción, trabajo en redes, demanda ampliada de insumos y de servicios asociados a la producción principal, movilidad laboral -con sus posibilidades y sus marginaciones- pasan a ser, en forma inédita para nosotros, parte cada vez más relevante de nuestra realidad productiva agropecuaria.

Y dentro de esos temas, los más recurrentes son los de las ventajas (económicas) y las eventuales desventajas (sociales y/o ambientales) de este dinamismo, las comparaciones entre las diferentes cadenas, porqué algunas se desarrollan más rápido y otras más lentas, porqué algunas fases de la cadena reaccionan y otras no lo hacen, porqué, más que ampliar la base primaria, no se agrega más valor mediante la industrialización de esos productos primarios. A continuación se discutirán algunos de estos asuntos.

Forestación

 La Ley Forestal ya mencionada, ha cumplido 25 años. En este cuarto de siglo ha impulsado el desarrollo sectorial, inicialmente con el apoyo económico para la instalación de las plantaciones, más adelante tratando de generar condiciones atractivas para las inversiones industriales.

En ambos planos se definen subsectores diferenciados: las plantaciones de distintas variedades de eucaliptus y pinos a nivel primario, y a nivel secundario la industria del  aserrado, la de los paneles y la de pasta de celulosa. Con “subproductos” como la leña y los residuos forestales como eventual insumo energético, y el pastoreo con vacunos de las áreas no forestadas de los predios (caminos, cortafuegos).

Los suelos de prioridad forestal están mayoritariamente alejados de los puertos o zonas ribereñas adecuadas para la instalación de las plantas industriales. Esto, sumado al hecho de que la madera es un producto de bajo valor por unidad de peso o volumen, vuelven al transporte y los fletes en temas determinantes de la competitividad del sector.

Esto por supuesto que ya se sabía en 1990, y el BID ya en esa época había puesto a disposición del país los recursos para la renovación total del ferrocarril desde Rivera a Fray Bentos, pero esto quedó en el nivel de proyecto, porque ningún gobierno supo o pudo llevarlo adelante, en gran medida por la activa oposición del sindicato de AFE y el Pit-Cnt, contrarios a cualquier forma de privatización o participación del capital extranjero o simplemente privado en dicha renovación [1]

La historia de la forestación en el país está además jalonada por los conflictos ambientales. Los mismos sectores “ambientalistas” que reclamaban forestación como “asignatura pendiente” de los empresarios rurales en las décadas previas a la Ley, adoptaron una posición anti forestal cuando la misma fue llevada adelante por empresas extranjeras.

La “guerra” desatada desde Gualeguaychú (con apoyo de algunos sectores nacionales vinculados al gobierno uruguayo) fue la peor expresión de la ideologización de las cuestiones técnicas y productivas que poco o nada tienen que ver con la ideología, y que tan enormes costos han tenido y siguen teniendo para el país.

La experiencia ha demostrado que los temores (o pretextos) ambientales eran infundados, tanto a nivel primario como industrial, aunque la información técnica que lo prueba no pueda publicarse para no molestar a vecinos irritables.

Las características técnicas de estas industrias, determinan que las plantas de procesamiento deban ser de gran porte, para generar las economías de escala imprescindibles para un funcionamiento económicamente viable de las mismas.

Esto, junto al largo de los ciclos biológicos forestales (como mínimo de diez años) obligan a que las empresas, para asegurarse el suministro de materia prima a lo largo del tiempo, deban forestar escalonadamente muchas decenas de miles de hectáreas. Solo grandes empresas extranjeras pueden encarar estos mega emprendimientos que implican inversiones de miles de millones de dólares. La extranjerización y la concentración no son por lo tanto consecuencias indeseadas de la forestación, sino condiciones imprescindibles para su sano desarrollo.

La crisis económica e inmobiliaria del 2008 en el mundo desarrollado, afectó drásticamente a la industria de los paneles, exportados para la construcción de viviendas, impactando también, aunque en menor medida, en la de celulosa. Ante esta situación de crisis de la industria, y el mantenimiento del proceso de valorización de la tierra, la gestión de las tierras y los bosques se ha convertido en el centro del negocio para la generación de valor, pasando la fase industrial –en particular la de paneles- a cumplir un papel instrumental. En la crisis, el sector se recuesta sobre el “refugio competitivo” de su fase primaria.

Las grandes inversiones industriales (Botnia-UPM en la década pasada, Montes del Plata en la actual) cierran el circuito productivo procesando la madera de los montes ya instalados, pero el conjunto de estos no se ha expandido en los últimos diez años, manteniéndose en algo menos de un millón de hectáreas, equivalentes a la cuarta parte del total del área de suelos de prioridad forestal definidos en el país.

Minería

Ya en la década del 60 el profesor Jorge Bossi informaba en relación al hierro, que “el Uruguay posee yacimientos de volumen importante…el principal yacimiento se encuentra en la cuenca del arroyo Valentines en el extremo noreste de Florida… Otro yacimiento no estudiado se encuentra en los alrededores de Zapucay, en Rivera…con un volumen igual o mayor que el de Valentines. El estudio geológico (de este último) ha permitido probar que existen 19 millones de toneladas de mineral con el 38% de hierro… Todo lo expuesto indica claramente que el yacimiento de mineral de hierro de Valentines constituye una meteria prima que puede ser explotada con enormes beneficios para el país” [2]

Hace ya medio siglo, las conclusiones de los estudios geológicos del técnico nacional de mayor calificación en el tema, eran terminantes. Los enormes avances tecnológicos y la revalorización de las materias primas, seguramente  hacen que aquella explotación sea actualmente mucho más atractiva, y el interés de grandes empresas extranjeras no hace más que ratificarlo. El Uruguay no puede darse el lujo de seguir despreciando esa riqueza natural disponible en su subsuelo.

En la discusión de estos temas, es necesario que el país –principalmente por intermedio de su clase política- defina con claridad y sus ciudadanos acepten cabalmente, dos o tres asuntos claves para el desarrollo. El primero y elemental es que, aunque los intereses particulares son muy respetables, cuando entran en conflicto con los nacionales, estos son más importantes y deben privilegiarse.

Sobre este principio general, dos temas concretos que están sobre la mesa: en primer lugar, el de los predios rurales en la zona de los yacimientos mineros. Los predios rurales de la zona, según operadores locales, han aumentado su valor desde la presencia de Aratirí. O sea que el que quiera salir de la zona, lo hará con ganancia. Si quiere quedarse, podrá cobrar una renta o canon sobre el valor de lo exportado o se puede asociar a la explotación minera, en ambos casos con un resultado económico muy superior al actual que le brinda la ganadería de la zona.

Pero claro, no todo es plata. Cambia el estilo de vida, y a la mayoría de la gente no le gusta. Pero se hacen afirmaciones descabelladas sobre las consecuencias de la explotación minera, sobre la ecología, sobre la topografía, se habla de cráteres y catástrofes ambientales, cuando todos esos aspectos productivos pueden ser definidos y acordados con la empresa minera, con el consiguiente control de las instituciones involucradas: ministerios, intendencias, organizaciones de productores, etc.

En segundo lugar, la problemática vinculada con los terrenos o viviendas en la zona costera donde se ubicaría el puerto de aguas profundas, que además de dar salida a la producción minera, tiene interés estratégico para el desarrollo, en el este y noreste del país, de otras cadenas agroindustriales, como la forestal y la agrícola.

Si están los estudios hechos y sus conclusiones son sólidas, la oposición de los tenedores de predios sobre la costa donde se deba instalar el puerto de aguas profundas, no puede ser motivo de demoras indefinidas en la toma de decisión para llevar adelante el proyecto. Lo que no quiere decir que sus derechos sean desconocidos o no se les respete, pero esto debe ser así solo en el plano en que corresponde, el de las expropiaciones e indemnizaciones. Los intereses directos de unas decenas de vecinos no puede anteponerse a definiciones estratégicas para el desarrollo sostenible del conjunto del país.

Un segundo plano de oposición a la minería, se centra en el hecho de que se trata de recursos no reproducibles, que una vez extraídos y vendidos, “no queda nada”. Bueno, pues así es la minería. Lo mismo pasaría si encontráramos petróleo. Cuando se termina, se termina. Aunque siempre las estimaciones iniciales se quedan cortas, porque el desarrollo tecnológico abre nuevas formas de explotación. Pero lo importante es que en las décadas que dura, se crea mucha riqueza y se generan nuevas actividades productivas que coadyuvan al desarrollo sostenible del país.

Claro que estos mega emprendimientos mineros, requieren de una escala tecnológica y económica gigantescas, absolutamente impensables para su realización por empresas locales. Y por supuesto que extraer, purificar y llevar por tierra a 200 km de distancia muchos miles de toneladas de un mineral que forma parte de las rocas del subsuelo, no se puede hacer sin afectar el ambiente. En ninguna parte del mundo. La afectación del ambiente es una consecuencia inherente a todo proceso productivo, pero es también un concepto relativo y manejable, que no debe resolverse mediante la dicotomía maniquea de “contamina” o “no contamina”.

Pero acá se manejan los conceptos de “extranjera”, “concentrada” y “contaminante” como si así se pudiera denostar a la empresa minera. Los dos primeros conceptos son inherentes al tipo de emprendimiento. El tercero no es absoluto, es relativo, y si se puede pactar y controlar como se hace en muchos países desarrollados exportadores de hierro –Australia y Sudáfrica quizá sean los más importantes- no se entiende porqué acá no seríamos capaces de hacerlo.

Un argumento muy atendible es el de la incapacidad técnica del Estado para negociar y controlar todos estos temas, que los desconoce porque son nuevos en el país. Pero se debería estar invirtiendo en esto, fortaleciendo a la Dinama, generando capacidades mediante la contratación de técnicos del exterior etc.

Lo que no es de recibo es el argumento de la imposibilidad económica de hacerlo. Con una ínfima porción de lo que Ancap gasta en Alur o Antel va gastar en construir estadios polideportivos –cosas que, de necesitarse, los privados harían mejor y más barato- se podrían financiar estas actividades, donde la participación del Estado sí es indispensable e insustituible.

Agricultura

Mucho se ha escrito en este medio sobre la revolución que experimentó la agricultura durante la última década en nuestro país, y de sus beneficiosos efectos sobre el conjunto de nuestra economía. Sintéticamente, el desembarco luego del 2002 de las más eficientes empresas agrícolas argentinas, con un bagaje de recursos –tecnológicos, gerenciales, financieros- poco frecuente hasta ese momento en nuestro país, lideró un cambio de paradigma en lo que a producción de cereales y oleaginosos se refiere.

La agricultura de secano, tradicionalmente restringida al litoral y al sur del país, se extendió, liderada por la soja, hacia el centro y el noreste. Y como natural extensión,  generó la mejora del ingreso y del empleo en todo el país, pero en particular en zonas del interior con menores oportunidades de desarrollo.

Claro que nadie escapa al pago de “derecho de piso”, y los argentinos cometieron errores por el traslado mecánico de su sistema productivo a una realidad diferente como la uruguaya. Pero andando se aprende, y en el intercambio con técnicos y productores uruguayos, se fue afinando una tecnología nacional, principalmente para soja, trigo y maíz, que paulatinamente viene consolidando un aumento de la eficiencia global de los cultivos.

En una década la producción de granos se cuadruplicó -pasando de 1,5 a 6 millones de toneladas- al principio solo por aumento del área, en los últimos años también por aumento de los rendimientos, siendo la soja el motor indiscutido de este dinamismo. Pero el impulso se frenó, y hay señales de retroceso, aunque los precios de los granos sigan en los máximos históricos.

Porque a la rampante escalada de los costos se sumó, primero el intento y luego la concreción, de experiencias impositivas que todos creían perimidas, y que el discurso oficial había descartado. Como si los costos energéticos y las carencias de infraestructura de transporte, almacenamiento y embarque fueran bajos, se resucita el impuesto al patrimonio (solo al rural, se entiende) que a las grandes empresas agrícolas le representa un costo adicional de millones de dólares anuales.

El objetivo se explicita: combatir la extranjerización y la concentración de la producción. No importa que estas empresas “entierren” en nuestro territorio más de mil millones de dólares anuales, sometiéndolos a los avatares bursátiles, del clima o de “la interna” del gobierno. Enorme inversión que se derrama sobre el Uruguay profundo, mejorando ingresos, generando nuevos servicios y actividades de apoyo, dando trabajo a talleres, transportistas y estaciones de servicio, pagando impuestos y servicios públicos monopólicos, haciendo crecer nuestras exportaciones como nunca antes habían crecido.

La pequeña producción nacional, que nunca generó estos impactos porque su dimensión económica no lo permite, se erige como el ideal perdido a recuperar. Por eso los grandes emprendimientos son hostigados, porque se los visualiza como la expresión más exitosa del capitalismo en el agro. Y esto es ideológicamente inaceptable para gran parte del partido de gobierno.

Lechería

El desarrollo de la lechería y de la industria láctea también ha sido  tratado con frecuencia en esta revista. Este complejo agroindustrial muestra un dinamismo de larga data en el país, pero la explosión de la demanda asiática por alimentos, y dentro de ellos, por los de contenido proteico de calidad, ha sido determinante del crecimiento del volumen producido a lo largo de la última década. Crecimiento que simultáneamente ha generado los problemas ambientales derivados del manejo de efluentes, que han tomado estado público últimamente.

Como es sabido, la demanda externa es condición necesaria pero no suficiente. Este incremento de demanda agregada encontró en nuestro sector lácteo un desarrollo institucional, un acervo tecnológico y una experiencia productiva de “saber hacer las cosas” que fueron determinantes de la expansión de la producción

El auge agrícola de la última década significó una dura competencia por el uso de las mejores tierras de las zonas lecheras, pero simultáneamente tuvo un efecto simbiótico al mejorar la productividad de los granos forrajeros y con ella el abaratamiento de la base para la producción de alimento animal para los tambos.

Como se mencionó para la agricultura, también en la lechería el traslado mecánico de modelos desarrollados para otras realidades, generó problemas, a veces graves, en su puesta en práctica en nuestro país. El caso más notorio ha sido el NZ Farming System, en Rocha y otros departamentos, con una muy fuerte apuesta a la producción de leche en base a pasturas regadas.

Otro mega emprendimiento en desarrollo, con un nivel de diversificación importante, es la del empresario argentino Bulgheroni, en Durazno, que incluye una planta de leche en polvo y varios subproyectos en el área de la energía. Tiene en común, con la tendencia actual de Conaprole y otras empresas, de no avanzar más allá del primer e imprescindible nivel de industrialización para la exportación: la leche en polvo.

El no avanzar más en la cadena de valor, esta tendencia a la “primarización” de la producción, no es más que la lógica adaptación microeconómica a  las condiciones macroeconómicas del país. En la ecuación productiva, incluir más empleo, más energía, más tarifas, más impuestos, no agregan valor en relación al producto final obtenido, más bien lo sustraen, haciendo que el proceso en cuestión se vuelva económicamente inviable.

Los políticos y los académicos que desconociendo los procesos productivos, reclaman sin más el “agregado de valor” en las cadenas agroindustriales, deberían experimentar en carne propia el resultado económico de intentarlo. Quizá así las cuentas les resultarían más fáciles de entender.

 

Escrito en la segunda semana de Junio

 

[1] El sindicato de AFE llegó a impedir un remate de chatarra del ferrocarril aduciendo que implicaba una pérdida de soberanía para el país

[2]  “Recursos minerales del Uruguay” Jorge Bossi Colección “Nuestra Tierra” 1969

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