No me defiendas compadre

El País Agropecuario
Septiembre del 2009

Fueron vanguardia bravía
 y hoy cubren la retirada,
son los de cruza atigrada
la flor de la gauchería,
los honra la bizarría
de pelear por un vencido,
al que acusan de bandido
por pretender, denodado,
que’l criollo más desgraciado
 fuera el más favorecido. 

“Cimarrones”

Osiris Rodríguez Castillos

Desde el fondo de nuestra historia, desde la médula de nuestra poesía épica, el hombre de campo uruguayo ha alternado su existencia entre la victoria y la derrota, entre la esperanza y la desolación, entre la prosperidad y la miseria. Gaucho, criollo, paisano, canario; asalariado rural, tambero, chacrero, pequeño productor. Con el paso del tiempo y los cambios de su ubicación en una sociedad también cambiante, su denominación se ha ido modificando. Pero siempre con un denominador común: la de ser un ciudadano de segunda categoría frente a su compatriota de origen urbano: empleado, funcionario, empresario, “dotor”.

Puede y debe rendir más

La dotación de tierra fértil [1] por habitante que tiene el Uruguay, es probablemente la más alta del mundo. Esos recursos naturales –además de la tierra, agua abundante, clima templado, y también mar territorial rico en pesca- son particularmente aptos para la producción de alimentos y materias primas agropecuarias, en un mundo cada vez más poblado, con mayor poder de compra,[2] y más demandante de los mismos. A partir de esta caracterización general, parecerían estar dadas las condiciones para que el nuestro fuera un país económicamente próspero, socialmente justo y ambientalmente sostenible.

Pero hay una condición necesaria, aunque no suficiente, para que ese potencial se vea realizado: la integración en un proyecto de país, que tanto en lo político, como en lo socioeconómico y lo territorial, aúne esfuerzos detrás del objetivo común del desarrollo, en el más amplio sentido del término. Las primeras 8 décadas de vida independiente se nos fueron en dirimir nuestros conflictos políticos intestinos. Cuando a inicios del siglo pasado la paz quedó formalmente consolidada y el territorio claramente definido y políticamente unificado, las condiciones para el desarrollo parecía que estaban, finalmente, aseguradas.

Pero los cimientos de esa construcción no eran todo lo sólidos que se requería: la unidad territorial ocultaba una falla que dividía socialmente a la ciudad del campo, al generar posibilidades de desarrollo muy disímiles entre ambas realidades. Un sector agropecuario económicamente competitivo que veía condicionado su desarrollo por un creciente macrocefalismo capitalino, por una ciudad-puerto captora y administradora de la mayor parte de la riqueza que el país generaba, quedaba cada vez más marginado en sus posibilidades de acceso a los frutos del desarrollo, que, como nadie, ayudaba a generar. El enfrentamiento entre la ciudad y el campo, nuestra “maldición de Malinche” quedaba instalada, y seguiría consolidándose a lo largo de todo el siglo 20.

Matemáticamente, tenemos posibilidades

Ha transcurrido un siglo desde entonces, y no le encontramos la vuelta, los uruguayos, para sacar adelante un proyecto-país que parta de esa verdad incontrastable: ese proyecto debe ser integrador del conjunto de la sociedad, igualador de oportunidades     -en la medida de lo razonablemente posible- para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar o condición social de procedencia. Mucho más exitosos hemos sido en la búsqueda de sustantivos o adjetivos con los que denominar o calificar a las buenas intenciones: proyecto integrador, descentralizador, igualitario, liberador, holístico, inclusivo, con perspectiva de género, con enfoque territorial, progresista, batllista, nacionalista, etc.

En todos los partidos políticos ha habido, y hay, gente con buenas intenciones, pero todos sabemos que con eso no alcanza. Las buenas intenciones pueden ser genuinas, pero otras veces se parecen demasiado a la caridad, a la dádiva, al reparto populista o al clientelismo con fines electorales. Ahora bien ¿es viable, es razonablemente esperable, que estas “malas prácticas” se eliminen, dejen de ser usadas en un sistema libre y democrático como el que disfrutamos? Es obvio que no, que esperar eso es una utopía sin ningún correlato con la realidad. Y más obvio aún, que cualquier otro sistema, que exista o haya existido, es en todo sentido peor que la democracia. Por lo tanto debemos convivir con esas prácticas demagógicas. Nuestra obligación es tratar siempre de identificarlas y no dejarnos engañar por ellas, a riesgo de convertirnos en cómplices.

La inminencia de las elecciones nos lleva a recapacitar sobre estos asuntos. Un nuevo acto electoral enmarcado por un contexto externo inédito en, por lo menos, el último medio siglo. E inédito no porque nuevas crisis o incertidumbres nos acechen, sino por el optimismo con que necesariamente tenemos que mirar el futuro. Hoy, como nunca antes, el mundo demanda y está dispuesto a pagar en forma creciente, aquellos productos para cuya producción el Uruguay tiene las mayores potencialidades.

En las elecciones anteriores este proceso ya estaba en marcha, pero era aún incipiente y no había certeza respecto a su duración. Pero siguió creciendo a partir del 2005. La mayor crisis financiera mundial de las últimas décadas solo le ocasionó un tropezón, del cual en un año, en general, [3] se ha recuperado. Y hoy todos los analistas coinciden en que, con los altibajos propios de todo proceso de crecimiento, la demanda por nuestros productos de exportación de origen agrícola será creciente durante, al menos, los próximos 15 o 20 años. La fuente de ingresos para un financiamiento genuino de nuestro desarrollo, está en nuestras manos. Esta vez, si fracasamos, no tendremos a quién echarle la culpa.

Podemos salir jugando

Transcurrida casi toda la primera década del s XXI, la historia nos ha dado tiempo para que la aprendamos: el Estado tiene que intervenir para tratar de igualar, en la medida de lo posible, las condiciones de partida, no para emparejar, hacia abajo, los resultados de la llegada. Llevamos un siglo de políticas de pretendida defensa de la sociedad rural, que se han enfocado a tratar de evitar lo inevitable, en lugar de capacitar a esa sociedad para adaptarse, en forma proactiva, a los nuevos escenarios derivados de esos procesos.

El ejemplo paradigmático es la actitud a adoptar ante el avance tecnológico. Nada más negativo que tratar de evitarlo. En primer lugar porque es una batalla perdida de antemano. Pero principalmente, porque el balance entre sus efectos positivos y negativos es ampliamente favorable a los primeros. Más riqueza generada y distribuida en el país, lo que genera mayor poder de compra interno y externo por aumento de las exportaciones, aumento de la demanda de servicios y dinamización hacia atrás y hacia adelante de las cadenas agroindustriales, generación de empleos de creciente calificación y retribución, son solo los titulares de algunos capítulos del crecimiento agropecuario. Los riesgos de exclusión social y de vulnerabilidad ambiental, los principales que están en el otro platillo de la balanza.

Pero estos dos asuntos también deben ser relativizados, o incluso refutados, según la biblioteca que se consulte. Con la expresión “exclusión social” se hace referencia a la marginación de la actividad productiva de trabajadores –generalmente de menor calificación- o empresarios –generalmente de menor escala productiva o tecnológica- derivada del avance tecnológico y su consecuente aumento de la productividad del trabajo (es decir menor número de trabajadores) y también de la escala productiva (menos empresarios, de empresas más grandes).

Pero también es cierto que, como ya se dijo, el dinamismo productivo abre nuevas oportunidades de empleo, con mayor calificación y mejor remunerados, genera servicios de apoyo a la producción y nuevas actividades que pueden más que compensar la marginación antedicha. Claro que para esto mucha gente tiene que generar nuevas habilidades, cambiar de estilo de vida o de lugar de residencia, con todo lo que ello implica.

En lo ambiental, el fantasma del monocultivo recorre cátedras y despachos. El término en sí mismo no implica nada: son monocultivos los cítricos, diversos frutales, la vid, la caña de azúcar, la producción forestal, parcialmente el arroz. Algunos tienen  críticos y enemigos, pero no por esta causa. Claro que en el caso de plantas anuales como cereales y oleaginosos, la cosa es diferente, porque el cultivo continuo genera riesgos ambientales. Felizmente el país cuenta con respuestas tecnológicas que permiten eliminar –sí, eliminar, en el rango de lo razonable- esos riesgos. La controversia se plantea en el plano económico, ya que puede ocurrir que la maximización del ingreso no se compadezca de esas prácticas conservacionistas y exija, por ejemplo, un cultivo de soja tras otro, lo que puede aumentar, en mucho, el riesgo de erosión, problema que cuando se presenta, provoca la irreversible pérdida del recurso natural suelo, un grave problema para el agricultor y para el país.

Lo primero a convenir es que la moderna agricultura, que prácticamente no remueve el suelo, que usa transgénicos, que requiere de menos agroquímicos y energía por unidad de producto, que usa con mayor eficiencia el suelo y el agua, es mucho más amigable con el ambiente que la vieja, que era todo lo contrario. De nuevo: bienvenido el avance tecnológico. Pero esto no quiere decir que modernos agricultores no puedan hacer desastres, y a veces los hacen. En todos los cuadros hay jugadores mejores y peores. El punto a discutir es otro: en muchas cabezas anida el prejuicio –añejo si los hay- de que el empresario rural tiene, digamos, “capacidades diferentes”.

En este caso se trataría de una miopía que no le permite discernir que es lo que más le conviene, lo que lo lleva a descuidar el uso del recurso más escaso, y por consiguiente más caro (curiosamente, en simultáneo se lo acusa de ganar mucho dinero). En el contexto nacional e internacional actual, la tierra es un recurso cada vez más escaso y por consiguiente cada vez más caro,  tanto si es en arrendamiento, como si es en propiedad (por el costo de oportunidad). Por lo tanto, el agricultor, si es racional –como su capacidad de generar riqueza lo sugiere- es el primer interesado en conservarla, se trate de tierra propia o ajena.[4]

Felizmente (de nuevo) los técnicos más capacitados y con mayor independencia de criterio coinciden en que: 1) la rotación del cultivo de soja con cereales, cultivos forrajeros y/o pasturas, minimizan los riesgos de erosión derivados de aquel, y 2) que el cultivo continuo de soja es económicamente inviable, siendo necesario, para cerrar la ecuación económica, complementarlo con cultivos cerealeros intercalados.[5] O sea que el mejor resultado económico se obtiene con una opción productiva que no genera necesariamente un deterioro ambiental. Riesgos existen, como siempre que se hacen cosas, pero los mismos no implican que debamos frenar el desarrollo productivo actual. Y lo que vale para la agricultura, con más razón es válido para los otros rubros y sus interacciones positivas: con la ganadería, con la lechería, de estas con la forestación, etc.

Creer en nosotros mismos

“No me defiendas compadre…” dicen los mexicanos cuando la supuesta ayuda se sabe contraproducente. Que no se preocupe el Gobierno que estamos por elegir, de “ayudar” al campo, diciéndole que cosa le conviene, lo que debe hacer y como hacerlo. Simplemente, que deje de subsidiar a medio mundo con el atraso cambiario, o hasta los tomadores de cerveza con el precio de los combustibles, o que no obligue a exportar impuestos. O que los trámites ante una oficina pública no sean eternos, o absurdos. Y mucho menos que juegue de productor, sea de azúcar, carne o etanol, está probado que no se adapta al puesto.

Que cumpla sí, con eficiencia y coherente estabilidad en el rumbo, las tareas que le son inherentes. Que haga o de en concesión las imprescindibles obras de infraestructura, de modo que las vías de comunicación realmente comuniquen, que promueva la apertura de nuevos mercados, consolidando y mejorando nuestros estatus sanitarios, y un largo etcétera. Pero sobre todo, que impulse la educación, exigiendo resultados, a los niveles básicos, intermedios y profesionales, pero muy principalmente a nivel técnico y en todo el territorio, la mayor carencia actual en nuestro país. Es la forma en que los riesgos se convierten en oportunidades. Para que dejemos de decir que “merecimos ganar”, y volvamos a ser los mejores, como lo éramos hace más de medio siglo.

 

[1] Uruguay dispone de 5 hectáreas per cápita, el promedio a nivel mundial es de un cuarto de hectárea, es decir unas 20 veces menos.

[2] El mayor poder de compra es más que proporcional al aumento de la población, por la mejora en los ingresos en sectores que destinan gran parte del mismo a la compra de alimentos. Solo en China en los últimos 20 años, 300 millones de personas dejaron de ser pobres.

[3] La excepción más notoria es la de los lácteos, y otros productos como los forestales y los cueros, cuyos precios han sufrido una caída más abrupta, y su recuperación demandará un mayor período de tiempo.

[4] Solo cuando la tierra abunda y es muy barata, alguien se puede dar el lujo de destruirla y trasladarse a otro lugar. Eso ocurrió en la “conquista” del Lejano Oeste en EEUU y en el Río de la Plata en siglos anteriores.

[5] Ver trabajos del especialista en Suelos y hoy Decano de la Facultad de Agronomía, Fernando García Préchac y del Director del Programa de Sustentabilidad Ambiental del INIA, Jorge Sauchik

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