¿Se acuerdan de la boya?

El País Agropecuario
Mayo del 2006

Los veteranos seguro que sí. Como olvidar aquellas heroicas gestas de oposición a la instalación de la boya petrolera de Ancap. Manifestaciones, paros, escritos, discursos, denunciando el atropello que se avecinaba. Igual se instaló, no lo pudimos impedir, nuestra lucha fue vana. Pero aclaremos, porque los más jóvenes quizá ni lo sepan, que Ancap tiene un gran depósito flotante que se encuentra en el Río de la Plata, a la altura de José Ignacio, donde se descarga el crudo traído por grandes petroleros. “La boya” se conecta a la costa por un oleoducto que luego viene por tierra hasta la planta de refinado  cita en la bahía de Montevideo.

¿Y porqué nos oponíamos? Sobraban los motivos, pero casi todos giraban en torno al designio imperial que no dudábamos estaba detrás del proyecto. Las “siete hermanas” [1] en su afán de apoderarse del mercado uruguayo, promovían una estrategia de aprovisionamiento que nos haría dependientes de los superpetroleros que conformaban sus flotas de transporte [2], avasallando nuestra soberanía.

Era preferible seguir aprovisionándonos por medio de barquitos –alguno hasta podía ser nuestro- que entraban y maniobraban dentro de la bahía descargando directamente en la refinería, aunque el más elemental cálculo económico demostraba que esa estrategia era suicida, por el crecimiento exponencial de los costos de transporte que la misma implicaba.

Y también implicaba muchos mayores riesgos ecológicos, pero los opositores que defendíamos “la soberanía” le adjudicábamos esos riesgos precisamente a la boya, que asegurábamos en breve plazo terminaría con las playas de Punta del Este y alrededores.

No se si antes o después, pero por esos años, también nos opusimos terminantemente a la construcción de la ruta 26, que con el burdo pretexto de unir transversalmente el incomunicado norte uruguayo, en realidad preparaba el terreno para facilitar la inminente invasión que la dictadura brasileña tenía planeada, para el caso de que prosperaran en nuestro país los avances electorales de la izquierda. Todo el plan urdido por, o con el beneplácito de, el enemigo de siempre, que resulta ocioso nombrar.

También por aquellas épocas –estoy rememorando los míticos años sesenta- los que estábamos desembarazándonos del embarazoso asunto de la adolescencia, hacíamos flamear otra bandera: la de la forestación.

No adolecíamos de argumentos: el Uruguay era un país sin árboles [3], y eso, además de privarnos de una materia prima básica como la madera, que debíamos importar en su casi totalidad, aumentaba los riegos de erosión de los suelos, no proveía de abrigo y sombra al ganado, y hasta desde el punto de vista del paisaje, era lamentable.

A los culpables los teníamos identificados sin sombra de duda: los estancieros ociosos que, dado que vivían en la abundancia no se preocupaban de esas mejoras básicas para sus predios, y fundamentalmente, el Estado, omiso en la generación de políticas públicas que promovieran –o mejor obligaran- a forestar.

 

Los años setenta y principio de los ochenta nos enfrentaron a dramas mucho más tangibles e inmediatos y las luchas –con otros signos, con diversos ímpetus- discurrieron por  otros andariveles, pero ese es otro tema. Hasta que a mediados de los ochenta recuperamos el funcionamiento democrático y con él la posibilidad de expresarnos libremente, cada cual en defensa de su verdad.

Con el regreso de la democracia nos invadió una sensación de modernización y optimismo. Como una expresión de esa modernidad se planteó la instalación de las centrales digitales, imprescindibles para incluirnos en el grupo de países que empezaban a incorporar la revolución tecnológica de las comunicaciones.

Y de nuevo la oposición: porque la tecnología obviamente la proporcionaba una transnacional (¿quién sinó?) y por el paleolítico argumento de los empleos directos que se perdían. Era preferible conservar algún centenar de empleadas en las centrales manuales, que conectar al país con el mundo, con los miles de oportunidades y empleos que ello generaría.

A fines de esa década un hecho probablemente inédito –con excepción de algún homenaje o cosa por el estilo- ocurre en el Parlamento. La unanimidad de los legisladores de los cuatro partidos con representación parlamentaria, aprueba una Ley Forestal que promueve con quitas impositivas e incluso subsidios directos, la forestación con determinadas especies y en determinados tipos de suelos.

Pero pronto surge la oposición a la misma, fundamentalmente de parte de la misma gente que antes criticaba la falta de árboles. Porque había especies que no deberían estar, ya que supuestamente atentan contra los recursos hídricos del subsuelo, o porque se incluían tipos de suelos que no deberían ser forestados, etcétera.

Como el negocio se suponía rentable y estamos en un país de economía abierta, pronto aparecieron los inversores extranjeros que en poco tiempo se convirtieron en los principales forestadores. La globalifobia entonces pudo expresarse en plenitud, ahora con un discurso de “defensa del medio ambiente”.

Entre otras novedades, con los años noventa arribaron a nuestras costas dos fenómenos ya bastante conocidos en los países más desarrollados: los transgénicos y la privatización de las empresas públicas: léase, dos nuevos inventos del enemigo externo para continuar con la imperial succión de nuestras venas abiertas.

Los “organismos genéticamente modificados” solo pueden ser producidos por grandes empresas transnacionales capaces de realizar las gigantescas inversiones necesarias en investigación y desarrollo, y tener la capacidad de esperar durante muchos años para que las mismas maduren y se vuelvan redituables. Y como no se discute que “las transnacionales” son intrínsecamente perversas, nos oponemos.

En el caso de las semillas para los cultivos agrícolas que alimentan a la humanidad, esas mismas empresas son las que desde hace décadas producen las versiones tradicionales (variedades, híbridos, etcétera) alternativas a las transgénicas, hecho que, si lo analizamos con el enfoque binario de “blanco o negro” no tendría sentido, implicaría invertir en la destrucción del negocio propio.

Por otra parte, durante décadas nos opusimos al atentado al ambiente que implicaba el uso masivo de agroquímicos para el control de plagas agrícolas, uso cuya disminución radical es uno de los principales resultados de la utilización de los transgénicos.

Otro tanto puede decirse respecto a la utilización más eficiente que los transgénicos hacen del agua y de los suelos, factores productivos cuyo uso también ha estado preñado de pronósticos de corte malthusiano.

Curiosamente quienes fomentan el temor hacia los cultivos transgénicos –quizá, junto con el desarrollo de la electrónica, la mayor revolución tecnológica del último siglo- nada dicen del uso de los mismos en la fabricación de medicamentos, en los que el 80% tiene algún componente genéticamente modificado.

 

Quizá algún líder globalifóbico diabético, que no tiene más remedio que usar insulina transgénica porque es la única que existe, ordenó guardar silencio sobre el punto.

 

La privatización de las empresas públicas también está satanizada porque el ejemplo viene del norte. Nada importa que su mantenimiento –con el no menor aporte uruguayo de la inamovilidad de sus funcionarios- [4] implique mayores costos en los servicios que prestan, que pagamos todos los ciudadanos, o que disminuya nuestra competitividad-país que también nos perjudica a todos, en particular a los desempleados.

Nada importa  que sirvan como reducto de la corrupción y el acomodo político, como lo han demostrado hasta la náusea los recientes “descubrimientos” sobre el funcionamiento de las últimas administraciones del Banco Hipotecario. Y es sabido que la corrupción no tiene color político.

En los países en serio, la discusión es cómo privatizar y cual debe ser el diseño de los mecanismos de control, para que el remedio no sea peor que la enfermedad como pasó en Argentina, pero como no pasa en los países [5] en que las cosas se hacen bien y con transparencia.

Acá no, ante la posibilidad del error, que siempre existe, nos oponemos a cambiar nada por mala que sea la situación actual. Y si los intereses corporativos tienen éxito en la defensa de esos privilegios socialmente espurios, se los elogia, poniendo a sus líderes gremiales como ejemplo de gente que sabe hacer las cosas.

Con el nuevo siglo nos encontramos con que crecieron los árboles plantados al amparo de la Ley Forestal, y, dado que existía una masa de materia prima que lo justificaba económicamente, empezaron a instalarse industrias para su transformación. Y de nuevo la oposición. Oposición si se exporta sin valor agregado como se hizo hasta ahora –los troncos pelados- y oposición si se instalan industrias que los procesan.

Porque las empresas que tienen la escala económica y la tecnología necesaria para estos emprendimientos son mayoritariamente extranjeras, y detrás del capital transnacional está enmascarado el enemigo y sus inconfesables intenciones para con nosotros, países del “tercer mundo” [6].

           Nada de dar la bienvenida a esas inversiones que necesitamos como el aire que respiramos, y simultánea y soberanamente adoptar las medidas de control ambiental que acuerdo con las propias empresas debemos instrumentar y monitorear.

Nada de eso, que se vayan porque vienen a podrir nuestro ambiente, aunque el país que las usa y promueve tenga el ambiente mejor cuidado del mundo y se comprometa, ofreciendo a nuestro país todas las posibilidades de control necesarias, a utilizar la misma tecnología de las plantas que cumplen con sus propios niveles de exigencia, iguales o mayores que los de la Unión Europea.

Claro que esos controles se pueden manipular, ahí también se puede filtrar la corrupción, nos van a engañar. Nada importa que Finlandia esté entre los países de mayor transparencia en sus procedimientos, que sea uno de los de menor nivel de corrupción en el mundo y Uruguay el de menor nivel de América Latina, ni que las críticas a las plantas provengan de un país internacionalmente evaluado como de elevados niveles de corrupción [7].

Como ocurre ahora con la Boya o la Ruta 26, dentro de 30 o 40 años será hasta chistoso recordar los argumentos usados ahora contra las plantas de celulosa. Por ejemplo, que en las cuentas que hizo el gobernador de Entre Ríos para calcular la cantidad de dioxinas que las plantas arrojarían al río diariamente, para llegar a la cifra de 97 kilos que denunciara, se consideró que en un metro cúbico había 1 millón de litros de agua. Si le quitamos 3 ceros, como debe hacerse en Argentina o cualquier país dado que 1 metro cúbico solo tiene mil litros, los 97 kilos se reducen a 97 gramos. Cantidad que, por otra parte, es infinitamente menor a la que vertemos diariamente al ambiente debido al hipoclorito de sodio que usamos solo en las tareas de limpieza doméstica [8].

O que, en el cultivo del arroz en Uruguay en el que se usa por día de riego 400 veces más agua que las que van a usar diariamente las plantas de celulosa [9], en determinadas circunstancias ambientales (ataques de hongos en el verano) se le agreguen al agua distintos plaguicidas agrícolas. Y no por eso renegamos de nuestro arroz, ni de nuestra agricultura de secano, que dicho sea de paso, si contaminan, lo hacen en una centésima parte del aporte contaminante que realizan las agriculturas argentina y brasileña en la cuenca del Río Uruguay.

Lo hasta acá expresado no debe tomarse como una crítica a cualquier actitud opositora. Todo lo contrario. Bendita oposición, sin cuya activa presencia la democracia se transforma en una payasada. Sería muy útil realizar una revisión de las innumerables barbaridades que hubieran cometido los gobiernos de cualquier color político, si no lo hubiera impedido una sensata oposición.

Pero una cosa es oponerse, en aras del bien público, con conocimiento de causa y en base a información objetiva y probada, a iniciativas que con buenas o malas intenciones atentan contra estos intereses. Y otra muy diferente es oponerse a proyectos innovadores que intentan disminuir nuestro subdesarrollo, mezclando, con utopías juveniles, ignorancia, prejuicios, información interesada y bolazos catastrofistas.

Dice Serrat “Ay utopía, incorregible, que no tiene bastante, con lo posible”. Y si bien no debemos renegar de las utopías que nos elevan el punto de mira, en política, que es de lo que se trata, debemos diferenciarlas muy bien de “lo posible”, de lo que podemos realmente hacer para mejorar nuestra economía y nuestra sociedad. Lo que equivale más o menos  a pasar de la adolescencia a la mayoría de edad.

 

[1] Las 7 grandes transnacionales del petróleo: Exxon, Gulf, Texaco, Mobil, Standard Oil de California, British Petroleum y Royal Dutch Shell.

[2] La tendencia a la disminución relativa de los costos unitarios de transporte aumentando la capacidad y por consiguiente también el calado de los superpetroleros, en relación al transporte en pequeños buques, ha sido constante hasta la actualidad, en parte por la propia suba de precios del petróleo, determinante del costo de los fletes.

[3] Los montes naturales solo existen en las riberas de ríos y arroyos. Estaba además el borde de la costa plantado con coníferas y las “quintas” de eucaliptos dispersas en el campo.

[4] La creación en la década de 1910 de la ley que establece la inamovilidad constituyó un notable avance ante el uso arbitrario del poder del Estado contra los funcionarios que no pertenecían al partido de gobierno. Hoy constituye un patético ejemplo de lo retrógrado que puede llegar a resultar el miedo al cambio, o peor aún, del enorme precio que una sociedad debe pagar por ser rehén de una corporación, en este caso la de los empleados públicos.

[5] La posibilidad de corrupción existe donde existe el ser humano, y frecuentemente surgen escándalos en empresas de los países desarrollados. El problema es cuando no surge el escándalo, como suele ocurrir acá.

[6] ¿No tendríamos que cambiar esta denominación ya que el “segundo mundo” se extinguió?

[7] El índice de Percepción de la Corrupción 2005 de Transparencia Internacional clasifica 158 países con valores entre 10 (altamente transparente) a 0 (altamente corrupto). Finlandia está en el lugar 2 con un  valor 9,6; Uruguay en el lugar 35 con un valor 5,9 y Argentina en el lugar 100 con un valor 2,8.

[8] Comunicación de la Ing. Quím. Pamela De Lucía

[9] Comunicación del Ing. Agr. Horacio Labadie

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