Las enseñanzas de Paracelso

Rodolfo M. Irigoyen
Mayo de 2017

“La diferencia entre lo que cura y lo que mata, es la dosis”

Paracelso fue un médico, alquimista y astrólogo suizo que vivió en la primera mitad del siglo XVI. Entre sus legados –de muy dispar trascendencia histórica, dicho sea de paso-  se encuentra la frase del acápite, que conoce diferentes enunciados, pero un único y muy explícito contenido de condena a las sobredosis. Sus experimentos alquímicos, en pos de la transmutación del plomo en oro –posibilidad que constituía una creencia generalizada en su época- estaban por supuesto condenados al fracaso, pero dejaron algunos beneficios colaterales, como el descubrimiento del zinc.

Pero la mayor trascendencia de Paracelso se dio en el plano de la medicina. Fue el primero en intuir la existencia de los microbios, que se descubrirían un siglo más tarde gracias al invento en Holanda del microscopio óptico. Tan genial fue la intuición como las formas metafóricas que utilizó para iniciar la difusión de sus implicancias. Porque hasta ese momento una infección, una enfermedad o una peste se explicaban en el marco del eterno enfrentamiento entre dios y el diablo, del perdón o del castigo divino, por lo que adjudicar esos males a la acción de unos animalitos invisibles, tenía un claro tufillo satánico. Y cuestionar la autoridad de la Iglesia, iniciando así el proceso de separación entre ciencia y religión, se solía pagar con la tortura o la muerte.

Pero si bien el aforismo del inicio tiene su primera acepción en la medicina (la nitroglicerina en dosis de miligramos actúa como un vasodilatador que puede salvar una vida en una crisis cardíaca, pero en dosis de gramos es un explosivo que puede hacer volar esa vida por el aire) ejemplos menos detonantes de lo nefasto de las sobredosis      -aún tratándose de la mejor “medicina”- se encuentran en todos los  ámbitos de nuestra realidad socioeconómica. A continuación analizaremos alguno de los que padecemos.

“Tolerancia 0” quiere decir intolerancia

Ante el permanente aumento del número de accidentes -proporcional al gran crecimiento del parque automotor- en 2007 Uruguay inició el camino, ya transitado por otros países, tendiente a controlar en ciudades y carreteras, los niveles de “alcoholemia en sangre” de los conductores. La medida se basa en la constatación de que, a partir de cierto nivel, el alcohol reduce la aptitud conductiva, lo que trae como consecuencia el aumento del número de lesionados y muertos en calles y carreteras. Loable iniciativa, que definió en sus inicios un máximo tolerado de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, nivel que decretos posteriores redujeron primero a 0,5 y luego a 0,3 gr/l, hasta que finalmente en 2016, la Ley 19.360 impuso la “tolerancia 0”.

Como dato de contexto, digamos que en los países desarrollados -esos con los que Uruguay pretende entreverarse- como los de la Unión Europea, EEUU, Japón etc, existen desde hace unos cuantos años los mismos controles, pero la intolerancia es la excepción y no la regla. En la UE el rango de valores aceptados va de los 0,2 en Suecia a 0,8 gr/l en los países del Reino Unido, promediando 0,5, siempre con exigencias mayores para los conductores profesionales (en España, por ejemplo, 0,5 y 0,3 gr/l respectivamente). Y eso que hay autopistas en las que se circula a más de 200 kum/hora. En Japón también es de 0,5 gr/l, en EEUU hay diferentes niveles según Estados, y en otros países como México, el máximo es 0,4 gr/l, con multas que aumentan en proporción con el exceso constatado.

En Uruguay, para la última rebaja de 0,3 gr/l a “tolerancia 0”, se utilizó como fundamento, un informe de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev). Dicho informe mostraba que en el primer semestre de 2015, de los casi 9.000 controles de consumo de alcohol a conductores que participaron de accidentes, un 93% no tenía alcohol en sangre; un 1% tenía algo pero menos de lo que hasta ese momento era el límite (0,3 gramos/l) y solo el restante 6% había mostrado valores superiores a dicho límite. Lo que, en principio, tampoco es prueba de que el alcohol fuera el causante del accidente.

O sea que cuando la evidencia estadística recabada era clara en el sentido de que el límite existente era más que adecuado a los fines perseguidos, se usa esa evidencia para imponer lo contrario, eliminando el límite para sustituirlo por el cero absoluto. El absurdo se completó con las declaraciones de Gerardo Barrios, por entonces director de la Unasev que declaró: “desde que el límite se redujo de 0,8 a 0,5 y luego a 0,3 gr/l, la cantidad de accidentes de tránsito vinculados al alcohol (espirometría positiva) se redujo en un 300%” Aclaremos: si solo se hubieran reducido la tercera parte (100%) ya habrían quedado en cero, no habría existido un solo “accidente vinculado al alcohol” ¡pero además se redujeron otro 200% adicional! Misterios de las estadísticas oficiales.

Tolerancia 0 es un eufemismo que quiere decir que se castiga la alcoholemia, no quiere decir que la tasa permitida es 0, porque eso no es ningún permiso, es una prohibición, y no un límite entre un nivel permitido y otro que no lo es. Además, para probar la absoluta inexistencia, que solo lo puede hacer un análisis de sangre, se utiliza una tecnología de aproximación, que tiene cierto margen de error, y que además no toma en cuenta variables que inciden en el resultado, como el tiempo de la última ingesta y el volumen de la misma, el peso y talla del individuo, las horas de sueño etc.

Pero con un sustento tan endeble, se perjudica a sectores económicos de la importancia de la vitivinicultura o de los bares y restaurantes, se condiciona arbitrariamente el uso del ocio de los ciudadanos afectando su calidad de vida y se afectan rutinas laborales y familiares por prolongadas inhabilitaciones a la conducción. Y además, el nivel de las multas. La tolerancia 0 es lo que se debería tener, pero para mandar a la cárcel a los que realmente manejen borrachos o drogados, permitiendo un límite moderado de alcoholemia (que no es delito ni afecta al conductor) de, por ejemplo, 0,5 gr/l, lo que evitaría la mayoría de los problemas e injusticias que genera el fundamentalismo actual.

La “industria” del despido y las horas extras

En un plano tan particular el del trabajo rural, también la ignorancia y los prejuicios se complementan, a la vez que compiten por llegar a ser el mayor determinante de las políticas sectoriales. Empezando por “la ley de las 8 horas” cuya aplicación perjudica por igual a las dos partes involucradas –patrones y empleados- pero llena de orgullo al Ministerio de Trabajo. Y cuya aplicación estricta implicaría un deterioro de la eficiencia de los procesos productivos, con su corolario de caída de la productividad de nuestro sector económico más competitivo.

En el campo, la duración y la oportunidad de los trabajos son determinadas por la época del año, el tiempo y sus perspectivas inmediatas, la biología animal y vegetal, la disponibilidad de insumos, servicios o repuestos y, en general, por características específicas de cada proceso productivo y de las interacciones entre los mismos. Demasiada complejidad para el burócrata especializado en el control del reloj.

Para paliar el desconocimiento de las implicancias de todo lo anterior, se recurre al prejuicio, dictado por la correspondiente matriz ideológica: lo de empleados y empleadores es un eufemismo con el que se designa al histórico enfrentamiento entre explotados y explotadores. Y como no se lo puede eliminar porque las “velitas al socialismo” se apagan solas, el progresismo sale en defensa de los “explotados”.

Pero lo que logra con la sobredosis punitiva, es lo contrario. Promoviendo la cultura del conflicto y la confrontación en relaciones laborales históricamente basadas en el acuerdo mutuo de las partes intervinientes, que conocen y aceptan las especificidades del vínculo laboral, estimula el mal uso de las prerrogativas legales disponibles. Es el caso del empleado deshonesto que, tras poco tiempo de trabajo “se hace echar” para, después de cobrar el despido, igual reclamar ante el Ministerio del Trabajo, que nunca lo dejará “con las manos vacías”.

Capítulo aparte merece lo de las “amonestaciones y apercibimientos”, igual que el control de las “horas extras”. Además de las absurdas instrumentaciones, la normativa abunda en presunciones como la de que la falsedad y la coacción solo son ejercidas por el empleador. Los ejemplos abundan. Si un empleado es echado –por ejemplo porque robó-, sus compañeros de trabajo no pueden salir de testigos, porque se supone que son coaccionados por el patrón para que declaren en su favor. Por el contrario, cualquiera que por esas fechas haya entrado al predio por cualquier motivo, es testigo válido. Los testigos más cercanos no son de recibo, incentivándose en cambio la presentación de testigos falsos.

Pero la reina de los reclamos son las “horas extras”. Por más aceptada y firmada que esté la liquidación de haberes, el trabajador tiene derecho a presentarse al Ministerio reclamando otras horas extras, aduciendo la famosa coerción patronal, y se va a juicio. Y ya se sabe que más vale un mal acuerdo que un buen juicio.

En aras de la “defensa del trabajador”, el gobierno promueve las declaraciones falsas, los falsos testigos y en definitiva el descaecimiento de la justicia y el deterioro institucional. Se erosionan los hábitos de trabajo con el beneplácito del Ministerio del ramo, floreciendo en cambio industrias espurias, como la de una casta de oportunistas que, en calidad de “abogados defensores”, pululan en las puertas de los juzgados.

Y el gran perjudicado es el trabajador honesto, que se ve sometido injustamente a controles que le resultan insultantes a su integridad, pero que el empleador no tiene más remedio que adoptar obligado por la ley, y como salvaguarda -relativa, claro- ante el riesgo de que un trabajador deshonesto lo demande y le haga un juicio, con los resultados consabidos. Y más grave aún, la consecuente disminución de la demanda de trabajo, y por consiguiente de la generación de empleo, porque el empleador, ante el panorama existente, trata por todos los medios de no incurrir en el riesgo que significa la contratación de un nuevo empleado.

Una vez más lo del inicio: la sobredosis de “defensas” de la parte económicamente más débil de un acuerdo laboral, termina con la posibilidad del acuerdo, siendo el más perjudicado, precisamente el supuestamente defendido. El exceso de medicina no cura, mata. Y todo al amparo de una creencia. Al respecto, dijo el escritor inglés Robert Bolt: “Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente”. Pensadores locales de menor vuelo intelectual, argumentan en cambio que todo se hace con el objetivo de ganar votos.

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