La extranjerización de la tierra

Rodolfo M. Irigoyen
Febrero de 2019

A la memoria de mis abuelos vascos
Jean Pierre Irigoyen y Marie Vidart,
los primeros extranjeros que conocí.

Hay temas conflictivos que atañen al conjunto de nuestra sociedad, pero que por su transversalidad, no encuentran solución por la vía electoral. Suelen ser de contenido ético o religioso (despenalización del aborto, erección de estatuas religiosas en lugares públicos, etiquetado de alimentos transgénicos), pero también los hay instalados fuera del ámbito de la moral individual, involucrando aspectos trascendentes de nuestra identidad nacional. Uno de estos temas es el de la extranjerización de la tierra.

¿Y porqué esto es “un problema” que genera tantas controversias? Es obvio que la condición de extranjero per se no implica ningún demérito (salvo algún brote de xenofobia del que ningún país está libre) en particular en Uruguay, un país donde “todos somos nietos de emigrantes”. La buena acogida que damos actualmente a los miles de venezolanos y cubanos que llegan así lo demuestra.

Otra cosa es el juicio que nuestra sociedad emite sobre los extranjeros cuando eligen nuestro país para invertir en él. Puesto en jerga económica: cuando el extranjero aporta “el factor trabajo”, es en general recibido con beneplácito, cuando lo que aporta es “el factor capital” automáticamente entra, por lo menos, en la categoría de sospechoso. Con frecuencia se lo considera  directamente un usurpador de nuestras riquezas, y se lo suele caricaturizar con parche en el ojo y garfio en lugar de mano.

Parafraseando a Orwell en su genial “Rebelión en la granja”, podemos afirmar que todos los extranjeros son extranjeros, pero,  algunos son más extranjeros que otros. Con este caldo de cultivo, proliferan los estereotipos y nos empantanamos en dicotomías que enmascaran la realidad. Es lo que ocurre, en definitiva, cuando se entreveran las buenas tradiciones cívicas de un país de emigrantes, con la nefasta herencia de “Las venas abiertas…”

No renegamos del turismo porque el dueño del hotel sea estadounidense, ni de la actividad financiera porque los dueños del banco sean canadienses. Como que a esas actividades las viéramos más ajenas, y no violaran nuestro territorio como un argentino que siembra soja, un brasilero que inverna novillos o un chileno que planta eucaliptus.  

Es el viejo concepto de que la soberanía reside en la propiedad del territorio y que cualquier enajenación del suelo con fines productivos opera en desmedro de la misma. No importa que la nacionalidad del inversor sea cada vez más difícil de determinar, con la proliferación de sociedades anónimas, fideicomisos y otras formas jurídicas de propiedad, ni que el extranjero sea mejor productor o más cuidadoso del ambiente que su antecesor uruguayo.

Pero el nivel de extranjerización de la tierra no debe ser analizado con independencia de la estructura productiva de nuestro agro. En repetidas ocasiones hemos expresado que el factor más determinante de la viabilidad de una empresa agropecuaria, es la dotación de capital, incluyendo en él la tecnología y el gerenciamiento. Y lo hemos ejemplificado con un predio de 500 hectáreas, con 3 niveles hipotéticos de capitalización.

El primero, con hasta, digamos, 200 dólares por hectárea, se lo debe tipificar como un predio de subsistencia, de muy baja productividad. Un segundo nivel, con una capitalización del entorno de los 1.000 dólares por hectárea, puede definirse como un predio ya de mediano porte (en la escala uruguaya), económicamente viable en un régimen de libre competencia por los factores productivos.

Finalmente, el mismo campo, pero con una dotación de capital del orden de los 5.000 dólares por hectárea, puede constituir una gran empresa rural. El primero estará condenado a una ganadería extensiva de baja productividad, el segundo podrá ser una empresa ganadera eficiente, el tercero podrá elegir o combinar los rubros de mayor productividad y mejor resultado económico.

El extranjero inversor, dada su dotación de recursos, adopta mayoritariamente los modelos productivos agropecuarios de más alto nivel de capitalización y productividad.  Y en nuestro país, los procesos de crecimiento en el sector primario tienen un importante efecto multiplicador a nivel de la industria y los servicios asociados, generándose, cuando se dan esos procesos, un mayor valor agregado en el conjunto de la economía. Y ese mayor nivel de actividad abre nuevas oportunidades para pequeños y medianos inversores nacionales.

Resumiendo: el crecimiento económico se da en asociación con la inversión extranjera, por compra de empresas ya existentes o creación de nuevas, entre ellas algunos grandes emprendimientos. Pero ese mismo crecimiento, en simultáneo, genera nuevas oportunidades para inversores nacionales, principalmente en servicios de apoyo a las cadenas agroindustriales. Entonces, la extranjerización de la tierra no debe verse como la causa de los problemas, sino como la consecuencia del crecimiento de una economía que se desarrolla en un mundo globalizado.

Planteadas así las cosas, como país deberíamos tener claro cuál es la opción política que preferimos: la del crecimiento y el desarrollo que, con altibajos, hemos recorrido en el último cuarto de siglo, con la condición sine qua non del aumento de la extranjerización de la tierra (y del conjunto de la economía inherente a la globalización de la misma) o el retorno al país de hace 25 años, más “soberano” según la óptica de los que reclaman el combate a la extranjerización.

Se impone entonces una evaluación de las consecuencias que dicha elección tendría. Si se elije libremente, se debe asumir responsablemente las consecuencias (aunque este ejercicio haya caído en desuso) de esa elección. La facilita mucho el hecho de que conozcamos los dos modelos: el actual, con 16.000 dólares de ingreso per cápita y el de un cuarto de siglo atrás, en la que ese ingreso solo alcanzaba a 5.000 dólares. Aunque la cifra actual sea en cierta medida consecuencia del atraso cambiario, en términos reales, su poder de compra no debe ser menos del doble del anterior.

Y una muestra del modelo anterior lo seguimos teniendo a la vista con el Instituto Nacional de Colonización, “modelo productivo” que podríamos  asimilar, aproximadamente, con el primer nivel de capitalización del predio en el ejemplo anterior. En él, se priorizan absolutamente los aspectos sociales por sobre los económicos de la tenencia y propiedad de la tierra, con muy bajos niveles de capitalización y por consiguiente de productividad, pero con propiedad nacional (estatal) y usufructo a través de arrendamientos a pequeños productores a precios subsidiados (a la mitad o menos del valor de mercado) y por supuesto, sin extranjeros a la vista.

En la comparación de nuestra sociedad actual con esa otra anterior de, digamos, no un tercio pero si la mitad del ingreso real actualmente disponible, debemos imaginar un país con mayores carencias en infraestructura, con una educación, una salud, una seguridad con la mitad de los recursos de los que dispone la sociedad actual. Y lo que se aplica al gasto social, extendámoslo al de las familias. Adiós a los 20.000 “Cero km” anuales, menos viajes, mayor desocupación, salarios y jubilaciones muy disminuidos. Pero eso sí: ¡“tolerancia cero a la extranjerización”! Cuando se discute el tema que nos ocupa, estas implicancias no pueden quedar afuera del análisis.

Para finalizar, párrafo aparte merece el gran hito extranjerizante que está hoy sobre la mesa, y que tanto ilusiona pero a la vez complica al gobierno nacional, al chocar con su discurso tradicional de rechazo a la extranjerización, que su “ala dura” no deja pasar un minuto sin recordarle. Y que también (relictos del pasado) divide las aguas de la oposición: la planta de UPM2.

Quienes se oponen a su instalación lo hacen desde distintos planos. Uno es el del reclamo ya mencionado de pedir igualdad de condiciones para las empresas nacionales, otros al alarmismo ecológico (no alcanzó la experiencia de las plantas anteriores que iban a matar al río Uruguay, disparate permanentemente desmentido por una década de controles oficiales). Pero el argumento más frecuente es el tradicional “se la llevan toda”, ignorando la “que queda” por dinamización y crecimiento de toda la cadena forestal, ni la que los extranjeros pueden dejar enterrada acá, si las cosas no les marchan bien.

Como que los finlandeses tuvieran un gen de maldad. Ocurre que tienen ojos, y ven. Ven el estado calamitoso de nuestra infraestructura vial, ven la pasividad (cuando no complicidad) oficial ante el chantaje sindical que padece, por ejemplo, la industria láctea uruguaya, ven el nivel de precios y la calidad de los servicios que brindan los monopolios estatales, ven, en fin, la burocratización, el ausentismo, las carencias en educación básica y técnica. Y saben que así, las cosas no funcionan, por eso exigen (sí, exigen, no dejemos de recordar que planean invertir miles de millones de dólares) que esos problemas los solucione quien corresponda, o la inversión no se hace.

Al menos quien esto escribe, no ha visto ninguna solicitud finlandesa pidiendo que esas soluciones no alcancen a los empresarios uruguayos, seguro si llegaran a todos, también las empresas extranjeras saldrían beneficiadas. Pedir “que se nos dé a los uruguayos lo mismo que a los finlandeses” es una ingenuidad, porque no es un tema de nacionalidades, es de modelos macro económicos: para que eso ocurriera, tendría que cambiar el nuestro, dejando de priorizar el consumo para pasar a privilegiar la competitividad.

Y eso implicaría darle oxígeno a la economía pero, nada más ni nada menos que a costa de alejarse de los votos, es decir del poder. Y esos sacrificios se hacen excepcionalmente, solo cuando el que lo “solicita” pone sobre la mesa de negociación un argumento con nueve ceros.

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