Entre el bosque y la pradera

Rodolfo M. Irigoyen

El Uruguay es una gran pradera con forma de país. ¿Quién no recuerda la primera aproximación escolar a una definición de nuestro territorio como una “penillanura levemente ondulada”? Leves ondulaciones entre las que corrían miles de cañadas, que formaban cientos de arroyos, que desembocaban en decenas de ríos. Aguas provenientes de lluvias también más o menos uniformes a lo largo del año completando en promedio unos 1.200 mm anuales (algo parecido a un promedio mundial)  con oscilaciones de temperatura sin grandes extremos entorno a un promedio de más o menos 18 °C, determinando un clima que, aunque errático en la coyuntura, se define como templado. Sin accidentes montañosos, ni zonas desérticas ni pantanosas, sin sobresaltos sísmicos, lejos de zonas de ciclones.

En alguna oportunidad en el extranjero, al describir a mi país en base a todas estas “carencias de grandes cosas”, me han preguntado: ¿y entonces, ustedes que tienen? A lo que he contestado: “Uruguay es el país de los grandes detalles”. Afirmación retórica, pero que como es imposible de refutar, me permitía salir del paso preservando la dignidad nacional. Porque además está la superficie, que anda por el promedio del total de los países del mundo, pero en el vecindario somos unos enanos.

Y también en la demografía. Sacando la zona metropolitana y las capitales departamentales, el área rural del resto del territorio tiene densidad poblacional poco mayor que la de un desierto. Nuestra superficie al Norte del Río Negro es similar a la suma de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero allá viven casi 30 millones de personas y acá 400 mil. En mis pesadillas, me despierto en un Uruguay ocupado por 100 millones de chinos, o indios, o coreanos o japoneses que a través de un gran traductor universal –tipo Gran Hermano- nos pasan un comunicado de este tipo: “Se acabó el recreo. Vinimos para quedarnos. Los uruguayos no tienen derecho a poseer 50 veces más tierra fértil per cápita que nosotros”.

Pero los recursos naturales (suelos, clima, biodiversidad, horas-luz disponibles, topografía, acceso al mar etc) por más favorables que sean, determinan potencialidades, pero no hacen al país. Al país lo hacen las personas y sus instituciones, su educación, su cultura, sus tradiciones democráticas y liberales, su desarrollo económico y la justicia social. Al respecto, repasemos como nos veía y nos ve un observador neutral y capacitado, como el Nobel Mario Vargas Llosa, que recuerda así su primera visita a Uruguay en 1966:

“Todo era civilizado y notable en este pequeño país de clase media, donde no se veían los gigantescos contrastes económicos y sociales que aparecían por doquier en América Latina. Todo me sorprendía: lo bien escritos que estaban sus periódicos y revistas, la excelencia de sus teatros y su pléyade de brillantes escritores y críticos… levantaba la moral de un sudamericano llegar a ese país. Lo más admirable en él era su democracia, la más genuina de todo el continente. Era la tierra de José Enrique Rodó, cuyas ideas fueron una religión para los jóvenes del siglo pasado en todo el continente… una sociedad que, construida sobre el principio insoslayable de la libertad aseguraba la justicia social… un pequeño país, la excepción a la regla en América Latina por sus instituciones representativas, su amor a la libertad y a la cultura, y por haber representado durante tantos años la civilización en un continente que parecía haber elegido la barbarie”

Algunos dirán que tanto elogio y destaque provienen de simpatías políticas con el gobierno de aquel momento. Pero también los  reiteró en 2013 expresando: “la libertad tiene sus riesgos y quien cree en ella debe estar dispuesto a correrlos. Así lo ha entendido el gobierno de José Mujica al legalizar la marihuana y el matrimonio gay. Y hay que aplaudirlo”. Y en 2019 cuando homenajeando a Mario Benedetti enfatizó: “el paso de esa coalición de izquierda (el Frente Amplio) por el poder dejó en claro que es posible en América Latina un gobierno de izquierda sin que sucumba la libertad”.

Y ahora, con un gobierno de signo opuesto, y en tiempos de pandemia, pone a Uruguay como ejemplo ante el mundo, cuando escribe: “Enfrentando las presiones de la oposición de izquierda e incluso la de su propia alianza de blancos y colorados, Lacalle Pou se resistió a imponer una cuarentena, como han hecho tantos países en el mundo. Apeló a la responsabilidad de los ciudadanos… y aseguró que no habría subida de impuestos porque la empresa privada jugaría un papel central en la recuperación económica del país luego de la catástrofe… el resultado de esta política, no puede haber sido más positiva”.

Si a visiones como esta le agregamos los fríos datos estadísticos de que Uruguay desde hace décadas (quizá desde hace un siglo) se ubica siempre entre los tres primeros países de América Latina en generación de PIB per cápita y en la progresividad de su distribución, podemos concluir que estamos bien, o muy bien, aunque, como siempre, depende de con quién nos comparemos. Y como en este país es obligatorio incluir una metáfora futbolera en todo artículo o discurso, acá va la mía: “Jugando en las ligas americanas, nadie ha ganado tantas copas América como nosotros; pero si jugáramos en las ligas escandinavas, no nos salvaríamos del descenso”  

Del elogio del pasado y el presente, surge la responsabilidad ante el futuro: somos, en la región, los que estamos en mejores condiciones relativas para transitar un camino de desarrollo económico sostenible, socialmente justo y ambientalmente amigable. De nosotros depende, conscientes de que formamos parte de un mundo globalizado (y de que la suerte también influye).

Lo primero es desembarazarnos de los añejos prejuicios que interpretan lo “primario” en términos de una cronología histórica, como  “lo que se hacía antes”, es decir como sinónimo del atraso. Lo atrasado es esta percepción, que no entiende (por ignorancia o interés) que las viejas definiciones contables de la economía, contemporáneas de la agricultura extractiva (recoger lo que nos da la naturaleza), nada tienen que ver con el funcionamiento de las modernas cadenas de valor agroindustrial, donde un tomate transgénico  tiene tanta tecnología incorporada como un teléfono celular, donde una leche con probióticos producida en un tambo robotizado puede basarse en la misma materia prima que Google Maps (estoy hablando del conocimiento), o que las informaciones que nos envían los satélites sirven tanto para preservar un suelo de la erosión, para optimizar la dosis de fertilización de un cultivo, o para evitar que los aviones se estrellen o los barcos encallen.

Las diversidad de las producciones de clima templado que pueden desarrollarse en nuestros suelos, constituyen un potencial que va de la mano con la necesidad de ponderar con eficiencia las opciones productivas que mejor concilien los aspectos económicos con los de sostenibilidad ambiental, en una estrategia de desarrollo “agrointeligente”. Tenemos la posibilidad de elegir, pero la libertad siempre implica alguna pérdida.

Recordemos que en el plano agropecuario Uruguay también cuenta con algunas políticas de Estado, es decir aquellas que tienen una vigencia de largo plazo por su carácter estratégico y que no están sometidas a los cambios de rumbo de los diferentes gobiernos. Representan un importante “activo intangible”, porque definen reglas de juego confiables y duraderas, esenciales para promover inversiones y dar estabilidad a la estructura económica del país.

Y estas políticas han sido determinantes para el desarrollo y la diversificación de nuestra producción agropecuaria en las últimas décadas. En la actualidad las exportaciones uruguayas se han consolidado sobre tres pilares de similar importancia en términos de valor: la soja, la carne y la celulosa. Es decir un producto agrícola, uno ganadero y uno forestal.

Simultáneamente, el país ha desarrollado (desde hace más de medio siglo) y también como resultado de una política de Estado explícita en ese sentido, estudios de suelos con un muy importante grado de detalle, a cuyas diferentes unidades se les ha estimado una productividad que se expresa en forma porcentual relativa a la productividad promedio de todo el país. Y además, a cada padrón catastral se le ha calculado su productividad esperada ponderando las distintas unidades de suelo que presente. Y toda esa información está en internet y es de libre acceso. Caso inédito en el mundo.

Pero a un nivel agregado como el que acá nos interesa, los cerca de 200 tipos de suelos definidos se agrupan en 3 grandes agregados, que según su productividad, topografía y otras variables, se definen como de “aptitud agrícola” a los más productivos, como de “aptitud ganadera” a los intermedios, y como de “aptitud forestal” a los más pobres o con mayores dificultades de laboreo. Esto no quiere decir que no se puedan plantar árboles o criar vacas en los mejores suelos, por el contrario allí es donde más producen. Pero la inversa no es cierta: en las sierras no se puede hacer agricultura y la ganadería es de mucho menor productividad. Y la agricultura, en tierras ganaderas, es menos productiva y con mayores restricciones ambientales.

Quiere decir que desde el punto de vista social, o del interés de país, los mejores suelos convendría reservarlos para la agricultura, cuyo retorno económico se supone mayor, propendiendo (inicialmente por medio de estímulos económicos otorgados por la Ley Forestal) a que los árboles ocuparan los espacios donde la agricultura es casi imposible y la ganadería es de baja productividad (zonas de sierras o arenosas). En números (muy) redondos, los suelos agrícolas ocupan el 20% de área del país, los ganaderos el 60% y los forestales el otro 20%.

Liquidada con sensatez la discusión en torno a UPM2 sí o nó (una de “Las dicotomías que nos empantanan”) incluso con mejoras de último momento, debería ampliarse -porque prácticamente no está  en los medios- una discusión tan estratégica y de largo plazo como la de la misma instalación de la planta: dónde, y sobre que tipo de suelos se seguirán plantando los árboles para abastecerla.

Volviendo a los redondeos, se han efectivamente forestado, para abastecimientos de las dos plantas de celulosa ya existentes y para otros fines como madera para aserrado, unas 800 mil hectáreas, que “ocupan” 1,2 millones de hectáreas, porque en promedio, de cada padrón destinado a  la forestación solo se plantan unas dos terceras partes, el resto lo ocupan suelos no aptos, como bajos inundables, o caminos o cortafuegos que deben quedar libres para el manejo del bosque, permitiendo con algunas restricciones una producción ganadera complementaria (silvopastoreo). Si referimos esta cifra al 20% de “aptitud forestal” podríamos estimar que solo se han  “ocupado” por la forestación poco más de un tercio del área total que en teoría se le tendría reservada en el país. En estos cálculos no están incluidas unas 850 mil hectáreas existentes de monte natural.

El saldo disponible de suelos forestales, digamos de unos 2 millones de hectáreas, probablemente cuadrupliquen las necesidades de abastecimiento de la nueva planta (también deben contabilizarse las resiembras que se efectúan en muchas áreas boscosas luego de la tala). O sea que por el lado de las superficies agregadas, no hay ningún problema para la futura demanda de suelos para el desarrollo de la cadena forestal. Los problemas están en los “detalles”, en cuya resolución se juega buena parte del éxito o fracaso de una estrategia nacional “agrointeligente”.

Un “detalle” nada menor, es el de que las principales áreas de prioridad forestal se ubican en el Norte y Noreste del país, lejos de los puertos de salida de la celulosa y la madera. Y los troncos (la materia prima para la industria) tienen muy bajo valor por unidad de volumen, lo que hace que la incidencia de los fletes tenga una ponderación relativamente alta en el total de los costos de la cadena forestal. Eso determina que las plantas de celulosa tengan especial interés en acortar las distancias de acarreo, lo que implica alejarse de la “boca de salida” natural, que es el puerto de Montevideo, o acercando las plantaciones a la ubicación de las industrias.

Y así llegamos (al fin) al tema que da título de este artículo. Las plantas de celulosa, que son el destino final del 80% de la producción de la cadena forestal, como toda industria productora de bienes no diferenciados, trabaja, en términos económicos, básicamente sobre su estructura de costos.  Y como ya se explicó, una forma de bajarlos es acercando el bosque a la planta, ya que la posibilidad inversa está agotada. Y también por el lado de los costos, han modificado su estrategia inicial de compra de tierras para forestar (que también tenía un componente inmobiliario cuando los campos eran muy baratos) por el arrendamiento de áreas menores, cuyo valor es directamente proporcional a la cercanía de la planta.

Con diversas formas asociativas entre la industria y el dueño de la tierra, esta estrategia es la predominante en la actualidad, en parte promovida por la posibilidad legal de forestar hasta el 8% de cualquier padrón (aunque no sean suelos de prioridad forestal) como forma de brindar abrigo y sombra al ganado, promoviendo sistemas de integración productiva. Pero abierta una hendija -con fines loables sin duda- aumenta la presión por forestar suelos cercanos a las plantas industriales aunque sean de aptitud ganadera o incluso agrícola. Porque con los precios relativos actuales de los productos factibles de obtener en ese suelo, una renta forestal es de mayor valor que la producción ganadera e incluso, en algunos casos, que la producción agrícola alternativa. La tentación de los productores ganaderos o agrícolas por pasarse al “rentismo” es muy alta, mayor cuanto más cerca de una planta de celulosa se encuentre su predio.

Estamos ante un dilema económico/ambiental que a mi juicio nos debería preocupar más de lo que lo hicieron los pormenores de la instalación de UPM2. ¿Respetamos la libertad del empresario agropecuario de hacer en su empresa lo que considere conveniente (libertad a la que  adhiero, no solo por razones filosóficas sino también por constituir uno de los pilares de nuestro desarrollo agroeconómico) o el Estado interviene más activamente para limitar el uso forestal de suelos de alto potencial, donde ahora se produce y se producirá en el futuro predecible carne, leche, cereales u olaginosos? ¿Permitimos que se foreste parte del litoral agrícola y el sur lechero, o incidimos activamente para que la forestación cubra la cuchilla Grande?

Los instrumentos para la segunda opción existen, no se trata de crear burocracia sino de usar eficientemente la institucionalidad existente, la experiencia de los programas de uso y manejo de suelos para la agricultura es un antecedente ineludible. Dicho esto sin entrar en la discusión de los alcances y las responsabilidades de los diferentes ámbitos oficiales potencialmente involucrados.

Dirimir los equilibrios entre bosques y praderas de forma de lograr una diversificación que aumente la productividad del sector agropecuario, en forma ambientalmente sostenible y respetando los derechos individuales de los actores involucrados, es un tema central para el desarrollo nacional. Coexisten a su interior componentes técnicos, económicos y filosóficos, complejidad que descarta la posibilidad de soluciones sencillas. Razón de sobra para que las encaremos con la mayor seriedad y apertura mental.

Los artículos del autor están en

www.rodolfomartinirigoyen.uy

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