Prendiendo velitas a Colonización

En este mes coincidieron en nuestro país dos noticias de muy diferente impacto en la opinión pública (y más aún en su forma de comunicación), pero ambas de trascendental importancia económica y social, y cercanamente emparentadas en su origen primigenio: la política económica de nuestro país de los años 40´s y 50´s.

La primera de ellas, el acuerdo de pagos de 144 millones de dólares, con los que se anula la demanda del Consorcio del Ferrocarril Central contra el Estado Uruguayo, por un monto mucho mayor, debido a supuestos atrasos en los pagos por la construcción de la línea férrea Montevideo – Paso de los Toros, para el uso de UPM. Noticia esta que se comunicara mediante una correcta conferencia de prensa, en tono de moderado optimismo, en la que participaron, en nombre del Gobierno, el Presidente de la República, el Secretario de la Presidencia, y los ministros de Economía y de Obras Públicas, y el Presidente de la OPP.

La segunda, la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) de una estancia de 4.400 hás en 32,5 millones de dólares, en el Departamento de Florida, en el límite con el de Canelones, anunciada por el mismo Secretario de la Presidencia, pero ahora notoriamente más emocionado,  “en honor al viejo José Pepe Mujica” cuando pasó el cortejo fúnebre del mismo por la sede del MPP.

En cuanto al “origen primigenio” de estas dos noticias, hago referencia en general a la política económica promotora de una fuerte participación del Estado en las actividades productivas del país, impulsada por el gobierno de nuestro país de mediados del siglo pasado. Y como referencias concretas, a las leyes de Nacionalización de los Ferrocarriles de 1949 (proceso que se completa en 1952 con la Nacionalización de la empresa de tranvías y de las de agua potable creando la OSE) y la creación del Instituto Nacional de Colonización en 1948. 

Las consecuencias derivadas de la primera referencia fueron la progresiva decadencia de los servicios ferroviarios, la burocratización de los mismos, sus constantes déficits, hasta la cancelación de la gran mayoría de sus servicios en 1987 con el abandono total del mantenimiento de la red ferroviaria y la consecuente destrucción de la misma. 

Con graves consecuencias sobre la población y en general sobre nuestra ruralidad: la desaparición del vínculo físico que transportaba gente y mercancías, de ida y vuelta entre la ciudad y el campo, viabilizando emprendimientos familiares y productivos que desconectados entre sí perdían viabilidad, dejando, por fin, una secuela de pueblos diezmados y familias divididas, que los caminos y carreteras estaban muy lejos, en calidad y cantidad, de restituir. “Las estaciones perdidas” emotiva canción de Carlos Benavídez, enumera una sombría lista parcial de esos vaciamientos.

Los trenes, cada vez más modernos y eficientes, compiten en el mundo con otras formas de transporte, de pasajeros y de cargas, en particular por las voluminosas de bajo valor por unidad de volumen o peso, como los troncos y las maderas. Pero acá lo matamos de inanición, encareciendo costos de traslados de gente y de carga, en particular para la industria forestal, aumentando riesgos transportando troncos en camiones por carretera. Lo que obligó a que, como condición exigida por UPM para su instalación en Paso de  los Toros, hubiera que construir desde cero una nueva infraestructura vial desde dicha ciudad al puerto de Montevideo, por un monto de unos mil millones de dólares. 

Porque esas grandes inversiones de empresas globales como UPM, en general requieren (como seguramente requerirán, si se concretan las del Hidrógeno Verde) una disponibilidad básica de infraestructura de apoyo de origen nacional, de la que el país no dispone, pero que es condición necesaria para que se defina la inversión, que se concreta por la existencia de otras condiciones, como nuestra dotación de recursos naturales y antecedentes en el tema por investigación nacional (como en el tema forestal), pero también y muy especialmente por nuestro prestigio como país serio y cumplidor de sus obligaciones, como demuestra nuestro Grado Inversor. 

Por eso hoy tenemos una pujante cadena forestal que, acorde con la evolución de los mercados mundiales, ha ido adecuando su orientación original maderera hacia la actual, básicamente celulósica, con cada vez más importantes impactos en el producto y el empleo, constituyendo, junto a la cárnica y la sojera, el trío de cadenas agroindustriales sobre la que se asienta nuestra competitividad internacional (lo que no implica despreciar el aporte de otros sectores agroindustriales tradicionales como las cadenas arrocera y lechera, ni la creciente importancia de las exportaciones de servicios informáticos y turísticos)

Y la segunda referencia, la colonizadora, es directa, porque se trata del mismo INC. A la fecha, según información proporcionada por el mismo, ocupa una superficie de 620 mil hectáreas, que implicarían un patrimonio de unos 2.000 a 2.500 millones de dólares, según distintas estimaciones. Aproximadamente el 75% de esa superficie es arrendada a colonos en valores que se ubican por debajo del 50% de los del mercado. El otro 25% se ha vendido a otros colonos, también con importantes subsidio en los precios. O sea que, además de la gran inversión histórica, el déficit anual que a nuestra economía trasladaría el INC sería del orden de los 30 millones de dólares, a los que habría que sumar los costos operativos del Instituto. 

Por el lado de los ingresos, la productividad de los predios de Colonización es baja, abundando los casos de desvíos de los objetivos originales, crónicas crisis de endeudamiento en el pago de las rentas a pesar del subsidio existente, ventas o subarrendamientos (ahora sí a precios de mercado) que la sociedad financia dados los declarados -según el Gobierno- objetivos sociales de la política colonizadora.

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia o no de la nueva compra anunciada, la de la estancia “María Dolores”, que se destinaría a la producción lechera directa y a sus  actividades de apoyo. Como críticas, se mencionan la existencia de un casco de estancia enorme y de lujo, unas mil hectáreas inundables por las crecidas del río Santa Lucía y por lo tanto no aptas para la producción lechera, sistemas de riego y corrales de engorde difíciles de adaptar a una producción de pequeños productores, más de 100 hás de olivares que tampoco tienen nada que ver con la lechería, y los grandes costos adicionales que se van a necesitar para adaptar ese tipo de establecimiento, diseñado y destinado en su origen para ser un gran establecimiento ganadero, en su transformación en pequeños predios lecheros, individuales o cooperativos. Y como argumento a favor, una profundización a la apuesta colonizadora, con el emotivo reconocimiento en homenaje a un histórico promotor de la misma.

Llevamos casi un siglo de infructuosas políticas con el objetivo de detener o al menos aminorar el ritmo de la migración campo-ciudad. Los ejemplos de todo el mundo no alcanzan para convencernos de la inutilidad del intento, con el doble error de las ineficaces herramientas utilizadas, y el efecto negativo que su éxito hubiera obtenido. Lo que puede tener la apariencia de un resultado positivo (errarle al objetivo que nos perjudicaría en vez de favorecernos) pasa por alto el enorme costo social generado por esas políticas y sus consecuencias, habiendo tantas áreas de acción del Estado que sí le son inherentes y requieren de ingentes recursos, como Educación, Salud pública, Seguridad, Gasto social, Servicios básicos y un largo etcétera, dejando los aspectos directamente productivos en manos privadas, que lo hacen mejor, más barato y más rápido. Como también nos lo demuestran los ejemplos de todo el mundo.

Pero no es necesario salir de “este bendito país” para comprobar lo anterior. La política de Estado que definió las bases para la forestación privada, generó el desarrollo de un círculo virtuoso de inversiones en pequeñas y medianas empresas de apoyo a la producción (viveros, prevención de incendios, manejo de áreas silvopastoriles, transportes, investigación e infinidad de servicios anexos) que hoy ocupan y retienen en el medio rural a los otrora migrantes, pero en pueblos y ciudades del interior, con disponibilidad de servicios y vida social, y no desparramadas por el campo.

Y otro tanto puede decirse del desarrollo de actividades de apoyo a las interacciones simbióticas entre distintas cadenas, como la agrícola-ganadera y agrícola-lechera. Tal el caso de las pequeñas y medianas empresas que prestan servicios (asistencia técnica, laboreos agrícolas, diferentes formas de reservas forrajeras, fumigaciones, transportes, etcétera) a dichas integraciones.

Exitosas experiencias de desarrollo local sostenible, dependientes de las demandas de productos y servicios provenientes del dinamismo y del poder multiplicador que caracteriza al sector primario, cuando se sacude atavismos como el de la extranjerización o la inevitable concentración económica (la producción primaria es intensiva en capital) o  logra sobreponerse a nuestra vocación burocratizadora.

No he pretendido aportar novedades. Solo algunas reflexiones en modo “anciano de la tribu” en busca del imprescindible equilibrio, como base de un buen gobierno, del liberalismo en lo productivo como forma de poder ser, responsablemente, socialdemócrata en lo distributivo. 

Y subrayo el adverbio, como advertencia contra las cíclicas crisis derivadas de los desequilibrios por manejos oportunistas e irresponsables entre las variables macroeconómicas, círculos viciosos paridores de crisis periódicas que tanto retrasan nuestro crecimiento económico, imprescindible base para la mejora del nivel de vida del conjunto de nuestra población, tanto urbana como rural. Sin prender velitas a creencias tan utópicas como perimidas. 

Rodolfo M. Irigoyen
Mayo 2025