Categoría: Medio lleno o medio vacío

Rodolfo M. Irigoyen
Febrero de 2019

A la memoria de mis abuelos vascos
Jean Pierre Irigoyen y Marie Vidart,
los primeros extranjeros que conocí.

Hay temas conflictivos que atañen al conjunto de nuestra sociedad, pero que por su transversalidad, no encuentran solución por la vía electoral. Suelen ser de contenido ético o religioso (despenalización del aborto, erección de estatuas religiosas en lugares públicos, etiquetado de alimentos transgénicos), pero también los hay instalados fuera del ámbito de la moral individual, involucrando aspectos trascendentes de nuestra identidad nacional. Uno de estos temas es el de la extranjerización de la tierra.

¿Y porqué esto es “un problema” que genera tantas controversias? Es obvio que la condición de extranjero per se no implica ningún demérito (salvo algún brote de xenofobia del que ningún país está libre) en particular en Uruguay, un país donde “todos somos nietos de emigrantes”. La buena acogida que damos actualmente a los miles de venezolanos y cubanos que llegan así lo demuestra.

Otra cosa es el juicio que nuestra sociedad emite sobre los extranjeros cuando eligen nuestro país para invertir en él. Puesto en jerga económica: cuando el extranjero aporta “el factor trabajo”, es en general recibido con beneplácito, cuando lo que aporta es “el factor capital” automáticamente entra, por lo menos, en la categoría de sospechoso. Con frecuencia se lo considera  directamente un usurpador de nuestras riquezas, y se lo suele caricaturizar con parche en el ojo y garfio en lugar de mano.

Parafraseando a Orwell en su genial “Rebelión en la granja”, podemos afirmar que todos los extranjeros son extranjeros, pero,  algunos son más extranjeros que otros. Con este caldo de cultivo, proliferan los estereotipos y nos empantanamos en dicotomías que enmascaran la realidad. Es lo que ocurre, en definitiva, cuando se entreveran las buenas tradiciones cívicas de un país de emigrantes, con la nefasta herencia de “Las venas abiertas…”

No renegamos del turismo porque el dueño del hotel sea estadounidense, ni de la actividad financiera porque los dueños del banco sean canadienses. Como que a esas actividades las viéramos más ajenas, y no violaran nuestro territorio como un argentino que siembra soja, un brasilero que inverna novillos o un chileno que planta eucaliptus.  

Es el viejo concepto de que la soberanía reside en la propiedad del territorio y que cualquier enajenación del suelo con fines productivos opera en desmedro de la misma. No importa que la nacionalidad del inversor sea cada vez más difícil de determinar, con la proliferación de sociedades anónimas, fideicomisos y otras formas jurídicas de propiedad, ni que el extranjero sea mejor productor o más cuidadoso del ambiente que su antecesor uruguayo.

Pero el nivel de extranjerización de la tierra no debe ser analizado con independencia de la estructura productiva de nuestro agro. En repetidas ocasiones hemos expresado que el factor más determinante de la viabilidad de una empresa agropecuaria, es la dotación de capital, incluyendo en él la tecnología y el gerenciamiento. Y lo hemos ejemplificado con un predio de 500 hectáreas, con 3 niveles hipotéticos de capitalización.

El primero, con hasta, digamos, 200 dólares por hectárea, se lo debe tipificar como un predio de subsistencia, de muy baja productividad. Un segundo nivel, con una capitalización del entorno de los 1.000 dólares por hectárea, puede definirse como un predio ya de mediano porte (en la escala uruguaya), económicamente viable en un régimen de libre competencia por los factores productivos.

Finalmente, el mismo campo, pero con una dotación de capital del orden de los 5.000 dólares por hectárea, puede constituir una gran empresa rural. El primero estará condenado a una ganadería extensiva de baja productividad, el segundo podrá ser una empresa ganadera eficiente, el tercero podrá elegir o combinar los rubros de mayor productividad y mejor resultado económico.

El extranjero inversor, dada su dotación de recursos, adopta mayoritariamente los modelos productivos agropecuarios de más alto nivel de capitalización y productividad.  Y en nuestro país, los procesos de crecimiento en el sector primario tienen un importante efecto multiplicador a nivel de la industria y los servicios asociados, generándose, cuando se dan esos procesos, un mayor valor agregado en el conjunto de la economía. Y ese mayor nivel de actividad abre nuevas oportunidades para pequeños y medianos inversores nacionales.

Resumiendo: el crecimiento económico se da en asociación con la inversión extranjera, por compra de empresas ya existentes o creación de nuevas, entre ellas algunos grandes emprendimientos. Pero ese mismo crecimiento, en simultáneo, genera nuevas oportunidades para inversores nacionales, principalmente en servicios de apoyo a las cadenas agroindustriales. Entonces, la extranjerización de la tierra no debe verse como la causa de los problemas, sino como la consecuencia del crecimiento de una economía que se desarrolla en un mundo globalizado.

Planteadas así las cosas, como país deberíamos tener claro cuál es la opción política que preferimos: la del crecimiento y el desarrollo que, con altibajos, hemos recorrido en el último cuarto de siglo, con la condición sine qua non del aumento de la extranjerización de la tierra (y del conjunto de la economía inherente a la globalización de la misma) o el retorno al país de hace 25 años, más “soberano” según la óptica de los que reclaman el combate a la extranjerización.

Se impone entonces una evaluación de las consecuencias que dicha elección tendría. Si se elije libremente, se debe asumir responsablemente las consecuencias (aunque este ejercicio haya caído en desuso) de esa elección. La facilita mucho el hecho de que conozcamos los dos modelos: el actual, con 16.000 dólares de ingreso per cápita y el de un cuarto de siglo atrás, en la que ese ingreso solo alcanzaba a 5.000 dólares. Aunque la cifra actual sea en cierta medida consecuencia del atraso cambiario, en términos reales, su poder de compra no debe ser menos del doble del anterior.

Y una muestra del modelo anterior lo seguimos teniendo a la vista con el Instituto Nacional de Colonización, “modelo productivo” que podríamos  asimilar, aproximadamente, con el primer nivel de capitalización del predio en el ejemplo anterior. En él, se priorizan absolutamente los aspectos sociales por sobre los económicos de la tenencia y propiedad de la tierra, con muy bajos niveles de capitalización y por consiguiente de productividad, pero con propiedad nacional (estatal) y usufructo a través de arrendamientos a pequeños productores a precios subsidiados (a la mitad o menos del valor de mercado) y por supuesto, sin extranjeros a la vista.

En la comparación de nuestra sociedad actual con esa otra anterior de, digamos, no un tercio pero si la mitad del ingreso real actualmente disponible, debemos imaginar un país con mayores carencias en infraestructura, con una educación, una salud, una seguridad con la mitad de los recursos de los que dispone la sociedad actual. Y lo que se aplica al gasto social, extendámoslo al de las familias. Adiós a los 20.000 “Cero km” anuales, menos viajes, mayor desocupación, salarios y jubilaciones muy disminuidos. Pero eso sí: ¡“tolerancia cero a la extranjerización”! Cuando se discute el tema que nos ocupa, estas implicancias no pueden quedar afuera del análisis.

Para finalizar, párrafo aparte merece el gran hito extranjerizante que está hoy sobre la mesa, y que tanto ilusiona pero a la vez complica al gobierno nacional, al chocar con su discurso tradicional de rechazo a la extranjerización, que su “ala dura” no deja pasar un minuto sin recordarle. Y que también (relictos del pasado) divide las aguas de la oposición: la planta de UPM2.

Quienes se oponen a su instalación lo hacen desde distintos planos. Uno es el del reclamo ya mencionado de pedir igualdad de condiciones para las empresas nacionales, otros al alarmismo ecológico (no alcanzó la experiencia de las plantas anteriores que iban a matar al río Uruguay, disparate permanentemente desmentido por una década de controles oficiales). Pero el argumento más frecuente es el tradicional “se la llevan toda”, ignorando la “que queda” por dinamización y crecimiento de toda la cadena forestal, ni la que los extranjeros pueden dejar enterrada acá, si las cosas no les marchan bien.

Como que los finlandeses tuvieran un gen de maldad. Ocurre que tienen ojos, y ven. Ven el estado calamitoso de nuestra infraestructura vial, ven la pasividad (cuando no complicidad) oficial ante el chantaje sindical que padece, por ejemplo, la industria láctea uruguaya, ven el nivel de precios y la calidad de los servicios que brindan los monopolios estatales, ven, en fin, la burocratización, el ausentismo, las carencias en educación básica y técnica. Y saben que así, las cosas no funcionan, por eso exigen (sí, exigen, no dejemos de recordar que planean invertir miles de millones de dólares) que esos problemas los solucione quien corresponda, o la inversión no se hace.

Al menos quien esto escribe, no ha visto ninguna solicitud finlandesa pidiendo que esas soluciones no alcancen a los empresarios uruguayos, seguro si llegaran a todos, también las empresas extranjeras saldrían beneficiadas. Pedir “que se nos dé a los uruguayos lo mismo que a los finlandeses” es una ingenuidad, porque no es un tema de nacionalidades, es de modelos macro económicos: para que eso ocurriera, tendría que cambiar el nuestro, dejando de priorizar el consumo para pasar a privilegiar la competitividad.

Y eso implicaría darle oxígeno a la economía pero, nada más ni nada menos que a costa de alejarse de los votos, es decir del poder. Y esos sacrificios se hacen excepcionalmente, solo cuando el que lo “solicita” pone sobre la mesa de negociación un argumento con nueve ceros.

Rodolfo M. Irigoyen
Enero de 2019

Se suele calificar a nuestra estructura productiva de base agropecuaria como generadora de modelos de desarrollo que se definen  con expresiones del tipo de “destino pastoril” o “productores de bienes primarios no diferenciados”. Lo que implica una percepción bastante peyorativa sobre los procesos productivos que la integran. Según este diagnóstico, estaríamos amarrados a un destino de simples reproductores de formas arcaicas de producción, de escasa generación de valor y baja demanda tecnológica, lo que nos impediría alcanzar los estándares de bienestar propios de las economías industriales con elevada participación de los servicios en la producción global. Entre ese diagnóstico y la conclusión de que es imprescindible la superación de la estructura productiva de base agropecuaria para que nuestra economía se desarrolle y modernice, hay un paso. Y la necesidad de darlo, parece estar en el código genético de la gran mayoría de los uruguayos.

Quienes comparten este difundido diagnóstico, suelen además asignarse la condición de adalides del desarrollo tecnológico y la modernidad. Proclives a las dicotomías simplistas, nos advierten que se agota el tiempo para optar entre vacas y computadoras, y que seguir prefiriendo los rubros tradicionales de la producción agropecuaria antes que, digamos, el desarrollo de la inteligencia artificial, nos aleja cada vez más de la virtuosa senda que conduce al primer mundo.

Y visto de lejos, o cuando no se conoce el real funcionamiento de las piezas que lo componen, el modelo resulta atractivo, legitimado por un formato de actualidad, correctamente estructurado, políticamente correcto. Pero como tantas veces ocurre en Economía, la falla está en los supuestos, en los preconceptos que se dan como verdad revelada y que están en la base, y contaminan, toda la racionalidad posterior. El resultado es recurrente en nuestra historia económica: “buenos modelos”, apadrinados por la cátedra y socialmente aceptados, pero que no funcionan.

A nuestro juicio, la “confusión primaria” radica en confundir primario con extractivo, conservando una visión malthusiana de los procesos agrícolas, donde la productividad de los mismos es constante, porque no se incorpora al análisis el resultado del cambio tecnológico. Cuando se define a priori al empresario rural como conservador, priorizador del rentismo por sobre la tasa de ganancia empresarial, con alta aversión al riesgo y por lo tanto de nula o muy baja propensión a la incorporación de tecnología (sin entrar en detalles en relación a si la inversión que la misma requiere es rentable) el “destino pastoril” deja de ser una hipótesis para convertirse en un dato de la realidad. Nuestra historia económica, en particular de la primera mitad del sXX, es determinante de esta interpretación de la realidad.

Sin desconocer la existencia de productores agropecuarios con ese perfil (en un universo de más de 40.000 integrantes, hay ejemplos de todo tipo) una cosa es la casuística, el argumento basado en el caso particular, y otra la respuesta global que da el sector ante las condiciones económicas a las que se ve enfrentado. Porque como sostiene Umberto Eco, “todo problema complejo tiene una solución simple, y está equivocada”.

Para rebatir el diagnóstico anterior, remitámonos, como no puede ser de otra forma, a los hechos concretos. Escribíamos en 2010: “En los últimos 20 años, la productividad promedio (en Kg por hectárea) de la agricultura creció al 3,7% anual, pero a partir del 2002/03 lo hizo al 7,8% anual, duplicándose en menos de una década. En el mismo período, la edad promedio a la faena de los novillos bajó de 4 a 2,5 años, sin disminuir el peso de la res y mejorando la calidad de la carne. La lechería (de 1500 a más de 2500 litros/hectárea) y el arroz (de 5 a más de 8 ton/há) también prácticamente duplicaron su productividad diversificando y mejorando la calidad de sus productos finales en apenas dos décadas. En tanto la forestación implantó 800 mil hectáreas de nuevos montes (5% de nuestro territorio productivo), plataforma primaria para las dos mayores inversiones industriales del país”

Este dinamismo continuó en el quinquenio siguiente (2011-2015) -el de mejores precios de exportación recibidos por nuestro país desde que se tienen datos- hasta que a mediados de la década se inició el derrumbe de esos precios internacionales (50% en el caso de los lácteos, entre 20 y 30% en los granos) que dejaron en evidencia que el nivel de nuestros costos de producción, mayoritariamente determinados por la política económica, era incompatible con una estrategia de país competitivo, o “agrointeligente” como empezó a denominarse a dicha estrategia.

Los procesos que determinaron este dinamismo del sector primario, en Uruguay y cualquier otro país del mundo, tienen un común denominador: son cada vez más intensivos en capital y en conocimiento. Esto no es novedad en lo referido al capital inmobiliario y al necesario para la inversión en equipos e insumos productivos: capital semoviente, infraestructura, fertilizantes, semillas, agroquímicos etcétera.  

Lo novedoso (si se puede usar este adjetivo en un proceso que se viene desarrollando durante el último cuarto de siglo, pero que corresponde porque dicho proceso aún no ha llegado a oídos de los numerosos defensores del diagnóstico descrito inicialmente) es el hecho de que nuestro agro, cuando existen al menos las condiciones económicas mínimas para que exprese su dinamismo, es un activo demandante de las TICs (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), nave insignia, paradojalmente, de los que declaran a ese agro como arcaico y “vía muerta” en una estrategia de desarrollo sostenible.

La actividad agropecuaria materializa un enorme volumen de conocimiento existente sobre las más variadas disciplinas, que el hombre ha acumulado a lo largo de su historia, pero que ha crecido exponencialmente en el último medio siglo. A título de ejemplo, y en titulares, mencionaremos algunas de esas disciplinas.

El mejoramiento genético convencional de animales y plantas, basado en modelos matemáticos de manejo informático, se complementa, cada vez en mayor medida, por la ingeniería genética y los marcadores moleculares. Una cosechadora, y en general toda la moderna maquinaria agrícola, es manejada por una computadora, y esta por un operador calificado. Y estos equipos, manejando programas georeferenciados, multiplican sus funciones ajustando los trabajos a niveles cada vez más detallados, mejorando la eficiencia en los rendimientos y la economía de tierra, agua e insumos.

Las prácticas agronómicas exigen crecientemente de un manejo informático calificado, demandando técnicos de alta capacitación y de software y otros insumos intensivos en conocimiento. Además de las incipientes agricultura y ganadería de precisión, las mismas demandas tecnológicas se manifiestan en las ramas industriales de preproducción, como los fertilizantes, las raciones, la ingeniería de riego, o las proveedoras de equipamiento para las industrias molineras, láctea, frigorífica, forestal, textil etcétera, son también cada vez más intensivas en el uso de las TICs. Recíprocamente, para las empresas nacionales de esta rama, la demanda de sus productos por parte de procesos agroindustriales es fundamental. Lo que existe es simbiosis, no antagonismo.

La lista de los servicios de post producción intensivos en conocimiento también es difícil de agotar. Las tecnologías de secado o maduración, de diferenciación de productos, de conservación y empaque, los requerimientos de infraestructura y logística de almacenamiento y traslados, y un largo etcétera, demandan y a su vez generan continuamente nuevo conocimiento que se incorpora al conjunto de los procesos productivos de los bienes de origen primario. Y la mayor eficiencia en estos procesos, no se alcanza siguiendo un protocolo o un manual de procedimientos importado, es el producto de una larga acumulación de conocimiento y experiencia local, que si no se usa, se pierde.

¿Y cómo evoluciona el Valor Agregado sectorial y total con los aportes tecnológicos incorporados? En 2011, el autor realizó un trabajo sobre el tema para el caso de la cadena arrocera, para las 4 décadas previas: años 70s, 80s, 90s, y 00s. En ese período, la producción promedio por década a nivel de chacra pasó de 4 a 7 toneladas por hectárea, y el área sembrada de 44 a 165 mil hectáreas. Los principales hitos del desarrollo de la cadena productiva, además del aumento de la superficie y la eficiencia primaria (que involucró enormes avances en la mejora genética y las tecnologías de manejo y preservación ambiental) fueron el de pasar a exportar el 100% de la producción en forma de arroz procesado (años 70s), el desarrollo del proceso de parbolizado (años 80s), de la producción de aceite (años 90s) y del uso de biomasa para la producción de energía eléctrica (años 00s)

Todo ello determinó que el Valor Agregado Bruto del conjunto de la cadena pasara, tomando como 100 el valor en el promedio de los 70s, a 827 en el promedio de los 00s, mientras que la participación del VAB de la producción primaria (a pesar del espectacular crecimiento de su producción física) fue cayendo, en las 4 décadas, del 56, al 52, al 47 y al 44% del total de la cadena. Y los mismos cálculos (también en base a datos oficiales fácilmente constatables) pueden hacerse para las otras cadenas agroindustriales, y los resultados son parecidos.

Entonces, cuando se duplican los volúmenes y la eficiencia en las producciones de arroz, trigo, leche o carne, cuando se desarrollan desde cero grandes producciones de soja o celulosa, el producto, en esencia, no ha cambiado (aunque haya mejorado su calidad, como ha ocurrido). Más que el producto final, lo que cambian son los procesos para alcanzarlo.  El churrasco, la leche, el grano de arroz o la harina siguen presentando sus características tradicionales, pero se producen en forma económicamente más eficiente, con menos tierra e insumos por unidad de producto generado, y con menores costos unitarios. ¿Cuánto del enorme caudal de conocimiento antes mencionado se incorporó para multiplicar la eficiencia de esos procesos productivos? Ser el más eficiente ¿no es también un “activo especializado”?

Y dejando lo tecnológico para pasar a su expresión en las Cuentas Nacionales, el tan meneado fantasma de la “baja participación del Agro en el Producto y en el Empleo” es muestra de dinamismo y no de baja importancia, como lo evidencia nuestro ejemplo del arroz y cualquier comparación internacional que se realice. La concepción original de las Cuentas Nacionales presupone un sector primario con posibilidad de crecimiento puramente horizontal, porque cualquier intensificación y/o encadenamiento de los procesos productivos implica una “fuga” de los resultados de los mismos hacia el sector secundario o al terciario, es decir hacia la industria o los servicios.

Y lo que ocurre con el Producto, también se expresa en el nivel de Empleo.

El sector primario se desarrolla reduciendo el número de trabajadores directos (empresarios y empleados), requiriendo mayor capacitación y otorgando mejores remuneraciones. Pero los aumenta en forma más que proporcional (al Producto y al Empleo) en forma indirecta en la industria y los servicios asociados, por tener el mayor poder multiplicador de nuestra economía (Red FAO-Mercosur, Fac. Ciencias Sociales, UdelaR, Inés Terra coord.)

Por eso, las opciones de reinserción laboral para los desplazados por el avance tecnológico, no deben ser visualizadas como necesariamente ajenas al sector, porque un agro dinámico genera demandas de nuevos empleos en la industria y los servicios, económicamente más atractivas y culturalmente más cercanas, y que en principio no exigen modificar el “sistema de vida” del involucrado y su familia.

Por todo lo anterior, un camino de desarrollo basado en nuestra “agrointeligencia” debería ser un objetivo nacional y como tal, ser encarado por el conjunto de la sociedad. No es promoviendo el antagonismo entre segmentos de esa misma sociedad que vamos a alcanzarlo.

Las cuentas que lo demuestran son muy sencillas, pero mucha gente no las entiende. Existen incluso Ingenieros que no las entienden. Si será grande la ignorancia. O peor aún, si será grande el poder de los prejuicios.

Rodolfo M. Irigoyen
Agosto de 2018
(Última edición de “El País Agropecuario”)

Llegamos al final de una etapa. Con independencia de recuerdos, nostalgias y buenos deseos de futuro, es el momento indicado para pasar raya e identificar aquello que hoy consideraría esencial, en el centenar largo de artículos que he publicado en esta revista a lo largo de su cuarto de siglo devida.

Tarea nada sencilla por la diversidad de aspectos tratados, la mayoría del palo agronómico o económico, pero también del ambiental y en general, sobre nuestra ruralidad y su dinámica social. Pero la restricción que implica para el desarrollo de una sociedad de base agropecuaria como la nuestra, las diferencias de visiones, realidades y posibilidades entre el campo y la ciudad -el mal llamado “divorcio”- creo que es el tema más permanente. Porque con distintas formas y manifestaciones, permea todos los estamentos socioeconómicos de nuestro país desde su inicio como nación hasta el presente.

A medida que el tiempo pasa…

Dice el filósofo español Fernando Savater: “Como me tengo por un ser racional, me alegro de haber cambiado de ideas a lo largo de mi vida. Lo asumo todo, pero que pongan siempre la fecha abajo” Doblemente sabio, porque está bien que cambiamos, pero debe existir el lógico y necesario correlato entre el cambio y el contexto que lo determina. O dicho en otra forma, con la época en que se vive.

La primera tentación del agrónomo es darle a los problemas productivos una solución tecnológica. En general para eso estudió y está bien que actúe de esa manera. Y no le faltan recursos para ello, porque la oferta tecnológica crece más allá del más agorero y malthusiano de los diagnósticos. Todavía no podemos siquiera vislumbrar donde está el techo de la bioinformática o de las TICs, o hasta adonde llegará la agricultura y la ganadería de precisión, pero todo hace pensar que la brecha entre el conocimiento técnico disponible y el efectivamente utilizable, no dejará de crecer.

Pero el optimismo inicial, y las visiones sectoriales que de él derivan, pronto sufren sus primeros revolcones. Porque a la solución tecnológica, por más eficiente que sea en sus resultados físicos, se le debe exigir que “salve el examen de microeconomía” y el técnico agropecuario no puede mantenerse al margen de dicha exigencia. Los más veteranos hemos visto demasiados fracasos económicos, en cuyo origen hubo una atractiva propuesta técnica, para no percibir los peligros del productivismo extremo.

Pero también la experiencia nos enseña (si antes ya no lo hizo nuestra propia extracción social) que no solo importa la viabilidad económica en el sentido empresarial del término, sino que las implicancias sociales de los procesos productivos no pueden pasarse por alto, en un sector rural donde las tres cuartas partes de los predios corresponden a productores familiares. Asunto de muy compleja resolución, dado que el avance tecnológico –y en muchos casos también las escalas productivas- definen funciones de producción en las que es cada vez más intensivo el uso del factor capital, si se pretende generar y mantener la competitividad imprescindible para cualquier economía, en particular una pequeña como la nuestra.

Y a las problemáticas tecnológicas, económicas y sociales, se les ha sumado en las últimas décadas la ambiental. Porque crece la población mundial y con ella la presión sobre los recursos naturales, que son finitos. Pero además, crecen también los niveles de consumo y de los desechos que de él derivan. Y en consonancia con estos fenómenos inherentes al desarrollo económico, toma cada vez más cuerpo la consciencia social sobre la necesidad de un creciente cuidado ambiental, para nosotros y para las generaciones futuras. Y como los animales también forman parte del ambiente, también nos preocupa ahora el bienestar animal -para los domésticos- y la preservación o no extinción de las especies silvestres.

¿Qué nos queda?

En alguna medida, con mayor o menor énfasis según nuestra educación y nuestras convicciones, todos transitamos las diferentes etapas antes bosquejadas. Pero como en el cuento del tesoro al final del arco iris, la meta se nos aleja a medida que creemos acercarnos a ella. Hasta que el tiempo, el implacable, nos obliga a pasar raya, a llegar, con las ponderaciones que consideremos pertinentes, a una visión integradora entre la base agropecuaria de nuestra economía, con los valores y la forma de vida de una sociedad altamente urbanizada, dado que el 70% de los uruguayos viven en el área metropolitana de Montevideo.

Y desde el fondo de nuestra historia como nación, el resultado que  hemos alcanzado, más que por su carácter integrador, se ha caracterizado por el enfrentamiento entre dos interpretaciones antagónicas respecto al tipo de país que tenemos y el que querríamos tener: al manido “divorcio campo-ciudad”, al que en repetidas ocasiones nos hemos referido desde estas páginas. La insistencia con el tema radica en la importancia que le asignamos, pues consideramos a ese antagonismo como una de las mayores restricciones el camino de desarrollo socioeconómico de nuestro país.

Decíamos en diciembre de 2016: “Dicho antagonismo (campo/ciudad) en su versión más primaria, es comprensible por las diferentes condiciones de vida, por los distintos contextos, que promueven en un caso la socialización de los problemas y las oportunidades, y por otro el aislamiento que genera individualismo, asociado a la convivencia con los riesgos derivados de la dependencia de fenómenos naturales poco controlables… pero en los países más desarrollados esas diferencias ancestrales se han ido moderando hasta alcanzar equilibrios de intereses y posibilidades,  sobre los que se asientan la prosperidad y la justicia social para el conjunto de la población…en cambio en la sociedad uruguaya siguen vigentes las visiones antagónicas”

Y no logramos superar ese forcejeo que neutraliza gran parte de los esfuerzos que, en un ambiente de mayor simbiosis social, darían un sustancial impulso a nuestro trabajoso camino de desarrollo.

En definitiva

Al pasar raya al final de esta etapa, vemos que algo de razón tuvieron en el pasado y continúan teniendo en el presente, cada una de esas visiones sobre nuestra sociedad rural. Pero cuando intentamos una síntesis, observamos que el total es diferente a la suma de las partes, porque en definitiva, se trata de un problema cultural. Y que es normal que las diferencias culturales existan, de que no se trata de superar una cultura para acceder a otra, ya que la vida urbana y la rural son esencialmente diferentes. Y esto ocurre acá pero también en los países que más progresan y de mayor desarrollo social.

El campo con su cultura y la ciudad con la suya, pero tratando de igualar en la medida de lo posible las condiciones de partida y las posibilidades de desarrollo de los habitantes de ambas realidades, sin tratar de eliminar las diferencias que son inherentes a cada una de ellas. Y por supuesto que muchas cosas pueden y deben hacerse en los planos ya mencionados, pero el denominador común esencial es el de la educación.

En la educación formal por supuesto, desde la escuela, preparando a los jóvenes para el mercado laboral, dándoles una base cultural y los principios básicos del orden social en que viven. Una educación pública de excelencia es la base para reducir las diferencias de partida, y para todo el desarrollo socioeconómico posterior. Y una parte no menor de la (buena o mala) educación, es la que se recibe a través de los medios masivos de difusión.

Al respecto denuncia el científico canadiense Steven Pinker: “El periodismo tiene un problema inherente: se concentra en acontecimientos particulares más que en las tendencias. Y le resulta más fácil tratar un hecho catastrófico que uno positivo. Hay un hábito muy extendido entre intelectuales y periodistas que consiste en destacar solo lo negativo, en describir el mundo como si estuviera siempre al borde de la catástrofe. Los periódicos podrían haber recogido ayer la noticia de que 137.000 personas escaparon de la pobreza. Es algo que lleva ocurriendo cada día desde hace 25 años, pero que nunca ha merecido un titular. Esto acaba generando una visión distorsionada del mundo”

No pretendamos igualar las condiciones de vida del campo y la ciudad, así no superaremos el “enfrentamiento” que dificulta nuestro desarrollo. Porque cada uno de esos dos segmentos de nuestra sociedad, responde a una cultura particular, y muchas características de las mismas no son intercambiables. Desarrollemos sí, como parte de la educación, la cultura de entender la realidad analizando datos objetivos, que muestren todo lo que nos queda por hacer, sin desconocer el valor de lo que ya hemos hecho. Esa capacidad de análisis es, junto a la honestidad intelectual, los atributos básicos de la prensa de calidad, la que realmente forma parte del proceso educativo.

Rodolfo M. Irigoyen
Mayo de 2018

La historia económica del Uruguay se vertebra en torno a la producción de alimentos y fibras, los que con el correr del tiempo fueron incorporando las primeras fases de los procesos industriales que aseguraban su conservación y mejoraban la eficiencia de su comercialización y traslado a sus lugares de consumo final en el país y, crecientemente, en el extranjero.

La lana, que originalmente se exportaba sucia, a fines del siglo pasado llegó a exportarse en su casi totalidad en forma lavada y peinada. La producción vacuna, en sus inicios extractiva (“vaquerías”, cueros, sebo) completó en el mismo período el proceso de faena local de toda la producción con venta de diversidad de cortes y creciente nivel de calidad.

La lechería, que durante décadas apenas cubría el consumo interno, para volverse mayoritariamente exportadora tuvo que mejorar la eficiencia productiva y la calidad del producto, y por lo menos deshidratarlo para no exportar agua. En definitiva, nuestras cadenas de producción de granos, de madera, de cítricos, en la medida que aumentaba la eficiencia de la fase primaria, se volvían exportadoras y para ello desarrollaban las imprescindibles primeras etapas de sus procesos de industrialización.

Pero luego de ese primer eslabón agroindustrial, el desarrollo de la cadena se detiene. Cortes de carne sí, pero pocos productos cárnicos más elaborados, y el incremento de valor por incorporación de nuevos atributos al producto primario (bienestar animal, carne orgánica etcétera) tampoco han tenido un desarrollo continuo y de importancia. Lo mismo para el arroz, pelado y pulido sí, pero hasta ahí. Tops de lana sí, pero no casimires o prendas. Leche en polvo sí, pero poco queso o manteca y nada de yogures, helados o lácteos más sofisticados. Troncos o chips sí, pero no muebles; celulosa sí pero no diferentes tipos de papeles o cartones.  Grano de soja por supuesto, pero no aceite o tortas proteicas.[1] Y los intentos de profundizar esos procesos, por lo general tuvieron corta vida, con “los ingresos corriendo de lengua afuera atrás de los costos”

Misiones posibles e imposibles

Porque ese es uno de los temas más recurrentes en nuestra economía: a medida que se avanza en las sucesivas fases de las cadenas productivas y nos alejamos de la base primaria donde reside nuestra competitividad (intensificándose la participación del Estado por vía cambiaria, impositiva, salarial, previsional, de tarifas, con carencias infraestructurales y de inserción externa y excesos burocráticos) el nivel de dicha competitividad se derrumba, los números se vuelven rojos y los reclamos para que “se agregue valor industrializando el producto primario” pierden todo sentido.

Por eso (entre otras cosas referidas nada menos que a la tecnología, las escalas productivas y la inserción internacional, porque los contrarios también juegan) resultan utópicas y trasnochadas las propuestas industrialistas en boga en los años 50 que sin embargo aún hoy tienen defensores en nuestro país. Aunque se trate de una “misión imposible”.

Pero si en algo hemos insistido a lo largo de los años, es en el hecho de que esa base primaria y agroindustrial es la plataforma más adecuada para el desarrollo económico de nuestro país, y que intensificarla aumentando el volumen y la eficiencia de sus procesos productivos, empezando por los primarios, es la mejor forma de agregar valor, de crecer y desarrollarnos, dado el elevado coeficiente multiplicador del sector primario sobre el resto de la economía. Esa es la misión posible e imprescindible, porque se trata de hacer más y mejor aquellas cosas en las que tenemos condiciones y experiencia en saber hacer. Que es lo que el mundo demanda y demandará.

Insistencia que también ha incluido la afirmación de que la baja participación del sector primario en el PIB no es indicador de poca importancia, sino de dinamismo, porque cuando crece la producción primaria, crecen en forma más que proporcional el valor de la producción y el volumen y calidad del empleo en la industria (que es agroindustria) y en los servicios de apoyo a los sectores primarios y secundarios, lo que reduce la participación relativa del sector primario en el total del producto y del empleo, aunque en términos absolutos haya crecido [2].

Además, a ese complejo agroindustrial se han sumado en las últimas décadas los servicios turísticos e incipientes desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, actividades estas en nada contrapuestas, sino más bien complementarias (en particular las TICs) del desarrollo agroindustrial.

Se da vuelta la taba

Descartada la opción de “país industrial”, y con el sector agropecuario cada vez más jaqueado por la caída de sus precios de exportación que en mayor o menor medida se diera a partir del 2014, sin que los costos de producción se ajustaran en el mismo sentido, los engranajes económicos empezaron a girar en sentido opuesto a lo que habían hecho en la primera mitad de la década, cuando la bonanza proveniente de los precios externos disimulaba nuestras carencias. Empieza a gestarse un ciclo recesivo.

Cuando esto ocurre, se genera globalmente menos valor, se produce menos o de menor calidad porque se invierte menos, pero se logran disminuir los costos unitarios de producción, conservándose eventualmente la viabilidad de la unidad microeconómica, de las empresas, a las que no se les puede pedir que se inmolen en aras del bienestar del resto del país.

Y ese “ajuste extensivo” (proceso al que, con perdón de la semántica, hemos denominado de “primarización”) se da por la razón del artillero: nuestra estructura de costos nos obliga al mismo, dado que la mejora tecnológica necesaria para revertir el ciclo e incrementar la producción, es intensiva en los insumos más caros y sufre la creciente y extractiva participación del Estado.

Y esto se produce tanto a nivel rural como industrial. La producción ovina acosada por la inseguridad e intensiva en mano de obra, no deja de reducirse en el campo, y a nivel comercial la mitad de la lana se vuelve a exportar sucia, luchando las pocas peinadurías sobrevivientes para no cerrar sus puertas. En la carne vacuna, quizá nuestro rubro más competitivo, crece la exportación en pié de terneros que se dejan de criar y engordar en nuestro suelo, una actividad que ha dinamizado a la cría pero que es resistida por la industria frigorífica.

La agricultura ha reducido su área de siembra en una tercera parte, las plantas lecheras de menor escala cierran o caminan por la cornisa mientras los tamberos “achicaban” enviando vacas lecheras a faena. La cadena arrocera, durante décadas orgullo del país por su productividad, su integración agroindustrial, su cuidado ambiental en integración con la ganadería y su industrialización de subproductos, está al borde del colapso, con reducción del área sembrada de 200 mil a menos de 150 mil hectáreas, con productores que liquidan la empresa y emigran buscando nuevos horizontes. Y el panorama es similar en los otros cereales, en la vitivinicultura[3], en la producción forestal de madera para aserrado, que exporta troncos porque es imposible exportar los árboles en pié.

Y tras cuernos, palos. Porque nuestros industriales ven con envidia las condiciones que se le brindan a las transnacionales de la celulosa, e ingenuamente solicitan las mismas medidas para la industria nacional. Como si ellos también tuvieran la posibilidad de exigir las condiciones que necesitan para funcionar normalmente, manejando (ante un gobierno hambriento de inversiones) la promesa de invertir 3 o 4 mil millones de dólares, usando el convincente argumento  de “lo tomas o lo dejas”[4].

El difícil equilibrio

Llegamos así a la necesidad estratégica de desarrollar y consolidar un equilibrio en el desarrollo de nuestras cadenas agroindustriales, que reconozca la imposibilidad objetiva de profundizar los procesos de industrialización, sin caer por ello en la opción opuesta, el retroceso de los mismos hacia su base primaria. Porque esa caída significaría una crítica disminución en los niveles de producción y empleo del país, en paralelo con un grave deterioro de su balanza comercial.

A título de ejemplo, consideremos el caso de la exportación de ganado en pie, tema particularmente conflictivo entre los intereses de la ganadería de carne y los de la industria frigorífica. Lo primero es dejar muy en claro que la autorización de la realización de dicha práctica comercial ha sido muy beneficiosa, constituyéndose en un elemento dinamizador del conjunto de la cadena, lo que implica, entre otras cosas, que probablemente no haya disminuido la oferta final de ganado para faena (permanente temor de la industria frigorífica) al compensarse lo exportado en pie por el aumento de la productividad global de la ganadería. Si esto hasta ahora ha sido así (como creemos que efectivamente ha ocurrido) no habría motivo de preocupación.

Lo que preocupa es la tendencia. Porque en los inicios de esta práctica comercial se podía estimar –mejor dicho, hemos estimado- que el número de cabezas exportadas en pie podría no superar el 10% del total de la faena, sin embargo en 2017 ya alcanzó al 15% [5] de ese total. Si las distorsiones de mercado de los países importadores (actualmente Turquía, que grava con altos aranceles a la importación de carne pero no la de animales vivos) y continúan los problemas de competitividad de nuestras agroindustrias, ese porcentaje podría seguir subiendo.

Y la pregunta obligada es ¿hasta cuándo? sin que ello implique un deterioro irreversible de nuestra estructura industrial. Porque una crisis generalizada de la industria sería un golpe terrible para el conjunto de la cadena cárnica, como ya lo ha experimentado nuestra ganadería en el pasado.

Y al menos como hipótesis, cabe plantearse la posibilidad que esto ocurra, por ejemplo si algún gran país productor decide incrementar sus existencias vacunas y maneja con ese fin herramientas cambiarias y/o arancelarias  contra las que una economía pequeña como la nuestra no podría competir. No se debe perder de vista el hecho de que nuestro actual estatus sanitario -que nos enorgullece en una comparación regional- podría operar en ese caso en sentido opuesto, al impedir la importación de terneros de otro origen para compensar la caída de nuestras existencias [6].

Por supuesto que la defensa de nuestra estructura agroindustrial de primera transformación no nos libera de los siempre latentes conflictos al interior de estas cadenas, entre los productores primarios y la industria, se llamen estas frigoríficos, peinadurías, industria láctea, molinos o bodegas. Y los intentos de los productores de transformarse en industriales (incluyendo organizaciones cooperativas) para captar los supuestos excesivos márgenes de los frigoríficos han sido en general un fracaso. Con “ejemplos garrafales”.

En definitiva

Se trata de un tema muy delicado, con susceptibilidades a flor de piel, incluyendo prejuicios que operan en forma automática, porque no se puede negar la existencia de razones históricas para que esto ocurra. Pero es imprescindible usar las luces altas, y entender que los objetivos generales que a todos involucran, deben priorizarse frente a cualquier reivindicación de aspectos sectoriales, por fundados que estos sean.

Y siempre está la tentación de pedir que el Estado arbitre, según unos con autorizaciones irrestrictas o según otros con límites arbitrarios, incluyendo “cajoneos” temporales de las autorizaciones para la exportación. También la historia nos demuestra que, en casos como este, son peores los remedios que la enfermedad.

A nuestro juicio el único remedio válido para alcanzar el equilibrio en el que se dinamiza la fase primaria de la producción de carne sin comprometer por ello la viabilidad de la industria frigorífica, lo que maximiza el resultado económico de toda la cadena, no pasa por las limitaciones o las prohibiciones, sino por las imprescindibles medidas macroeconómicas tendientes a mejorar la competitividad del conjunto del complejo agroindustrial.

Si esto se consigue, la exportación en pie deberá continuar, sin otra restricción ni apoyo que los que le brinde el libre funcionamiento económico, se trate de algún nicho de mercado externo o de su condición de “válvula de escape” ante eventuales problemas comerciales.

Seguirá cumpliendo así el papel dinamizador que hasta ahora ha desempeñado, sin que llegue a implicar un riesgo para la industria frigorífica, cuya existencia y buen funcionamiento es imprescindible por tratarse de un sector económico clave para nuestro desarrollo.

[1] Y en todos los alimentos, ni soñar con los probióticos o la nutrigenómica, ni en general con los actuales avances en el campo de la bioinformática.

[2] El Producto Bruto Interno mide la producción de bienes y servicios de uso final, mientras que el agropecuario es un sector productor de bienes de uso intermedio.

[3] Empujada en la rodada por la absurda  “Tolerancia cero”

[4] Adjudican a Al Capone la siguiente frase: “un argumento, con una pistola en la mano, es mucho más convincente que el argumento solo”  Dicho con todo respeto, solo para poner un poco de humor.

[5] Como se exportan en general solo machos,  el porcentaje de disminución de novillos para faena en Uruguay  puede ubicarse en aproximadamente el doble de dicha cifra.

[6] Como si puede hacer la industria topista, que importa lana de la región para compensar las exportaciones uruguayas de lana sucia.

 Rodolfo M. Irigoyen
Febrero de 2018

La expresión “pequeños y medianos productores” aparece muchas veces formando parte de los reclamos del sector agropecuario, pero siempre en las respuestas que da el gobierno, cuando las da, a dichos reclamos.

Porque “los problemas del agro” (dejemos de lado a los originados en fenómenos climáticos) tienen dos grandes componentes. El económico, expresión de problemas de competitividad que atañe a parte o a todo el sector y deriva tanto del exterior (precios internacionales, cuotas, aranceles etcétera) como de las políticas internas (cambiaria, impositiva, de precios y tarifas, ambientales, de inserción internacional etcétera).

El otro componente es el social, y en general se define por el conjunto de “los pequeños y medianos productores”. Éstos, dada su relativamente escasa  dotación de factores productivos (tierra, capital de trabajo, nivel tecnológico etcétera), suelen no alcanzar niveles de ingresos suficientes para un desarrollo familiar sostenible. Constituyen, junto a los asalariados rurales, la cantera social que nutre la secular migración campo-ciudad, en Uruguay y en cualquier país del mundo en que exista desarrollo económico

Los reclamos del campo, como el actual de los “autoconvocados”, aluden a los problemas económicos, que en mayor o menor medida atañen a todo el sector y se originan, salvo excepciones, en las políticas internas del ámbito macroeconómico. Y para fortalecer el mensaje, se hace mención explícita al componente social del problema, dado que en tiempo de vacas flacas, las de los “pequeños y medianos” son por supuesto las más flacas de todas.

El Poder Ejecutivo que arrancó ninguneando a las gremiales rurales en noviembre respondiendo a su pedido de reunión fijándola para el 23 de febrero (solo le faltó decir “vengan después del carnaval”), a mediados de enero cuando el descontento eclosiona y en dos semanas cubre al país, se reúne primero con las gremiales, luego recibe el comunicado del encuentro de Durazno y en pocas horas le da respuesta.

Y por supuesto solo considera el componente social del problema: es una ayuda a los pequeños y medianos productores de los subsectores en peores condiciones Pero no ayuda mucho. Astori estimó el costo del total de los apoyos prometidos ¡en 7 millones de dólares! aproximadamente el 1 por mil de las exportaciones anuales de origen agropecuario.

Y la política económica no se toca. Aunque en la política económica esté el problema, porque la competitividad del agro se juega mucho más en el Ministerio de Economía y Finanzas, incluso en el de Relaciones Exteriores, que en el de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Las implicancias del desarrollo tecnológico

 En la Edad Media, en Europa, el 95% de la población vivía en el campo. Hoy, pocos siglos después, en los países desarrollados europeos menos del 5% de la población se dedica directamente a las tareas del agro. En el sXIX, cuando el monje y economista inglés Thomas Malthus -mientras se desarrollaba en su país la Revolución Industrial- publicó sus pronósticos catastrofistas relativos al futuro de hambrunas que esperaba a la humanidad, la población mundial no alcanzaba a los 1.000 millones de personas. Hoy llega a los 7.500 millones y no solo no hay hambrunas, sino que esa enorme población está mucho mejor alimentada.

Esas enormes transformaciones tienen una constante: el extraordinario proceso de avance tecnológico que está en la base del crecimiento, condición imprescindible para el desarrollo económico de la humanidad. Avance tecnológico que no solo no se detiene sino que se acelera, pasando por “revoluciones productivas” que cada vez se producen con menores intervalos de tiempo. En el agro en el último medio siglo las principales fueron 3: la de las semillas híbridas, la de los transgénicos y la de las TICs (Tecnologías de la Innovación y las Comunicaciones).

El desarrollo tecnológico lleva a un aumento permanente de las escalas de producción, tanto tecnológicas como de capital, proceso que inexorablemente va reduciendo los requerimientos de mano de obra, en simultáneo con el aumento de la calificación que la misma requiere. Cada vez en mayor medida, las empresas agropecuarias se vuelven “capital intensivas”. De este modo, van quedando marginadas las empresas “de menor tamaño económico”, con menores posibilidades de acompañar el permanente incremento de la escala tecnológica y financiera.

Y el proceso de intensificación que implica la incorporación de tecnología, es por lo general intensivo en el uso de energía, en sus distintas formas. En Uruguay, en rubros como el arroz o la lechería es alta la participación de la energía eléctrica, y en todas las cadenas productivas, el gasoil, que mueve toda la maquinaria agrícola y transporta toda la producción, es un insumo estratégico. De ahí que tanto la educación como los costos energéticos manejados por el Estado, sean claves para la competitividad sectorial.

El problema social

Pero el principal problema social que este proceso genera, no es el de la exclusión de los pequeños productores, que es inevitable por ser inherente al avance técnico y por consiguiente al desarrollo económico. El gran problema es que los que queden excluidos como productores, no dispongan de opciones dignas de reinserción laboral y familiar.

Porque en los predios pequeños, los aspectos económicos se confunden con los sociales, vinculados con la sobrevivencia del núcleo familiar y su estilo de vida, en particular en aquellos en que la familia vive en el predio y no tiene fuentes de ingreso provenientes de fuera del sector.

Por eso, las opciones de reinserción laboral  no deben ser visualizadas como ajenas al agro, como las trasnochadas  estrategias industrialistas, sino que un agro dinámico genera demandas de nuevos empleos y actividades de servicios de apoyo a la pre y post producción –como ocurrió en el trienio 2011/2013- económicamente más atractivas y culturalmente más cercanas, porque en principio no exigen modificar el “sistema de vida”.

Y esta dinamización sectorial, que solo puede provenir del sector externo y/o de la macroeconomía, es la mejor forma de descentralización, de impulso al desarrollo de pueblos y ciudades del interior, a no seguir multiplicando los asentamientos de marginados, a mejorar la cantidad y la calidad del empleo. Pero como somos tomadores de precios y no tenemos ni podemos esperar los de hace 5 años, tenemos que bajar los costos. Y eso es lo que piden los “autoconvocados” (además de los ingenuos que creyeron en las promesas electorales de la “Reforma del Estado”).

Para usar un término caro al elenco gobernante, las mejoras que brinde el gobierno deben ser “inclusivas”. Que incluyan a todo el sector, no solo a los que están “en números rojos”. Porque dado su efecto multiplicador,[1] esa es la mejor forma de ayudar a los pequeños y medianos, ayudando a la vez, económica y socialmente a todo el país.

No porque los grandes necesiten ayuda para llegar a fin de mes. Lo que necesitan es que sus inversiones tengan un retorno positivo, para que no dejen de invertir, para que demanden trabajo y servicios, para que aumenten la producción, y no se vayan a hacerlo a otro lado. Por eso es falso el sonsonete oficialista de “sacarle al que más tiene para darle al que no tiene nada”.

Porque la única forma sostenible de darle a los que tienen poco o nada, es no impidiendo que entre todos, grandes, medianos y pequeños, se produzca cada vez más y de mejor calidad. Cuando la torta crece, crecen todas las tajadas. De ahí el acierto de que el movimiento de los “autoconvocados” se haya denominado “Un solo Uruguay”.

En definitiva

Que la gente bien intencionada que hay en el gobierno, no escuche a los que menean fantasmas desestabilizadores. Ni a los ideólogos capaces de transformar cualquier acontecimiento del ámbito rural en una manifestación de la lucha de clases en el agro. Ya se trate de una pelea a rebencazos entre dos paisanos, como del hecho de que el propietario de un campo se lo alquile a otro productor para que lo explote.

Y que quede claro. No se desconoce la importancia que puede tener una ayuda puntual –por pequeña que sea- a un reducido número de productores en situación crítica. Bienvenida sea. Pero no nos confundamos, esa ayuda “no mueve la aguja” de la situación de un sector que está en problemas. Y el conjunto de la economía ya lo empezó a percibir (se acelera el proceso de cierre de empresas rurales o vinculadas al agro) y lo hará con mayor impacto en el futuro cercano.

Aprendamos de Nueva Zelandia y Australia, países desarrollados que no reniegan de su base económica agropecuaria ni de exportar bienes primarios dentro de ámbitos de Tratados de Libre Comercio, y que adaptan sus políticas a los vaivenes de los mercados internacionales de sus productos de exportación, priorizando la competitividad sistémica del país.

Quizá si nuestro equipo económico intercalara algún viaje a Auckland o Wellington, a Sidney o Melbourne, entre los muy frecuentes a Washington, podríamos internalizar nuevas enseñanzas que nos volvieran más eficientes y competitivos en lo económico, para así poder desarrollar la solidaridad social con mayor responsabilidad y sobre bases más sostenibles. Porque la soberbia de creer que lo sabemos todo, es muy mala consejera.

[1] El sector agropecuario es el que presenta mayores efectos de difusión sobre la economía en su conjunto en comparación con el resto de las actividades productivas.  (Inés Terra  Coord. Informe Técnico Proyecto Red Mercosur-FAO Julio 2009)

Rodolfo M. Irigoyen
Enero de 2018

En pleno furor de los “autoconvocados”, el ex Ministro de Ganadería y actual Senador (primer suplente de José Mujica), Andrés Berterreche, publicó un artículo (“Ta raro, ¿nó?” La diaria, 13/1/18) sobre dicho movimiento, donde, entre otros aspectos, pone énfasis en el hecho de que en la plataforma de reclamos, no figura la baja “del costo de la renta de la tierra”, “el mayor de todos los costos”, ese “impuesto ciego y privado”.

Como en el número de diciembre de El País Agropecuario publiqué “El tema de la renta de la tierra” donde sostengo una posición que está en las antípodas de la de Berterreche, considero pertinente volver sobre el tema.

Lo primero y fundamental a destacar, es que los costos que se mencionan en dicha plataforma, son los varios que determina el Estado, como los derivados de las tarifas y precios de energía y combustibles, los impuestos, los ajustes a los salarios, los costos de transacción adicionales implícitos en la inexistencia del ferrocarril y las carreteras destrozadas, en la madeja burocrática a desenredar para cualquier trámite, y un largo etcétera. Capítulo aparte, la pérdida de competitividad derivada de la política cambiaria. Al respecto, nada más ilustrativo que consultar la evolución de la competitividad del país frente al resto del mundo, que calcula y publica el Banco Central.

Pero el costo de las rentas lo fija el mercado. Y resulta que, según Berterreche, estas no han disminuido con la magnitud esperable en un escenario de crisis, como el que denuncian los productores. Denuncias que se fundarían, cuando no, en intereses político-electorales de la oposición. Pero los datos del propio MGAP/DIEA muestran lo contrario: no solo disminuyó el valor promedio de las rentas, sino que también lo hizo la superficie arrendada.

La superficie total que se explota bajo arrendamiento, según los últimos datos censales disponibles (2011) es de 4 millones 305 mil hectáreas, mientras que la que se explota en propiedad alcanza los 10 millones 483 mil hectáreas, sobre un total de 16 millones 357 mil hectáreas. Lo anterior arroja porcentajes de 26,3 y 64,1% respectivamente para arrendamiento y propiedad. El 9,6% residual lo explica la suma de formas menores de tenencia (aparcerías, pastoreo, ocupantes etcétera).
Los últimos datos disponibles muestran que, entre el 2014 y 2016, la nueva superficie arrendada pasó de 888 mil hectáreas en el primer año, a 653 mil hectáreas en el segundo, lo que representa una caída del 26%. Mientras que el valor promedio -que engloba rentas muy diferentes como ganaderas, agrícolas, lecheras, forestales- pasó en el mismo período de 174 a 113 US$/Há, o sea se redujo en un 35%. El 2017 no habría presentado grandes cambios, según las cifras disponibles: en el primer semestre, respecto a igual período del año anterior, la nueva superficie disminuyó un 6% mientras el precio promedio aumentó un 2%.

Cabe mencionar que una práctica que se ha ido extendiendo, es la fijación de la renta en producto por hectárea, según la aptitud o el destino productivo del campo: Kilos de carne o de soja, litros de leche o bolsas de arroz, valorados a los precios del momento, con lo que arrendador y arrendatario “van en el mismo barco”. Esto mejora la equidad y la viabilidad financiera del negocio, al determinar un ajuste automático del valor monetario de la renta en función de la variable clave para definir, para el arrendatario la rentabilidad del negocio, y para el arrendador, el potencial económico de su campo.

Por último veamos qué pasó con el total bajo producción de los principales rubros agrícolas, donde los arrendamientos tienen mayor importancia, alcanzando aproximadamente a la mitad de lo cultivado. En los últimos 5 años la superficie de soja se redujo en unas 300 mil hectáreas (1,4 a 1,1 millones de há), la de trigo casi en dos terceras partes (de 550 a 200 mil hectáreas) y la de arroz en un cuarto (de 200 a 150 mil hectáreas). Setecientas mil hectáreas menos reuniendo los 3 cultivos, a lo que se deben sumar los campos que abandonan la lechería, donde se liquidan por lo menos 3 tambos por semana. Superficies obligadas a ir a formas de producción menos intensivas, de menores costos, como la ganadería, apoyando el sostenimiento, e incluso el leve repunte de la producción de carne.

En conclusión, el argumento de que “el problema son las rentas” es insostenible. La superficie bajo arrendamiento explica un porcentaje relativamente menor del total bajo producción, y los nuevos arrendamientos, en los últimos años vienen además disminuyendo tanto en superficie como en valor unitario. Por otra parte, las superficies totales bajo cultivo también disminuyen.

Pero Berterreche no se equivoca solo en esto, aunque es lo esencial. Los problemas no los ven los gobernantes que manejan, más mal que bien, indicadores aislados. Lo ve el que pasa raya, y ese solo es el productor. Y ese número final, para algunos solo puede ser el resultado de una inversión, pero para la mayoría es cosa de vida o muerte. Por eso se protesta.

Quedan muchos aspectos sin tratar. Queda el preocupante tema del endeudamiento -con bancos y proveedores- en niveles “pre crisis”. Queda el análisis de la inflexibilidad a la baja de las rentas, en particular en la agricultura de secano y en el arroz, por aspectos inerciales de la estructura productiva de las empresas, que lleva a asumir niveles de riesgo no recomendables en un clima errático como el nuestro. O a liquidar y emigrar al Paraguay, como están haciendo los arroceros del norte.

Pero sobre todo queda sin tratar un asunto central: “el dato” económico que realmente muestra el estado del negocio, es el del ingreso neto luego del pago de la renta. Aunque sea un productor propietario, debe diferenciarlo, de lo contrario puede creer que le está yendo bien en el negocio, cuando en realidad le está yendo mal, pero le cierran las cuentas porque no paga renta. Y de esa forma “se come” el retorno económico de un ahorro pasado, hecho en ese o en otro negocio, por él mismo o sus predecesores.

Y otro tema no menos central: cuando se cuestiona la existencia o el monto de las rentas, se está considerando a la tierra como un “bien libre”, injustamente apropiado por cierta clase social, como ocurría hace 200 o 300 años, y que criticaban Ricardo y Marx en la primera mitad del sXIX. Pero que sea “libre” o “económico” es independiente de su importancia o condición de esencial. El aire o la luz solar son tanto o más esenciales que la tierra en la producción de alimentos, sin embargo son de libre acceso. Pero con el desarrollo histórico del capitalismo, la tierra se transformó en un bien económico, con un mercado, con precios que derivan de su oferta y su demanda, tanto para su compra-venta como para su alquiler. Pero serían temas para otro artículo.

Lo demás de la nota que nos ocupa sale sobrando. Los estereotipos personales, inevitables en un colectivo de 40 mil productores inmerso en las redes sociales; el disimulo respecto a que las mayores críticas a la conducción política del agro vienen del interior del gobierno y del propio MGAP, y son por lo general originadas por el sector político del propio autor de la nota. A título de ejemplo, los interminables conflictos por la aprobación de eventos transgénicos, por la ley de riego, por los impuestos a la tierra, por el TLC con Chile etcétera.

Y sobre todo, sale sobrando la ironía respecto a los salarios rurales, el guiño cómplice al lector urbano que en general desconoce la realidad del campo. Que un visitante frecuente y confeso admirador del modelo cubano, sugiera que deberían dar vergüenza los salarios de los trabajadores rurales uruguayos, que en promedio ganan por día cuatro veces lo que gana por mes un trabajador rural cubano, solo sirve para fogonear la división de la ciudad con el campo, que es la mayor condena al desarrollo socioeconómico de nuestro país.

Escrito el 15 de Enero de 2018.

Rodolfo M. Irigoyen
Diciembre de 2017

Años atrás, el tema de la renta de la tierra era notoriamente más frecuentado en las discusiones sobre la economía agraria, en particular en las referidas al  estancamiento agropecuario”. Me refiero a la renta como componente del ingreso global de las empresas agropecuarias, que remuneraba la propiedad de la tierra y que normalmente se confundía como parte de la ganancia empresarial, cuando el empresario era también  el propietario de la tierra que explotaba. Del otro lado, el arrendatario ganadero, agrícola o arrocero la tenía muy clara: era la parte de su ingreso total que tenía que pagar por el uso de un recurso ajeno.

Es que el último cuarto de siglo (1990/2014) presentó un dinamismo agropecuario que, a pesar de los naturales altibajos, generó un crecimiento económico que fue relegando al pasado a los polémicas “interpretaciones del estancamiento”, en las que el concepto de “rentista” siempre era candidato a cargar con parte o la totalidad de la culpa por la falta de crecimiento de la economía.

Pero en los últimos tres o cuatro años, los agronegocios sufrieron una importante caída en su rentabilidad, como consecuencia de una baja de los precios internacionales de nuestros productos de exportación, que en algún rubro alcanzó al 50%, pero que en promedio se ubicó en el entorno del 20 al 30% del nivel del quinquenio previo.

Pero nuestra estructura de costos no se ajustó en consecuencia. Salvo algún insumo importado que se abarató, la inflación en dólares siguió firme agravando la pérdida de competitividad, los salarios reales siguieron subiendo sin correlato con la productividad, la presión impositiva no dio tregua, las carencias en infraestructura no menguaron y las tarifas del Estado encabezadas por el precio del estratégico gasoil siguieron en niveles récord a pesar del derrumbe internacional del petróleo y el gran aumento del uso de fuentes de energía renovables.

Planteadas así las cosas, con importantes rubros en números rojos (lechería, arroz, cereales de invierno) la quiebra de empresas y el significativo aumento del endeudamiento sectorial, los reclamos de la oposición y de las gremiales rurales, encontraron en sectores del gobierno respuestas que en general no trascendieron el plano de lo retórico. Y así fue como reapareció en el discurso oficial, el casi olvidado “problema de la renta”.

El “problema de la renta”

Para la economía convencional -la que se maneja en el mundo real- “el problema” conceptualmente no existe. Para el propietario, la renta del campo que da en alquiler para que otro lo explote, representa el interés actualizado del capital con que lo compró más las mejoras que le haya incorporado. Y en ese sentido no importa si la tierra la compró él, si la heredó o la sacó a la lotería, porque en este país felizmente se reconoce y respeta la propiedad privada y existe una ley de herencia que, con determinadas obligaciones impositivos, permite que los bienes se transmitan de una generación a la siguiente, o como lo desee –con ciertas restricciones de índole familiar- quien lega dichos bienes.

Y para el productor arrendatario, la renta es un costo por el uso de un bien de producción ajeno. En general se refiere a la tierra, pero también puede ser por el agua (para muchos arroceros), o por la explotación de recursos minerales. Los plazos de uso son variables en función de la longitud de los ciclos productivos a los que esté destinada la tierra, desde meses o un año en cultivos anuales  a por lo menos tres años en  la lechería y la ganadería de carne y lana. Últimamente tuvo algún desarrollo la renta de campos para forestación, tomados por las empresas productoras de celulosa, con plazos de hasta 20 años. Hasta acá, todo parece estar claro.

Pero existe otra interpretación, que habla del “problema de la renta de la tierra” porque la considera un obstáculo al desarrollo. Para ubicarnos mejor, hagamos un poco de historia. Además de la economía convencional, también llamada marginalista o neoclásica, existe un cuerpo teórico desarrollado en la primera mitad del siglo XIX por los economistas clásicos, en particular David Ricardo y al que diera forma final Carlos Marx. Este cuerpo teórico, autodenominado “Teoría objetiva del valor” se desarrolló como una dura crítica al funcionamiento del capitalismo, que se encontraba en pleno desarrollo, y cuyo funcionamiento se rige por las premisas de la teoría neoclásica.

Esta última, con el correr de los años desarrollaría diferentes orientaciones como el liberalismo o el keynesianismo, con distintas visiones sobre el nivel de intervención del Estado en la economía, pero sin renegar de la estructura conceptual neoclásica.

En los países europeos cuyas economías analizaban los clásicos de fines del sXVIII y principios del XIX, la propiedad de la tierra era monopolizada por la aristocracia y el clero, a los que los campesinos pagaban renta por el uso de la tierra. Marx, continuando con el pensamiento de Ricardo, distingue 3 tipos de renta, a partir de la diferenciación entre bienes de producción producidos y los no producidos o naturales: a) la renta absoluta, derivada del monopolio de la tierra, b) la renta diferencial tipo 1 producto de las diferentes productividades naturales de los distintos tipos de tierra y c) la renta diferencial tipo 2 por diferentes productividades derivadas de las inversiones productivas realizadas, que denomina “ganancia extraordinaria”

En este último caso, el “plus” obtenido, no se considera renta (producida por la naturaleza) sino que es parte de la ganancia del productor porque deriva de sus inversiones, de la que se puede apropiar él o eventualmente el Estado en forma de impuestos. Cuando el productor es simultáneamente el terrateniente, esa RD2 forma parte de la masa total de plusvalía que el terrateniente incorpora a su capital.

Para los economistas clásicos, la aristocracia y el clero, “clases sociales ociosas” constituían un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto de generación de riqueza, dada la estructura social que les permitía monopolizar la tierra, monopolio que generaba un aumento de los costos de producción sin vínculo con la productividad, que limitaban dicho desarrollo.

Por lo tanto consideraban a la renta como negativa para la sociedad, y la propiedad privada de la tierra era condición necesaria para su existencia.

Por consiguiente, el desarrollo de las fuerzas productivas solo podría alcanzarse con un cambio radical de la estructura social, que no permitiera la formación de dicho monopolio. Porque cuando el factor productivo no era monopolizable, como el viento que empujaba a las naves y hacía girar molinos, la posibilidad de apropiarse de una renta desaparecía, y con ella el obstáculo al desarrollo de esas actividades.

Y la versión uruguaya del “problema”

Para la visión marxista, y para el Uruguay del sXX, la traba al “desarrollo de las fuerzas productivas” la constituía la figura del “latifundista ocioso” usufructuario de la propiedad de un “bien natural” como lo es la tierra. La Reforma Agraria se constituía en condición imprescindible para el desarrollo nacional, y para instrumentarla debidamente,  había que levantar la mira y apuntar a la superestructura institucional del país.

Claro que también existieron propuestas menos radicales, que respetando la existencia del capitalismo, proponían límites a las superficies que se podía tener en propiedad y modificaciones a las formas de tenencia de la tierra, propendiendo al desarrollo de predios sin “problemas de tamaño y tenencia”, acorde a la visión estructuralista desarrollada por la Cepal (Comisión Económica para América Latina) de Naciones Unidas.[1]

Ahora bien, la posibilidad de monopolizar la propiedad de la tierra, que según la visión marxista constituía el germen del estancamiento productivo del sector agropecuario, exige como condición previa el respeto de las leyes que legitiman la propiedad privada, en particular la de la tierra. Por lo tanto, esa legislación era (y para algunos sectores parece seguir siendo) el primer obstáculo a remover.

Y la instrumentación de esa remoción  podía recorrer uno de estos caminos: la expropiación lisa y llana (dada su condición de “bien social”) o, respetando la propiedad privada, limitar drásticamente la concentración de la tierra por medio de una rigurosa política impositiva. En cambio en la visión estructuralista, el respeto por la propiedad privada estaba fuera de discusión, manejándose diferentes estrategias impositivas para combatir la dualidad “latifundio/minifundio”.

Volviendo al presente

Como decíamos al inicio, con los problemas, reaparecen las viejas propuestas de solución, aunque la revolución productiva del agro uruguayo de los últimos 25 años le haya demostrado, a todo el que no se negó a verlo, que las soluciones eran precisamente las contrarias.

Algunos voceros del Partido de Gobierno, en particular el Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Senador y ex Ministro del MGAP, reiteradamente mencionan en sus intervenciones públicas, que los actuales problemas de rentabilidad en el agro, en gran medida se derivan de la obligación de los productores del pago de rentas por el uso de la tierra. En una palabra: es culpa del capitalismo.

No fundamentan sus dichos probando que los productores propietarios no enfrentan los mismos problemas. Ni tampoco explicitan que la solución de eliminar o por lo menos reducir las rentas, implica violentar el derecho a la propiedad privada o por lo menos restringirlo drásticamente por la vía impositiva. Aunque los impuestos a la propiedad de la tierra hayan demostrado, durante décadas, ser desestimulantes de las inversiones productivas y por lo tanto del desarrollo sectorial y nacional.

Una retórica oficial que, en definitiva, tanto en el diagnóstico como en las soluciones sugeridas, se mantiene ajena a la difícil realidad agropecuaria actual. Si no ocurre algún milagro, como que el clima recupere la benignidad con que en general nos trató durante los últimos dos o tres años, y que además los mercados internacionales nos vuelvan a tirar un salvavidas, continuará la diaria liquidación de empresas, el endeudamiento seguirá creciendo y en el horizonte se delineará cada vez con mayor nitidez otra de las recurrentes crisis que nuestra agropecuaria parecía haber superado.

[1] Por un mayor desarrollo de este tema, ver en www.rodolfomartinirigoyen.uy / Medio lleno o medio vacío / “El país terrateniente” (Agosto de 2007),  “Desarrollo vs. Estancamiento” (Diciembre de 2010) y “La imposición ideológica” (Febrero de 2012)

Rodolfo M. Irigoyen
Mayo de 2017

“La diferencia entre lo que cura y lo que mata, es la dosis”

Paracelso fue un médico, alquimista y astrólogo suizo que vivió en la primera mitad del siglo XVI. Entre sus legados –de muy dispar trascendencia histórica, dicho sea de paso-  se encuentra la frase del acápite, que conoce diferentes enunciados, pero un único y muy explícito contenido de condena a las sobredosis. Sus experimentos alquímicos, en pos de la transmutación del plomo en oro –posibilidad que constituía una creencia generalizada en su época- estaban por supuesto condenados al fracaso, pero dejaron algunos beneficios colaterales, como el descubrimiento del zinc.

Pero la mayor trascendencia de Paracelso se dio en el plano de la medicina. Fue el primero en intuir la existencia de los microbios, que se descubrirían un siglo más tarde gracias al invento en Holanda del microscopio óptico. Tan genial fue la intuición como las formas metafóricas que utilizó para iniciar la difusión de sus implicancias. Porque hasta ese momento una infección, una enfermedad o una peste se explicaban en el marco del eterno enfrentamiento entre dios y el diablo, del perdón o del castigo divino, por lo que adjudicar esos males a la acción de unos animalitos invisibles, tenía un claro tufillo satánico. Y cuestionar la autoridad de la Iglesia, iniciando así el proceso de separación entre ciencia y religión, se solía pagar con la tortura o la muerte.

Pero si bien el aforismo del inicio tiene su primera acepción en la medicina (la nitroglicerina en dosis de miligramos actúa como un vasodilatador que puede salvar una vida en una crisis cardíaca, pero en dosis de gramos es un explosivo que puede hacer volar esa vida por el aire) ejemplos menos detonantes de lo nefasto de las sobredosis      -aún tratándose de la mejor “medicina”- se encuentran en todos los  ámbitos de nuestra realidad socioeconómica. A continuación analizaremos alguno de los que padecemos.

“Tolerancia 0” quiere decir intolerancia

Ante el permanente aumento del número de accidentes -proporcional al gran crecimiento del parque automotor- en 2007 Uruguay inició el camino, ya transitado por otros países, tendiente a controlar en ciudades y carreteras, los niveles de “alcoholemia en sangre” de los conductores. La medida se basa en la constatación de que, a partir de cierto nivel, el alcohol reduce la aptitud conductiva, lo que trae como consecuencia el aumento del número de lesionados y muertos en calles y carreteras. Loable iniciativa, que definió en sus inicios un máximo tolerado de 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, nivel que decretos posteriores redujeron primero a 0,5 y luego a 0,3 gr/l, hasta que finalmente en 2016, la Ley 19.360 impuso la “tolerancia 0”.

Como dato de contexto, digamos que en los países desarrollados -esos con los que Uruguay pretende entreverarse- como los de la Unión Europea, EEUU, Japón etc, existen desde hace unos cuantos años los mismos controles, pero la intolerancia es la excepción y no la regla. En la UE el rango de valores aceptados va de los 0,2 en Suecia a 0,8 gr/l en los países del Reino Unido, promediando 0,5, siempre con exigencias mayores para los conductores profesionales (en España, por ejemplo, 0,5 y 0,3 gr/l respectivamente). Y eso que hay autopistas en las que se circula a más de 200 kum/hora. En Japón también es de 0,5 gr/l, en EEUU hay diferentes niveles según Estados, y en otros países como México, el máximo es 0,4 gr/l, con multas que aumentan en proporción con el exceso constatado.

En Uruguay, para la última rebaja de 0,3 gr/l a “tolerancia 0”, se utilizó como fundamento, un informe de la Unidad de Seguridad Vial (Unasev). Dicho informe mostraba que en el primer semestre de 2015, de los casi 9.000 controles de consumo de alcohol a conductores que participaron de accidentes, un 93% no tenía alcohol en sangre; un 1% tenía algo pero menos de lo que hasta ese momento era el límite (0,3 gramos/l) y solo el restante 6% había mostrado valores superiores a dicho límite. Lo que, en principio, tampoco es prueba de que el alcohol fuera el causante del accidente.

O sea que cuando la evidencia estadística recabada era clara en el sentido de que el límite existente era más que adecuado a los fines perseguidos, se usa esa evidencia para imponer lo contrario, eliminando el límite para sustituirlo por el cero absoluto. El absurdo se completó con las declaraciones de Gerardo Barrios, por entonces director de la Unasev que declaró: “desde que el límite se redujo de 0,8 a 0,5 y luego a 0,3 gr/l, la cantidad de accidentes de tránsito vinculados al alcohol (espirometría positiva) se redujo en un 300%” Aclaremos: si solo se hubieran reducido la tercera parte (100%) ya habrían quedado en cero, no habría existido un solo “accidente vinculado al alcohol” ¡pero además se redujeron otro 200% adicional! Misterios de las estadísticas oficiales.

Tolerancia 0 es un eufemismo que quiere decir que se castiga la alcoholemia, no quiere decir que la tasa permitida es 0, porque eso no es ningún permiso, es una prohibición, y no un límite entre un nivel permitido y otro que no lo es. Además, para probar la absoluta inexistencia, que solo lo puede hacer un análisis de sangre, se utiliza una tecnología de aproximación, que tiene cierto margen de error, y que además no toma en cuenta variables que inciden en el resultado, como el tiempo de la última ingesta y el volumen de la misma, el peso y talla del individuo, las horas de sueño etc.

Pero con un sustento tan endeble, se perjudica a sectores económicos de la importancia de la vitivinicultura o de los bares y restaurantes, se condiciona arbitrariamente el uso del ocio de los ciudadanos afectando su calidad de vida y se afectan rutinas laborales y familiares por prolongadas inhabilitaciones a la conducción. Y además, el nivel de las multas. La tolerancia 0 es lo que se debería tener, pero para mandar a la cárcel a los que realmente manejen borrachos o drogados, permitiendo un límite moderado de alcoholemia (que no es delito ni afecta al conductor) de, por ejemplo, 0,5 gr/l, lo que evitaría la mayoría de los problemas e injusticias que genera el fundamentalismo actual.

La “industria” del despido y las horas extras

En un plano tan particular el del trabajo rural, también la ignorancia y los prejuicios se complementan, a la vez que compiten por llegar a ser el mayor determinante de las políticas sectoriales. Empezando por “la ley de las 8 horas” cuya aplicación perjudica por igual a las dos partes involucradas –patrones y empleados- pero llena de orgullo al Ministerio de Trabajo. Y cuya aplicación estricta implicaría un deterioro de la eficiencia de los procesos productivos, con su corolario de caída de la productividad de nuestro sector económico más competitivo.

En el campo, la duración y la oportunidad de los trabajos son determinadas por la época del año, el tiempo y sus perspectivas inmediatas, la biología animal y vegetal, la disponibilidad de insumos, servicios o repuestos y, en general, por características específicas de cada proceso productivo y de las interacciones entre los mismos. Demasiada complejidad para el burócrata especializado en el control del reloj.

Para paliar el desconocimiento de las implicancias de todo lo anterior, se recurre al prejuicio, dictado por la correspondiente matriz ideológica: lo de empleados y empleadores es un eufemismo con el que se designa al histórico enfrentamiento entre explotados y explotadores. Y como no se lo puede eliminar porque las “velitas al socialismo” se apagan solas, el progresismo sale en defensa de los “explotados”.

Pero lo que logra con la sobredosis punitiva, es lo contrario. Promoviendo la cultura del conflicto y la confrontación en relaciones laborales históricamente basadas en el acuerdo mutuo de las partes intervinientes, que conocen y aceptan las especificidades del vínculo laboral, estimula el mal uso de las prerrogativas legales disponibles. Es el caso del empleado deshonesto que, tras poco tiempo de trabajo “se hace echar” para, después de cobrar el despido, igual reclamar ante el Ministerio del Trabajo, que nunca lo dejará “con las manos vacías”.

Capítulo aparte merece lo de las “amonestaciones y apercibimientos”, igual que el control de las “horas extras”. Además de las absurdas instrumentaciones, la normativa abunda en presunciones como la de que la falsedad y la coacción solo son ejercidas por el empleador. Los ejemplos abundan. Si un empleado es echado –por ejemplo porque robó-, sus compañeros de trabajo no pueden salir de testigos, porque se supone que son coaccionados por el patrón para que declaren en su favor. Por el contrario, cualquiera que por esas fechas haya entrado al predio por cualquier motivo, es testigo válido. Los testigos más cercanos no son de recibo, incentivándose en cambio la presentación de testigos falsos.

Pero la reina de los reclamos son las “horas extras”. Por más aceptada y firmada que esté la liquidación de haberes, el trabajador tiene derecho a presentarse al Ministerio reclamando otras horas extras, aduciendo la famosa coerción patronal, y se va a juicio. Y ya se sabe que más vale un mal acuerdo que un buen juicio.

En aras de la “defensa del trabajador”, el gobierno promueve las declaraciones falsas, los falsos testigos y en definitiva el descaecimiento de la justicia y el deterioro institucional. Se erosionan los hábitos de trabajo con el beneplácito del Ministerio del ramo, floreciendo en cambio industrias espurias, como la de una casta de oportunistas que, en calidad de “abogados defensores”, pululan en las puertas de los juzgados.

Y el gran perjudicado es el trabajador honesto, que se ve sometido injustamente a controles que le resultan insultantes a su integridad, pero que el empleador no tiene más remedio que adoptar obligado por la ley, y como salvaguarda -relativa, claro- ante el riesgo de que un trabajador deshonesto lo demande y le haga un juicio, con los resultados consabidos. Y más grave aún, la consecuente disminución de la demanda de trabajo, y por consiguiente de la generación de empleo, porque el empleador, ante el panorama existente, trata por todos los medios de no incurrir en el riesgo que significa la contratación de un nuevo empleado.

Una vez más lo del inicio: la sobredosis de “defensas” de la parte económicamente más débil de un acuerdo laboral, termina con la posibilidad del acuerdo, siendo el más perjudicado, precisamente el supuestamente defendido. El exceso de medicina no cura, mata. Y todo al amparo de una creencia. Al respecto, dijo el escritor inglés Robert Bolt: “Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente”. Pensadores locales de menor vuelo intelectual, argumentan en cambio que todo se hace con el objetivo de ganar votos.

Rodolfo M. Irigoyen
Diciembre 2016

El físico y novelista inglés C. P. Snow denominó con la expresión “Las dos culturas” a la gran brecha, que según él, separan a la cultura científica de la humanística, cuyos integrantes están muy alejados y separados entre sí por una especie de muro cultural que dificulta la comunicación entre ellos.[1]

En su obra del mismo nombre (1959) definió a los humanistas (los “cientistas sociales” en la jerga actual), como “científicos literatos” argumentando que la ruptura entre estas dos culturas –ciencia y humanidades- ha sido en la edad moderna un obstáculo importante para la solución de los problemas mundiales.

Argumenta que personas que según las normas de la cultura tradicional se creen muy educadas, expresan su incredulidad ante “el analfabetismo de los científicos”. Pero si se les solicita que describan, por ejemplo, la Segunda Ley de la Termodinámica, dan una respuesta fría y negativa, aunque equivaldría a que ellos le preguntaran al científico si había leído algo de Shakespeare. Concluye que, “mientras el gran edificio de la física moderna crece, la mayoría de la gente inteligente en Occidente tiene el mismo conocimiento científico que habría tenido su antepasado del neolítico” (Wikipedia).

Este posicionamiento de los “científicos” ha sido rebatido por los “humanistas”, reclamando que las universidades se aparten de las enseñanzas de disciplinas prácticas, centrándose en cambio en la preservación y desarrollo de la historia, la literatura, la filosofía y demás ciencias sociales. Escuelas técnicas especializadas deberían complementar ese conocimiento unificador del humanismo, con la formación de técnicos idóneos en  las numerosas ramas de la tecnología, pero sin pretender ocupar el espacio propio de aquel, que sería el garante cultural de la sociedad ante el avance de una tecnocracia que, de triunfar, nos podría retrotraer a lo que Vargas Llosa[2] define como “actualizadas formas de barbarie”.

Según el escritor peruano, en el último medio siglo “el enfrentamiento entre estas dos visiones se ha desarrollado en un contexto de arrollador avance científico, en particular en los países de mayor desarrollo económico, en los que la ola tecnológica se asocia al concepto de “modernidad”. En tanto el “humanismo” aparece en general predominando en países de menor desarrollo relativo, aquellos que supuestamente perdieron el tren de la modernidad”

Pero en las últimas décadas, en todos los ámbitos de la sociedad tanto “científicos” como “humanistas” se vieron atacados por un enemigo común. Vargas Llosa lo define así: “Una cultura que no puede llamarse literaria ni científica, y tal vez en sentido estricto ni siquiera cultura, pero sí algo que hace sus veces para una vasta porción de la humanidad …  aquellas que fabrican, vulgarizan y diseminan los medios masivos de comunicación”

Si a esos medios masivos de comunicación se le suma el demoledor potencial de las “redes sociales”, donde todo vale y nada se debe probar, quedan delineados los aspectos básicos de la subcultura dominante. Y así, un artista como Paul McCarney declara que el consumo de carne es dañino para la salud, y el consumo global de carne disminuye –con su enorme impacto sobre el nivel nutricional y la economía de millones de personas en todo el mundo- o un político como Al Gore “demuestra” que estamos al borde del apocalipsis ambiental planetario, y “el hombre de la calle” culpa a los gases de efecto invernadero por un terremoto en América Central. La “tinellización” de la cultura, en una palabra.

La base cultural de nuestro “divorcio campo-ciudad”

Desde hace años, en este y en otros medios, hemos reiterado el concepto de que el viejo fenómeno del “divorcio campo-ciudad”, ha representado una pesada carga para las posibilidades de desarrollo en nuestro país. Expresión no muy feliz por cierto esta del divorcio, porque para que lo haya antes tuvo que haber matrimonio, y una somera revisión de nuestra historia como nación, no permite concluir que dicha unión haya existido. Pero dejando de lado las precisiones semánticas, es evidente el antagonismo histórico entre las visiones urbanas y rurales relativas a los temas socioeconómicos y culturales.

Dicho antagonismo, en su versión más primaria, es comprensible por las diferentes condiciones de vida, por los distintos contextos, que promueven en un caso la socialización de los problemas y las oportunidades, y por otro el aislamiento que genera individualismo, asociado a la convivencia con los riesgos derivados de la dependencia de fenómenos naturales poco controlables.

Pero en los países más desarrollados esas diferencias ancestrales se han ido moderando hasta alcanzar equilibrios de intereses y posibilidades,  sobre los que se asientan la prosperidad y la justicia social para el conjunto de la población, sin que por ello se reduzca o deje de reconocerse la importancia determinante del sector primario en la economía del país.

En cambio en la sociedad uruguaya siguen vigentes las visiones antagónicas, que podríamos bosquejar así: para el campo, “la ciudad” (o su equivalente, “la burocracia”) es un parásito improductivo que vive a expensas del duro trabajo de la gente del campo, disfrutando además de mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de desarrollo.

Para la sociedad urbana, en cambio, “el campo” disfruta de lo que nos regala la naturaleza, sin esforzarse por mejorar, eterno reclamante de la ayuda del gobierno -al que financia el conjunto de la sociedad- ante el surgimiento de dificultades que nunca se preocupa de prever.  Como ocurre en cualquier divorcio: para cada parte, siempre “la culpa” la tiene la otra.

Estas visiones antagónicas dentro de nuestra sociedad, pueden, en su base cultural, ser asociadas con el antagonismo entre “científicos” y “humanistas”. El hombre de campo prioriza lo práctico, el conocimiento empírico que le permite resolver sus problemas cotidianos, tanto en el plano de los procesos productivos como en las cuestiones del ámbito social  y hogareño.

Sin que siquiera haya oído hablar de las ciencias naturales, y mucho menos de las fórmulas en que las mismas expresan sus leyes y postulados, el alambrador basa su trabajo en la aplicación de muchos principios de física, lo mismo que el tractorista con los de la mecánica. Todo hombre de campo “sabe” del comportamiento animal, aunque no sepa que es la etología, y de su capacidad de predecir el tiempo, depende en gran medida la eficiencia que pueda alcanzar en la producción. Y nunca recibió una clase de climatología.

Claro que las habilidades del trabajador rural, del “siete oficios”, tienen un fundamento científico, que es provisto por las ciencias naturales que están en la base de la agronomía, de la veterinaria, de la ingeniería, y que el trabajador manual, cultor de “la práctica” suele  despreciar por “teóricas”. Pero como no hay nada más práctico que una teoría correcta, el conjunto formado por las ciencias naturales y su aplicación en la vida y el trabajo cotidiano del campo, son inherentes a la base cultural de la ruralidad.

Por el contrario, el poblador urbano, tiene las cosas prácticas por lo general resueltas, al tener fácil acceso a servicios que se encargan de proveerlas. Sus necesidades de desarrollo en mayor medida son satisfechas a través de las múltiples interacciones con los demás miembros de la sociedad, y en las mismas, el bagaje cultural necesario es de base “humanista”, proviene de las ciencias sociales, de la literatura y la filosofía, de la psicología, del cultivo de las artes para el enriquecimiento del espíritu.

Y a partir de estos dos bosquejos, no es difícil inferir que la sociedad urbana se autoproclama depositaria de la cultura y de las posiciones políticas de avanzada, considerando a la rural como el reducto del atraso y de los posicionamientos políticos más reaccionarios.

En definitiva

Cuando se produce un divorcio, nunca falta alguna persona de espíritu componedor, o profesional de la comunicación que intenta un acercamiento entre las partes. Se llega a la conclusión de que el problema es producto de la mala comunicación, de que no existe el diálogo, y en caso de que exista, de que no se habla en el mismo idioma.

Y la apuesta a que las discrepancias entre personas o colectivos, en asuntos de importancia, se solucionan mejorando la manera de comunicarse, presupone cierta identidad de intereses que subyace a los problemas de la falta de comunicación y que, solucionada esta, esos asuntos quedarían satisfactoriamente resueltos.

A nuestro juicio, las atávicas discrepancias y conflictos de intereses “del campo y de la ciudad” no pasan por la forma del lenguaje o los mecanismos de comunicación, sino que se originan en los distintos desarrollos culturales, y por lo tanto seguirán existiendo a pesar de los esfuerzos que se hagan en el sentido de corregir las deficiencias formales de comunicación Sin que esto implique despreciar esos esfuerzos (como dijo Juceca: “no es que la tortuga sea lenta, lo que pasa es que no quiere ir”).

Permanecer en el nivel anterior equivale a quedarse en la superficie de los problemas, sin ir a las causas profundas que los generan. Los países desarrollados sí lo han hecho, integrando, en plano de igualdad, los intereses, obligaciones y oportunidades de las sociedades rurales y urbanas. Las “dos culturas” han ido así flexibilizando sus límites, integrándose en una cultura nacional única, que engloba a todos sus grupos sociales, sin que esa integración implique la pérdida de sus rasgos culturales esenciales.

Escrito en la primer semana de diciembre del 2016

 

[1] Citado por John Allen Paulos  en “La vida es matemática”  (Ed. Tusquets, 2015)

[2]  En “Desafíos a la libertad” (Ed. El País/Aguilar, España 1994)

Rodolfo M. Irigoyen
Noviembre 2016

La pregunta del título se escucha con frecuencia, realizada a los productores agropecuarios, y referida a los ingresos generados durante los años del auge productivo, y que ahora, cuando los precios de los productos primarios han sufrido un pronunciado descenso, deberían estar disponibles para paliar la crisis. Generalizando, podríamos acotar ese período de auge a los once años que van desde el ejercicio agrícola 2002/2003 al 2013/2014, y la caída de los precios al trienio siguiente, 2014/2016.

El contexto

Por supuesto que cada rubro tiene su dinámica particular, en general los precios que habían subido más en la década previa (lácteos, soja, cereales) fueron los que sufrieron las caídas también mayores: del orden del 30% en los granos llegando al 50% en la leche, mientras que las oscilaciones en la carne vacuna no sobrepasaron el 15 al 20%. El cierre del 2016 muestra un escenario de recuperación parcial del precio de la leche y de relativa estabilidad en los de granos y carne.

Pero no es el análisis de los precios el objetivo de este artículo. Alcanza con delinear, a grosso modo el cambio ocurrido en el escenario económico sectorial, para lo cual es necesario introducir dos nuevos elementos: el de los costos de producción, y el siempre determinante tipo de cambio real, ambos estrechamente vinculados.

Y también someramente podemos indicar que durante el período de auge de los precios de los productos, con un dólar “planchado” en los 19 pesos, los costos de producción crecieron con un ritmo por lo menos similar al de los precios de los productos, por lo que, tomar estos precios como indicador del ingreso neto de la explotación, sobrevalúa el resultado económico real de la misma. Y como el precio de la tierra acompañaba todo el proceso, asociar el valor inmueble con resultados productivos, reitera e incrementa el mismo error.

A partir del 2014 el dólar empieza a fortalecerse siguiendo, atenuada, la tendencia internacional, lo que llevó a una disminución de los costos reales de producción, sobretodo en rubros con un importante componente importado de los costos. Esa tendencia se revirtió a inicios del 2016, y a noviembre el dólar ha perdido cerca de un tercio de lo ganado en los dos años previos, con el consiguiente efecto depresor sobre el resultado económico de las explotaciones.

¿Y la plata?

Los cuadros siguientes muestran alguna información relativa a los incrementos de producción que acompañaron a la bonanza de los precios. El primero, muestra que la producción agrícola creció (aunque partiendo de una base reducida) a más del 15% anual, lo que implicó la casi quintuplicación del volumen producido en el período, mientras que el arroz (partiendo de una base alta) creció al 4%, lo que determinó un crecimiento del 50% de su volumen de producción. La leche, de ciclo biológico más largo, tuvo un notable crecimiento superior al 5%, lo que aumentó su producción, que ya era importante, en un 80%. La carne vacuna, el rubro tradicionalmente más importante, de ciclo biológico más largo y de oscilaciones de precios más moderadas, creció de todas formas al 1,4% promedio, aunque el crecimiento total se concentró en los primeros 3 o 4 años del período, manteniéndose posteriormente en un nivel estacionario.

¿Cuál es la conclusión evidente que muestran estos datos? Hasta el mayor desconocedor de estas actividades productivas, puede darse cuenta que esos impactantes incrementos de producción, requieren, para lograr su concreción, de niveles no menos elevados de inversiones. Adicionalmente, la agricultura que en gran medida basó su crecimiento en aumento del área, debió recurrir para ello a nuevas tierras de productividad y/o localización menos favorable -lo que implica aumentos adicionales de costos unitarios de producción- incurriendo además en necesarias inversiones en generación de infraestructura productiva (silos, caminería, alambrados etc)

Esas tierras que pasaban a la agricultura eran, generalmente las mejores tierras ganaderas, las invernadas, por lo que la ganadería para crecer o por lo menos mantener su nivel de producción en volumen físico (y aumentar la calidad de su producto como efectivamente ocurrió) también debió intensificar sus inversiones, en praderas, en cultivos forrajeros, en corrales de engorde.

Otros rubros[1] como la lechería y el arroz, más intensivos que la ganadería, aunque con aumentos de área de menor magnitud, de todas formas requirieron de significativos aumentos en los niveles de inversión para alcanzar los incrementos de producción obtenidos.

En otras circunstancias, esos niveles de inversión se financian con endeudamiento. Pero el cuadro ya mencionado muestra, por último, que la relación de deuda respecto al producto disminuyó a menos de la mitad en el período considerado. O sea que el sector se “sanea”, recurriendo para ello a los ingresos genuinamente generados en los procesos productivos y también –aunque no se encuentre cuantificado- en ingresos provenientes de ventas de activos, en particular de tierras con fines agrícolas que pasaron a manos de inversores principalmente argentinos.

El estado de la cancha

Es frecuente que estos procesos de dinamización y crecimiento de las actividades productivas de un país se lleven adelante al influjo de condiciones especiales que el Estado genera con ese fin. Desarrollo de infraestructura de apoyo en particular de las carreteras, ferrocarriles y puertos, subsidios a insumos productivos claves para los procesos de ampliación e intensificación de la base productiva, tarifas de servicios públicos también subsidiadas o por lo menos producidas competitivamente, y, en caso de economías abiertas como la uruguaya la preservación de tipos de cambio reales competitivos, suelen ser las principales herramientas con que se fomenta la producción agrícola.

Todo proceso de intensificación productiva va asociado a mayores consumos de energía, en todas o alguna de sus formas. La tecnología agropecuaria es “energía intensiva”, por consiguiente los costos de combustibles y de energía eléctrica son cruciales para viabilizar dichos procesos de expansión e intensificación de la producción. Y en el caso de Uruguay, ambos insumos claves son producidos en régimen de monopolio por el Estado.

El segundo cuadro muestra los precios relativos de las diferentes formas de energía en Uruguay y países de la región, en un momento pico de nuestra “revolución productiva”. La desventaja de nuestro país frente a sus competidores regionales es notoria. Y si al costo del gasoil se le agrega el estado de nuestra red de carreteras y de nuestro ferrocarril, se obtiene lo que muestra el tercer cuadro: el costo del transporte de productos agropecuarios en Uruguay es también significativamente mayor que en los países vecinos.

Se dirá, con razón, que en Argentina los combustibles eran baratos porque se subsidiaban con las retenciones que efectuaba el Estado sobre los precios de exportación de productos agrícolas. Pero nada impide que en una economía más libre como la nuestra, se permitiera importar gasoil a precios mucho menores que los de Ancap, la que, a pesar de cobrar los precios más altos, acumuló una gigantesca deuda que todos estamos financiando.

Por razones de tiempo y espacio no nos ocuparemos del tema impositivo, baste recordar que según la propia información de Opypa/MGAP, la presión impositiva sobre el agro también creció durante todo el período.

En definitiva

Es muy claro “que se hizo con la plata”. En primer lugar se reinvirtió, para producir más y de mejor calidad, con todo el encadenamiento de efectos favorables, sobre el empleo rural y básicamente agroindustrial, sobre el crecimiento de los servicios a la producción, sobre el nivel de exportaciones, sobre los ingresos del Estado, lo que en general redunda en la mejora del nivel de vida de los uruguayos. Pero además, se hizo con plata propia, pagando las deudas, no inflando burbujas para después dejar el pozo.

Y no puede decirse que el estado de la cancha, de la que el Estado es el principal responsable, fuera bueno. Es cierto que se jugó con bastante libertad, sin sufrir los atropellos confiscatorios que debieron soportar los argentinos. Pero el permanente aumento de los costos de producción en particular los que dependían del Estado, el desastre de nuestras comunicaciones, el atraso cambiario que erosionó nuestra competitividad durante largos períodos (los datos del BCU son inapelables), todo resumible en el terrible “costo país” que tanto limita nuestro crecimiento, también puede servir para ver que se hizo con la plata.

Y claro, así como se hicieron las inversiones productivas, también vinieron las camionetas nuevas, y por qué no, alguna ida a Europa con la patrona. Pero basarse en esto último para preguntar ¿pero que hicieron con la plata? en medio de la difícil situación actual, denota una vez más la presencia de esa mezcla de ignorancia y prejuicios respecto al sector agropecuario, tan característica de la mayoría de nuestra sociedad.

CUADROS

Crecimiento del volumen de producción de los principales rubros y Tasa de Crecimiento Anual (%) en el período 2002/03 a 2013/14 y nivel de endeudamiento en 2003 y 2014 (SCB/PBI en %)
Año	2002/2003	2013/2014	TCA
Carne vacuna (miles ton en pié)	955	1115	1,4
Granos de secano (miles de ton)	1038	4872	15,1
Leche (millones de litros remitidos)	1120	2010	5,5
Arroz (miles de toneladas)	906	1360	3,8
Cociente Deuda/PBI	136%	59%	—

Fuentes oficiales

 

Precios relativos de la energía eléctrica (tarifa industria) y de combustibles en Uruguay y países vecinos (en %, Argentina=100)
	Energía eléctrica	Gasoil	Nafta
Argentina	100	100	100
Brasil	397	93	118
Chile	289	95	130
Uruguay	414	147	146

Fuente: en base a SEG Ingeniería citado por Seragro, Abril 2012

 

Costo del transporte en Uruguay y países vecinos
(dólares por 30 toneladas a 250 kms)
Argentina	279
Brasil	447
Uruguay	600

Fuente: BID

[1]  No se analiza el sector forestal de inversión básicamente extranjera ni los rubros destinados principalmente al mercado interno como los hortifrutícolas.