“Hidrógeno Verde”: nada de “Green hydrogen”, ni “Ecological fuel” ni “Clean energy” o cualquier otro anglicismo de esos que repiten como loros, los que creen que así sacan patente de expertos. Bienvenido este poco frecuente respeto a nuestro idioma, es decir a nuestra cultura. Menos frecuente aún, es que se esté proyectando una inversión de 4.000 millones de dólares para iniciar el desarrollo de una nueva cadena de valor en nuestra economía, que implicaría la mayor inversión en la historia del país.
Al igual que en las cadenas de valor primario de mayor importancia ya existentes (carne, celulosa, soja, leche, arroz) la del Hidrógeno Verde estará basada en nuestros recursos naturales y primarios, sobre los que se incorporará la más moderna tecnología. El objetivo es atender la creciente demanda internacional de combustibles “verdes”, es decir no contaminantes del medio ambiente. Y para que un combustible reciba el calificativo de “verde”, en su producción no pueden utilizarse otros que no lo sean, como los de origen fósil (petróleo, gas natural, carbón) y sí en cambio el agua, la luz solar y el viento.
En el mes de Marzo de este año, como informa el Ministerio de Industria y Energía, “Uruguay y Alemania firmaron un acuerdo energético que establece un marco de cooperación técnica e intercambio de conocimientos entre ambos países para desarrollar acciones conjuntas” para la producción de Hidrógeno Verde en el Uruguay. Y ya a esta altura, a nivel de pre-factibilidad, tenemos gente que empieza a sentirle “mal olor” al Hidrógeno Verde. Por qué acá, argumentan, suspicaces, ¿acaso no hay mucha más agua, sol y viento en otros países, sin ir más lejos en nuestros dos vecinos?
El problema está en que además de recursos productivos, los proyectos de inversión -en particular, los de gran porte y largo período de maduración- requieren “intangibles” tales como la estabilidad del sistema político, garantías institucionales, un marco jurídico confiable y acatamiento de normas internacionales para el libre comercio y la resolución de controversias entre las partes, entre otros determinantes de nuestro grado inversor. Y en estas materias, los vecinos, igual que otros “hermanos latinoamericanos” no tienen muy buenas notas. Garantías del tipo de las que exigió UPM, por ejemplo, para elegir a Uruguay como el primer país extranjero en el cual invertir.
Otro mal olor que percibe la misma gente, surge del hecho de que los inversores pongan condiciones para impedir que el país huésped trate al nuevo emprendimiento como una gigantesca vaca lechera, mediante cuyo ordeñe superemos nuestras deficiencias en infraestructura, logística y educación entre otras carencias, a cambio de la autorización a instalarse. Porque ellos también están sujetos a las reglas de la economía, y si además de los costos propios les cargan los ajenos, los números no cierran y la inversión no se hace.
Respecto al proceso productivo en sí, consiste en la utilización de una corriente eléctrica para provocar, por electrolisis, la disociación de la molécula de agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno, para utilizar el primero como fuente de energía, ya que en estado puro es un gas de elevada combustibilidad, además de poder ser usado como materia prima en la producción de otros combustibles y fertilizantes.
Este proceso requiere una enorme cantidad de energía eléctrica, que como ya se mencionó, tiene que ser de “origen verde”: hidráulica, eólica o solar. Y nuestro país, como informa el Ministerio, “ha culminado la primera etapa de su transformación energética a partir de la descarbonización casi total de la matriz eléctrica. En el promedio de los años 2017-2020, el 97% de la electricidad que se generó en Uruguay provino de energías renovables (44% hidro, 32% eólica, 18% biomasa y 3% solar)”. Para poder ser exportado (nuestro potencial consumo ni remotamente justifica una inversión de este porte) el Hidrógeno Verde debe licuarse, proceso que puede realizarse utilizando energía proveniente de biomasa.
Convengamos en que lo anterior solo son escuetos titulares de complejos procesos físico-químicos, que están en auge en los países desarrollados, en su búsqueda de una economía “descarbonizada” que minimice las emisiones de gases de efecto invernadero. Este nuevo paradigma de la economía mundial tiene toda una discusión propia, que excede largamente los alcances de este artículo.
Pero el hecho que nos interesa es que nuestro país, y en particular en el Norte del mismo, coexisten las condiciones naturales necesarias para encarar estos procesos: buenos niveles de insolación para generar energía solar, lo mismo que de presencia de vientos para la eólica (algo mayores en horarios nocturnos, lo que compensaría en parte la ausencia en esas horas del aporte de la energía solar); disponibilidad de energía eléctrica de origen hidráulico, abundancia de biomasa de bajo costo de oportunidad en forma de subproductos de las cadenas forestal y agrícola, y finalmente, abundancia de agua (suena irónico decir esto último en Montevideo en la coyuntura actual…).
Y al agua del proyecto, aunque por definición sea, además de incolora, inodora, también le sienten mal olor los críticos al Hidrógeno Verde. Porque en el Norte del Uruguay se ubica nuestra “tajada” del “Acuífero Guaraní”, y la sola mención de este estratégico recurso (aunque aún no esté definida su utilización) provoca convulsiones ambientalistas que merecen capítulo aparte.
Esta gigantesca reserva de agua subterránea, ocupa 1:190.000 km cuadrados (más de 6 veces la superficie de Uruguay) con un volumen de agua almacenado de 37.000 km cúbicos. Las reservas reguladoras o renovables se estiman en 40 a 80 km cúbicos por año. El 71 % del acuífero se encuentra en territorio brasileño, el 19 % en Argentina, el 6% en Paraguay y solo el 4% en territorio uruguayo. La profundidad a que se encuentra es muy variable, desde pocos centenares de metros en su borde oeste (Argentina) a casi 2000 metros en el Estado de San Pablo, en Brasil (Fuente: ProDiversitas, 2006). En Uruguay se ubica en el noroeste, por debajo de 1000 metros de roca basáltica, dando origen a las aguas termales de Paysandú y Salto.
Si el proyecto llegara a realizarse, Uruguay iniciaría la segunda etapa de la transición energética de su economía, en consonancia con los compromisos que el país ha suscripto respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en lo inmediato, además y por encima de esos objetivos globales, dinamizaría al conjunto de la economía, mejorando su balanza comercial, desarrollando infraestructura productiva y generando empleo en regiones de menor desarrollo relativo del país.
La gestación de una nueva cadena de valor, tal como ocurriera hace dos o tres décadas con la de la industria celulósica, nos obliga a un debate nacional de carácter estratégico, en el que deben participar, a través de sus representantes políticos, todos los sectores de nuestra sociedad. Pero esa representación debe sustentarse en bases sólidas, con datos objetivos, tanto en los aspectos técnicos como en los sociales, generando un ámbito de decisión acorde con la importancia que tienen las políticas de Estado.
Ámbito de evaluación y decisión serio y responsable, en el que por supuesto no puede tener cabida, por respeto al país y su gente, la cháchara irresponsable de los terroristas de megáfono ni de los demagogos catastrofistas.
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Rodolfo M. Irigoyen
Junio de 2023