Estamos a tiempo, pero el tiempo nos apremia. Pocas veces en nuestra historia se presenta la oportunidad de tomar una decisión de gran trascendencia actual y sobretodo futura, y que por consiguiente afecta tanto a la nuestra como a las futuras generaciones, sin tener “vencidos ni vencedores” a nivel político.
Porque demasiado sabemos los enormes costos que paga nuestra sociedad, cuando el gobierno de turno toma una decisión trascendente -porque por chico que sea, tiene el margen legal para hacerlo- pero, en los hechos lo hace “con medio país en contra”: interpelaciones interminables, palos en la rueda de todo tipo, recolección de firmas para derogación o plebiscitos, diversos informes técnicos de organismos u ONGs internacionales (si se tiene la suficiente paciencia para buscarlos, se encuentran fundamentaciones “con base científica” para lo que se quiera), con lo que, lo único que se logra es trancar cualquier solución, frenando el acceso a una senda de desarrollo sostenible.
La histórica sequía de 2023 puso al rojo vivo el problema del agua (si me permiten el oxímoron). El agua potable para la zona metropolitana, con el 70% de la población del país, depende de una sola cuenca, la del río Santa Lucía, con los embalses de Paso Severino (Aguas Corrientes) y Canelón Grande. Para el consumo actual alcanza en los años más o menos normales, pero nuestro clima es errático, y en algunos años nos castiga con una sequía importante que, entre otros males, condiciona el normal abastecimiento de agua potable a la población de la zona metropolitana.
Ante la crisis declarada, aparecen las soluciones de emergencia que todos vivimos, y la inmediata búsqueda de culpables: para la oposición, el gobierno “que no previó la crisis ni tomó las medidas necesarias para subsanarla”. Para el gobierno de Coalición en aquel momento, “el Frente Amplio que estuvo 15 años en el gobierno y no realizó las obras que se saben necesarias” (“¿Piove? ¡Governo ladro!” bromeaba Jorge Batlle hace años).
Y en esas estamos. El actual gobierno (FA) firme en su “opción Casupá” a pesar de que a la misma le llueven mucho más críticas que agua: la primera, “de manual” la de no hacer más reservas en la misma cuenca que no brinda garantías de abastecimiento de la demanda actual. Además afecta numerosos pequeños predios a cuyos productores con sus familias hay que reubicar, con todo el trauma socio-económico de esas familias (oposición cerrada de las mismas); cubre mucho más monte nativo y otras áreas fijadoras de carbono, de alta prioridad para la preservación de la biodiversidad de su flora y fauna según definición de la DINAMA (oposición cerrada de ambientalistas); impacto socio económico regional negativo para la ciudad de Casupá, que abastece de insumos y mano de obra a toda el área afectada (3800 hás) con la consiguiente pérdida de potencial productivo. Y un largo etcétera.
En la vereda de enfrente, el proyecto “Neptuno” impulsado por el anterior gobierno y actual oposición (CR) que se basaba en la toma de agua del Río de la Plata a la altura de Arazatí, con una planta para la desalinización de la misma, un “polder” para su depósito para luego ser bombeada hasta la planta potabilizadora de Agua Corrientes, con construcción y administración privadas. Desde su anuncio el proyecto contó -como no podía ser de otra forma- con defensores y detractores, los primeros alineados casualmente con el oficialismo del momento (la CR), y los segundos desde 3 planos: el político (desde el FA), el técnico (básicamente desde la UdelaR) y el sindical (desde el Pit-CNT), estos últimos, los de más rápidos reflejos, fueron los primeros en manifestar su oposición, en defensa “de la autonomía de OSE” y en contra de la privatización de parte del proceso de suministro de agua a la población.
Y hay un tercer actor relevante, al que entiendo que no se le da la trascendencia debida, y es el de la creciente obsolescencia de la red de bombeo y distribución de OSE, que en su parte básica, tiene más de un siglo de vida, motivo por el cual el ente Estatal estima que se pierda entre la mitad y las dos terceras partes del agua que procesa y distribuye.
Nadie tiene la varita mágica (¿o ahora sí, y se llama Inteligencia Artificial?) para definir la solución ideal. Todas son caras, en parte por la inveterada costumbre de “patearla para adelante”, con lo que los costos de ampliaciones y mantenimiento se van represando más que el agua.
Paradojalmente, esta ineptitud para hacer las cosas en tiempo y forma, hace que el problema sea tan antiguo como para que ninguno de los dos “Bloques” en que se divide el espacio político nacional pueda librarse de parte de la culpa, porque ambos tuvieron tiempo sobrado en sus respectivos períodos de gobierno para adoptar alguna solución definitiva del problema.
La última firma de Lacalle Pou como Presidente fue para adjudicar a un consorcio de empresas la construcción del Proyecto Neptuno, en Arazatí, y la primera de Orsi en el mismo cargo fue para anular dicha adjudicación, para que se construya la represa de Casupá, con inicio de las obras en 2027. Todo muy “a la uruguaya”.
Pero ya que nadie, políticamente hablando, está libre de culpa, ¿no habrá llegado el momento de hacer un alto para analizar el problema “despolitizándolo”, dejando de pasarse facturas mutuas, para llegar a una solución de consenso sólidamente fundamentada, tanto en lo técnico como en lo social?
El actual gobierno del FA tiene todo para llevar adelante su decisión. Algún problemilla de falta de mayoría parlamentaria seguro es de fácil resolución, pero, como manda la tradición será “con medio país en contra”. Y los antecedentes de los proyectos con esa característica, que impulsó en su período de gobierno anterior, terminaron en desastres a los que la actual oposición (CR) no deja pasar un día sin recordárselos.
Y como la historia acostumbra a repetirse, la posibilidad actual de la opción Casupá, ¿no será para el FA una victoria “a lo Pirro”, con un costo tan grande, que más que victoria termine en desastre? Recordemos que el rey griego Pirro después de derrotar al ejército romano con pérdidas gigantescas para su propio ejército, enunció la famosa frase; “otra victoria como esta y estamos perdidos”, cosa que efectivamente terminó ocurriendo.
Ya sé que no estoy en edad de ser ingenuo. Pero de vez en cuando es imprescindible poner las luces altas, priorizar las políticas de Estado de largo plazo por sobre intereses electorales coyunturales, como se hizo con la Ley Forestal en su momento. El país quedará agradecido, la historia lo reconocerá, y terminaremos con el absurdo de que uno de los países del mundo con mayor disponibilidad de agua dulce por habitante, esté siempre amenazado de que un fenómeno climático recurrente, como lo es una sequía, le provoque una conmoción social con manifestaciones en lo sanitario, en lo productivo y en definitiva, en el nivel de vida y de convivencia de su población.
Rodolfo M. Irigoyen
6 de Octubre de 2025