Con motivo de la reciente quiebra de Conexión Ganadera (CG), con frecuencia se viene argumentando que, alcanzando en nuestro país, la rentabilidad promedio de un predio ganadero niveles del orden del 3% respecto al capitán invertido, los compromisos de pago prometidos por CG, del orden del 8 al 11%, ya advertían sobre la imposibilidad real del cumplimiento de lo prometido por la empresa, en base a la carne producida en los predios administrados por la misma.
Y como referencia general al rendimiento de la actividad (el citado 3%), se suele mencionar el promedio de los resultados alcanzados, en la mayoría de los años, por los predios ganaderos de Fucrea, institución de productores rurales, de largo arraigo en el país, y de reconocida seriedad en el manejo de la información económica de los predios rurales de sus integrantes, a los que agrupa por tipo de actividad (grupos ganaderos, agrícolas, lecheros etc), surgiendo la cifra antedicha, como ya se dijo, del rendimiento promedio del primero de esos grupos.
Lo que pretendo analizar, exclusivamente, es la pertinencia de dicha comparación: 8 a 11% vs 3 %. Queda explícitamente excluido del análisis, toda la importante lista de consideraciones atinentes al nivel y la variabilidad de los resultados productivos y económicos a los que están sometidos tanto los predios de CG como los de Fucrea (“Ceteris paribus” diría un economista).
Como ejemplos de esas consideraciones, puede mencionarse lo errático de las precipitaciones pluviales (sequías o inundaciones impredecibles), variabilidad de precios de productos e insumos, efectos de la política económica sobre el sector (políticas impositivas y crediticias, rezagos cambiarios etc) y, por supuesto, el nivel de eficiencia con que se llevan adelante los procesos productivos (calidad de los recursos naturales disponibles, nivel tecnológico y de gerenciamiento, infraestructura y escala productiva, disponibilidad de mano de obra calificada, distancias y calidad de acceso a mercados, etcétera)
Definido el alcance del análisis, o sea, sin pedirle al mismo lo que el mismo no puede dar, porque no es su objetivo, centrémonos en la ya anunciada comparación de los porcentajes de retorno que prometía CG y el valor de ese mismo parámetro en una confiable fuente de alcance nacional.
Mi conclusión es que esa comparación no tiene validez, porque no tiene en cuenta un aspecto esencial de la ecuación económica, como es el de la incorporación al cálculo, del régimen de tenencia de la tierra en uno y otro caso, es decir, con propiedad de la tierra o con campos arrendados, lo que se tratará de demostrar a continuación.
Cuando el productor es propietario de la tierra que explota, no incluye su valor en los costos de producción (sí, generalmente, los impuestos que esa propiedad genera) que sí aparece, por supuesto, formando parte del capital total del predio. En cambio, cuando el productor no es propietario y arrienda el campo que explota, la renta de la tierra forma parte de sus costos de producción, pero el valor de la tierra no se incluye en su capital, porque no le pertenece.
Partiendo de datos censales, se puede estimar que en nuestra ganadería, 2/3 de la tierra se explota en régimen de propiedad, y 1/3 en forma de arrendamiento. (Es un redondeo, pero como nuestro interés es conceptual y no estadístico, podemos manejarlo)
Es sabido que CG solo explota campos en régimen de arrendamiento, mientras que en Fucrea coexisten ambas formas de tenencia, y a falta de cifras más exactas, supongamos que la proporción de las mismas no difiere significativamente de la general del país, es decir 2/3 en propiedad y 1/3 en arrendamiento.
Tomemos un predio de Coneat 100 (productividad promedio nacional) que vale en la actualidad unos 3.000 US$/Há y cuya renta anual podemos estimar en 100 US$/Há/Año. En el caso del productor arrendatario, en el cálculo de la rentabilidad no se incluye el “capital tierra” (equivalente a US$ 3.000/Há) en el denominador de la relación, aumentando, en el numerador, los gastos totales, solo los 100 US$/Há correspondientes a la renta pagada. No es de extrañar entonces que la tasa de ganancia sea el doble o el triple que la que obtiene la opción con propiedad de la tierra, que tiene el valor de la misma (US$ 3.000 más) en el denominador, y solo US$ 100 menos en el numerador porque no paga renta (un cálculo microeconómico de rentabilidades comparadas en la ganadería lo puede cuantificar, pero el mismo excede el alcance de estos comentarios).
Agreguemos de paso que en una explotación ganadera convencional, en régimen de propiedad, el valor del “activo tierra” ronda las tres cuartas partes del total del capital invertido, correspondiendo el 25% restante al valor del ganado, maquinaria y equipos y algún otro activo menor. Esto explica por qué, una ganadería eficiente, es una actividad capital-intensiva.
¿Cómo se explica este aparente absurdo de que la propiedad de la tierra afecte tan negativamente a la rentabilidad ganadera, y que sin embargo las dos terceras partes de las explotaciones se hagan en predios en los que el mismo productor es el propietario de la tierra?
La explicación es la siguiente: el productor arrendatario solo percibe la ganancia “productiva”, mientras que el productor propietario percibe la tasa productiva más otra llamémosle “inmobiliaria” derivada del aumento, tendencial en el tiempo, del valor de la tierra. Con la particularidad de que esta segunda solo puede “realizarse” vendiendo el campo, es decir liquidando la empresa. A título de ejemplo, un predio ganadero Coneat 100 que en 1990 valía US$ 500 la hectárea, en 2020 valía US$ 3.000, lo que arroja una “tasa inmobiliaria” del 6,15 % acumulativo anual, que compensa la mucho menor tasa “productiva” del productor propietario.
Un segundo argumento referido a las mayores tasas de ganancia que prometía CG frente a la general del país, tiene que ver con el hecho de que en el promedio general, siempre se calcula la tasa del conjunto de la cadena primaria de producción ganadera. Pero esta cadena, tiene diferentes eslabones (cría, diferentes formas de recría e invernadas de distintas categorías, etc) cuyas rentabilidades absolutas y relativas también son variables. Una especialización flexible en “eslabones” de mayor rentabilidad, permitirían un aumento de la misma a escala global, para el conjunto de los establecimientos en explotación, como es el caso de CG.
“Permitiría”, en condicional. Porque una cosa son estos argumentos en el papel, y otra muy diferente, su ejecución en la realidad. Porque ni el mejor plan de negocios soporta una ejecución caótica, y, como determinará la Justicia, quizá también delictiva.
Y tal vez ese sea el mayor daño que CG y los otros fondos ganaderos en quiebra le han hecho al país en su conjunto: la pérdida de confianza en mecanismos de asociación simbiótica entre inversores de fuera del sector, con los productores del rubro probablemente más competitivo que tenga nuestra economía. Sin que esto mengüe la importancia del enorme daño personal sufrido por miles de inversores que, por las razones que fueran, confiaron sus ahorros a estos fondos.
Rodolfo M. Irigoyen
Febrero 2025