Rodolfo M. Irigoyen
Febrero de 2021
El 22 de Enero pasado tomó estado público un documento sobre la siniestralidad vial: “En defensa de la ley 19360”, que instauró la “Tolerancia cero” en nuestro país. Firman dicho documento dos médicos, una abogada y un periodista/sommelier. En el mismo se discuten los dos componentes básicos de la problemática de la alcoholemia: el médico y el estadístico.
Empezando por el componente estadístico, los que por exigencias curriculares estudiamos Biometría y Estadística, desde el primer día de clase, desde la tapa del libro, nos quedó claro el siguiente axioma: correlación no implica necesariamente causalidad. Para que no lo olvidáramos, los profesores recurrían a los ejemplos humorísticos. Citaré dos: el de los bomberos y el de las cigüeñas.
El de los bomberos decía que si se correlaciona la evolución de las variables “número de bomberos” y “número de incendios” en una ciudad a lo largo del tiempo, seguramente el cálculo determinará una correlación positiva. Si solo nos atuviéramos a este dato, el de la correlación, se podría postular la hipótesis de que los bomberos generan los incendios. La enseñanza radica en que, además de la correlación, se necesita conocimiento del contexto real, se necesita “una teoría” que explique los hechos. En este caso, ese conocimiento nos indicaría que hay una tercera variable no incluida en el análisis -el crecimiento de la ciudad en el mismo período- que explica la evolución de las otras dos.
El de las cigüeñas decía que si se correlaciona el número de nacimientos humanos con la población de cigüeñas en dos regiones, se puede encontrar una correlación positiva, que podría confirmar la hipótesis de que los bebés son traídos por las cigüeñas. Acá la variable explicativa no analizada, es que en la región con mayor tasa de natalidad, abundan los campanarios altos, donde prefieren anidar las cigüeñas, menos numerosos en la otra región.
Yendo al tema concreto que nos ocupa, los datos estadísticos existentes en relación con el alcohol y la siniestralidad, son escasos, parciales, dispersos en el tiempo y difícilmente comparables. Pero lo más grave es que, además, los defensores de la intolerancia los manejan mal. En primer lugar, los conocidos datos de Unasev del 2014, que sirvieron de base para la “Tolerancia cero” impuesta en el 2015, mostraban que del total de accidentes con espirometría, un 93% no tenía nada de alcohol en sangre (0 gr/lt); 1% mostraba algo pero menos del límite vigente en ese momento (0,3 gr/lt), y el 6% restante tenía niveles mayores a 0,3.
La evidencia estadística en el sentido de que el alcohol era un responsable muy menor dentro de la “multicausalidad difusa” (como define el trabajo al origen de los accidentes) es ignorada, relativizando su importancia con las diferentes posibilidades de subregistro de la incidencia del alcohol, que sin duda pueden existir, pero no aseguran que se modifique el resultado global.
Pero que un participante de un accidente presente espirometría positiva, no implica necesariamente que sea el causante del mismo. Y en tren de adoptar causalidades espurias, o por lo menos no probadas, también alguien podría decir que el 93% sin una gota de alcohol muestra que el culpable del siniestro hay que buscarlo por otro lado. Cuando se le quiere hacer decir a los números más de lo que los números dicen, aparecen “los bomberos y las cigüeñas”.
Y como con los porcentajes no se avanza, se recurre a los números absolutos, y se expresa que en 2019 hubo 821 conductores involucrados (no dice responsables) en accidentes de tránsito con espirometría positiva y 732 en 2020 (al 30/11), y en otro lugar se había dicho que un muestreo aleatorio en 2014 había dado una cifra de 7.000 conductores inhabilitados según la espirometría. Y aunque estas cifras estrictamente no sean comparables (distintos momentos del tiempo, un dato producto de un muestreo aleatorio y otros de casos reales) nos dan alguna idea aproximada en el sentido de que, de los que manejan alcoholizados solo el 12% sufre, por alguna causa, un accidente, lo que también relativizaría las conclusiones sobre la incidencia del alcohol en la siniestralidad.
Y además de la intolerancia de la norma se elogia la eficiencia de la Intendencia de Montevideo en el control de la misma. En la capital, en 2019 se registró una Tasa de Mortalidad del 7,3/cien mil hab. Y en 2020 (al 30/11) de 6/cien mil hab. Además, se afirma que este registro solo llega a la mitad del nacional. Pero la mayoría de las muertes se producen en accidentes carreteros, y estos se computan en su gran mayoría para el país pero no para Montevideo, es decir, se le cargan al interior. O sea que si hay 3 muertes en un accidente en el km de 50 de la Ruta 5 se le imputan a Canelones, si es en el 150 a Florida, si es en el 250 a Durazno, si es en el 350 a Tacuarembó, y así en todo el país. Como en Montevideo hay muy pocas carreteras y la población es grande, la relación entre muertes y número de habitantes es más baja ¡la mitad de las del país! Imagine el lector cuantas muertes por accidentes habrá en ciudades y pueblos del interior…
Y a continuación se expresa que de 35.418 controles aleatorios realizados, “solo el 2,5% fueron mayores de 0 y en siniestros de tránsito con lesionados el 3% fue positivo” reiterando que es menos de la mitad del registro nacional “y mejores aún que los resultados registrados en algunos países europeos” Ya vimos de donde salía la bonanza montevideana, pero eso no es lo que está en discusión.
A mi juicio, la comparación que importa es la del 3 respecto al 2,5, y esa no se hace. Porque si en el total de controles aleatorios -que representan al total de conductores- solo el 2,5% da positivo, y en los siniestros con lesionados los positivos son el 3%, eso puede interpretarse como que el alcohol no incide en la conducción, porque la diferencia porcentual de 3 respecto a 2,5 puede ser “ruido estadístico” tratándose de fuentes diferentes (casos reales uno, muestreo aleatorio el otro).
Para que la hipótesis de base (el alcohol afecta a la conducción aumentando la siniestralidad) se probara, el porcentaje de positivos (culpables, no participantes) en los siniestros tendría que ser significativamente mayor que el de positivos en el total. Pero esa comparación tiene que diseñarla y realizarla un estadístico. Por algo uno de los tres coordinadores del GACH es un matemático. Ahí no hay bomberos ni cigüeñas.
Respecto al componente médico, no me corresponde criticar un documento firmado, entre otros, por dos doctores en medicina. Pero sí puedo formular preguntas, a la luz de las implicancias que, según estos mismos médicos, tiene el alcohol en la conducción.
En el cuadro que muestra el “Nivel de dificultad para actuar en el tránsito” según el grado de alcoholemia (que como no tiene fuente se debe inferir de autoría de los médicos firmantes) se define el nivel de 0,3 gr/lt como “Moderado” porque “Disminuye la capacidad de atender a situaciones de peligro. La respuesta a las mismas se comienza a enlentecer y se hace más confusa” Genera un nivel de riesgo “Bajo” El nivel de alcohol de 0,5 gr/lt genera dificultades en la conducción “Moderadas a severas” porque “Se disminuye la visión hacia lo laterales y esto ocasiona desatención a las señales del tránsito que no pueden ser percibidas adecuadamente”. Genera un nivel de riesgo “Alto”. Y el nivel de 0,8 gr/lt genera dificultades “Severas” para la conducción, ya que “La motricidad se ve afectada, se retardan los movimientos. Aparece una sensación de euforia y confianza. Manejo agresivo y temerario, obedeciendo a impulsos, sin razonar” También genera un nivel de riesgo “Alto”.
Globalizados como estamos, debemos preguntarnos que pasa en el resto del mundo. En los países nórdicos, que representan nuestra “imagen objetivo” en relación a calidad de vida, seguridad, inclusión social y nivel de educación y salud, ninguno apela a la prohibición. Suecia y Noruega admiten 0,2 gr/lt y Finlandia y Dinamarca 0,5 gr/lt. También admiten el 0,5 la mayoría de los países que nos resultan más familiares por nuestra ascendencia, como España, Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica y Holanda, coincidiendo con el promedio de la UE.
Es decir que la mayor parte de los países aceptan “dificultades moderadas a severas” manejándose con un “nivel alto” de riesgo. Llevan una vida manejando con “pérdida de la visión periférica y sin atender a las señales del tránsito porque no pueden percibirlas adecuadamente” Y eso que tienen autopistas con carriles en que se circula a más de 200 km/hora, y tienen niveles de siniestralidad menores que los nuestros. Uno no puede dejar de preguntarse si metabolizamos el alcohol en forma diferente a nuestros abuelos.
Y ni que hablar del Reino Unido e Irlanda, que aceptan hasta el 0,8 gr/lt permitiendo que se maneje -según nuestros médicos especializados en temas viales- “con una sensación de euforia y confianza, y aunque tengan dificultades severas para la conducción, lo hacen en forma agresiva y temeraria, sin razonar, respondiendo a impulsos”.
Pero no olvidemos que también hay países en los que, como en el nuestro, se opta por la intolerancia, imponiendo el cero absoluto. Son 4, todos ellos ubicados en lo que se denominaba “Detrás del telón de acero”: República Checa, Eslovaquia, Rumania y Croacia.
¿Y cómo se juzga en el documento esta realidad? Se sostiene que los gobiernos se ven obligados, por las presiones económicas y empresariales, a adoptar esa permisibilidad, aunque los científicos europeos desearían llegar adonde llegó Uruguay. Aunque llevan más de tres décadas intentándolo, y nosotros lo logramos con dos leyes, una del 2007, con tasas diferenciales y otra del 2015 con el cero absoluto (con un lejano antecedente en 1994, cuando se le impuso la tasa 0 a los conductores de ómnibus, sin restricciones para todos los demás) Y, con matices, lo que se dice de los europeos, también puede decirse de norteamericanos y japoneses.
Cuando se describe la situación en los países desarrollados se pone énfasis en las numerosas relativizaciones dentro de la tolerancia imperante: niveles diferenciales de permisividad según edades siendo más rigurosos con las franjas etarias extremas (jóvenes y ancianos) responsables mayoritarios de los siniestros; según el tipo de vehículo y la responsabilidad social del conductor (diferencias para motos, autos, camiones, ómnibus, transportes de escolares o de materiales peligrosos, ambulancias etc); según el día (mayor control en fin de semana); según el grado de reincidencia y de exceso de alcohol etc. Y las multas o sanciones son proporcionales a la gravedad de la infracción, con estricto control de la normativa vial y de mantenimiento de los vehículos.
Pero mientras se destaca que en el mundo todo apunta a la relatividad, a la diferenciación de las causales con distintos niveles de permisividad, al cuidado de los “detalles” que hacen a la justicia y efectividad de la medida en cada realidad, se exalta la norma que contradice todo lo anterior: la prohibición absoluta de la presencia de cualquier nivel de alcohol por mínimo que sea, en cualquier circunstancia y para todo el mundo.Sellada con plomo, como bula pontificia.
La defensa de la “Tolerancia cero” se fundamenta, finalmente, en la afirmación de que la respalda la mayoría de la opinión pública, citándose una encuesta que ubica dicho apoyo en un 60%. Pero la abolición de la pena de muerte, la habilitación del sufragio femenino y la ley de divorcio, en sus respectivos momentos no tuvieron apoyo mayoritario de la opinión pública. Pero el intercambio de ideas, la discusión parlamentaria y el rumbo de las ideas en el mundo, fueron modificando esas mayorías hasta la aprobación de estas y otras leyes, que hicieron del Uruguay un país civilizado.
Finalmente el documento analizado se interna en una crítica a la trayectoria del senador Botana, que promueve un proyecto de ley para volver al nivel de 0,3 gr/lt, y en consideraciones sobre la evolución del complejo vitivinícola, que no vienen al caso, y que por lo tanto no comentaré. Solo anoto que el cero absoluto no pudo haber dejado de afectar negativamente a toda una rama de nuestra economía. Y por las dudas, aclaro que no tengo vínculo alguno con dicho senador, ni con la viticultura, ni con los bodegueros, ni con los propietarios de restoranes, bares y afinas, ni ningún otro eventual grupo de presión que pudiera existir.
Reitero que estoy a favor del control de la alcoholemia, pero regulada con criterios racionales, acordes con la realidad, evitando el fundamentalismo de la normativa actual. Y acepto que el retorno a la autorización de un nivel razonable de alcohol puede generar una falsa sensación de “ahora se puede” que debería ser combatida con un control estricto para que no se supere ese nivel.
En definitiva lo que me interesa es la mejora de nuestra calidad de vida y la generación de riqueza y de empleo en nuestra economía. Objetivos que, con un enfoque radicalmente opuesto al mío, no dudo que también motivan a los dos médicos, a la abogada y al periodista/sommelier.
Los artículos del autor están en: https://rodolfomartinirigoyen.uy/