Cuarenta pájaros en la mano, sesenta volando

Mire si la pandemia no iba a dar lugar a un enfrentamiento de la ciudad con el campo. Acá por supuesto que nadie tiene la culpa, porque nadie maneja el azar de las mutaciones, menos aun cuando se producen del otro lado del mundo. Pero cuando la epidemia nos llega y hay que enfrentarla y administrarla, empiezan los tironeos.

Actuando con gran sensatez, el gobierno no cayó en la dicotomía “salud o economía” que encierra una trampa mortal. Porque el gran problema es de salud pública, pero si en aras de priorizarla se paraliza todo lo demás, si la economía se para, si se cortan las cadenas de suministros de bienes y servicios, si se interrumpen las cadenas de pago, si los procesos productivos se dejan caer, en el cortísimo plazo la crisis general en que nos hundiríamos, a la primera que se lleva puesta es precisamente a la salud pública.

Y como ocurre en estas emergencias, florece la solidaridad y empiezan las donaciones, tan contagiosas como el virus, desde las simbólicas como la chanchita de una niña a las millonarias de algunos sectores productivos. Al respecto, las  principales gremiales del agro anunciaron una donación de 100 millones de dólares, impactante por el volumen y por la redondez del número.

Pero demostrando una salud y rapidez de reflejos para nada afectada por el virus, los artesanos de la brecha,  salieron a desmenuzar dicha cifra hasta llevarla prácticamente a cero. Y no va a faltar alguno que la va a hacer dar negativa, y “científicamente” demostrará que vestido de donante se presenta el garronero de siempre.

Pero también hay una polémica seria sobre la estructura de dicho monto, y esa es la que hay que analizar. A mi juicio, las cuentas por supuesto que están bien hechas, como ocurre siempre las diferencias están en los supuestos. Creo que se aclara bastante separando la donación en dos segmentos de distinta naturaleza, que, redondeando, equivalen a 40 millones por un lado y 60 por otro. Los primeros efectivamente saldrán del bolsillo de los productores (pájaro en mano) y los otros 60 son renuncias a eventuales beneficios futuros de los que el agro se beneficiaría (en condicional): son 60 pájaros volando.

Sobre ambas cifras además hay cálculos diferentes. Sobre la primera, 40 es la versión de las gremiales, pero en los cálculos del ex ministro de Economía Álvaro García, la cifra no superaría los 20 millones. Como la misma surge de la renuncia del 1% de impuesto a las ventas de ganado a realizarse en el año posterior a la fecha actual, los supuestos necesarios para el cálculo son varios, desde el volumen de ganado a venderse, el precio de los mismos, y distintos tipos de cambio futuros, porque se vende en dólares, se pasa a pesos para definir el impuesto, y de nuevo a dólares para estimar la donación. Y no hay que ser muy mal pensado para sospechar que el ex ministro eligió un valor alto del dólar (como el actual, por ejemplo) para que el impuesto en pesos represente menos dólares donados, y las gremiales hayan elegido un valor más bajo (como el promedio del año pasado, también como ejemplo) para que la donación, expresada en dólares, resulte mayor. Ninguno de los dos miente, pero quién anda más rumbeado en la estimación es algo que recién se conocerá dentro de un año.

Los otros 60 millones no salen del bolsillo de los productores, sino que es una renuncia a beneficios indirectos que hipotéticamente obtendrían, también a futuro. En un caso son deudas que el Estado mantiene con INIA, y en el otro, son aportes a INAC derivados de impuestos al valor Fob de las exportaciones de carne (0,6%) y otro al consumo de carne y de pollo (0,7%). El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria se financia, por ley, por un impuesto (0,4% del valor de todas las ventas con destino final) que pagan los productores (sin llegar a ver la plata porque se les descuenta de las ventas de sus productos) y un aporte del Estado del mismo monto que el anterior. Resulta que el Estado desde hace más de 10 años aporta cifras muy inferiores a las que debería aportar, lo que ha generado una deuda que se estima en unos 40 millones de dólares. En el Instituto Nacional de Carnes, con el aporte de las exportaciones y el consumo, se ha generado un monto de otros 40 millones, de los que el instituto tiene disponibilidad, y de los cuales, 20 millones pasarían a engrosar la donación, que sumados a los 40 del INIA completan los 60 millones antedichos. Todo con aprobaciones parlamentarias pendientes. O sea que tanto la investigación agropecuaria como la promoción de nuestras carnes venían siendo financiadas mayoritariamente por los productores y en menor medida por el consumo, es decir por privados, para gran alivio de las arcas del Estado que no por eso dejaba de proclamar el carácter “público/privado” del funcionamiento de los institutos. Formas de entender lo que llamaban “el desarrollo de un país agrointeligente”.

Entonces, ¿cuál es en esencia la renuncia de los productores? Se supone que si los institutos utilizaran plenamente sus financiaciones legales, cumplirían en mejor forma sus cometidos, es decir se producirían mayores avances tecnológicos (INIA) y nuestras carnes tendrían mejor acceso a los mercados internacionales (INAC), ambos fenómenos favorables a la economía de los productores. “Cumplirían”, “producirían”, “tendrían”, todo en condicional: en criollo, pájaros volando. Y como subproducto, el aumento de la presión social sobre el Estado, porque el acreedor dejaría de ser el INIA, un instituto que la mayoría de la población ni sabe que existe (a pesar de su enorme importancia para la economía del país) para pasar a serlo el Fondo del Coronavirus, con todo lo que ello sensibiliza a la gente.

Bosquejado así el diferendo, creo que el agro sale perdiendo cuando la discusión se dirime en un plano tan relativo como es el monto de lo que van a alcanzar algunas cuentas nacionales dentro de un año y aun a más largo plazo. Claro que “100 millones” impacta por el volumen y la redondez del número, que lo fija en la retina o la memoria de cualquiera, pero la discusión de fondo es lo que el agro aporta, no lo que el agro dona. Claro que hablar de lo que aporta, equivale a hablar de la economía uruguaya, cosa que excede largamente el objetivo de este artículo.

Que se terminen de levantar las cosechas de soja, uvas y arroz; que sigan las inversiones para continuar sembrando las praderas y pasturas para nuestros ganados de carne y de leche; para que se sigan preparando las tierras para la siembra del trigo y la cebada; que sigan todas las actividades que a diario, con virus o sin virus, con lluvia o sin lluvia, bajo la resolana o la helada, con comprensión o incomprensión de sus compatriotas, realiza desde siempre nuestra gente de campo.  De ello depende y seguirá dependiendo la economía uruguaya, cuya solidez y crédito internacional le permite al país manejar con sensatez y con los recursos que se necesitan o puedan llegar a necesitarse, esta emergencia sanitaria inédita en nuestra historia.

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