La palabra “arena” existe tanto en idioma inglés como en el español, pero su significado es completamente diferente en uno y en otro. En español, denomina a la roca molida, la de las playas. O también a lugares donde se desarrollan actividades sobre piso de arena, como las plazas de toros. En inglés quiere decir “estadio”, edificio donde se desarrollan eventos deportivos.
Una primera pregunta que debería responder la Presidente de Antel, Carolina Cosse, es por qué el polideportivo que Antel construirá y administrará durante treinta años, tendrá un nombre en inglés. Porque se va a construir un estadio deportivo, no una playa artificial. Y ella —la presidente— lo es de una empresa del Estado uruguayo, país donde el idioma oficial es el español.
Una segunda pregunta sobre este asunto debería responderla la Intendente de Montevideo, Ana Olivera. La IMM hizo un llamado a licitación al que solo se presentó una empresa, cuya insolvencia económica llevó a que el llamado se declarara desierto. Tratándose de un negocio, según Antel, extraordinario —estima un ingreso neto de más de diez millones de dólares anuales con una inversión de cuarenta millones— llama la atención que ninguna empresa, del Uruguay o del exterior, se haya presentado. De todas formas, sería bueno conocer otra evaluación del proyecto que no fuera la de la empresa interesada en su ejecución.
En estos casos, lo aconsejado es revisar las bases del llamado. Es probable que el celo administrativo de la IMM haya definido bases inaceptables para cualquier empresa seria, que se presentara con intención de cumplir a cabalidad los compromisos asumidos. Pero esta revisión y nuevo llamado no se hicieron, y pocos meses después una empresa del Estado, mediante un acuerdo relámpago con la Intendencia, aprobado en la Junta Departamental por la mayoría oficialista el mismo día en que se lo presentara para su discusión y estudio, anuncia que será la responsable de ejecutar y administrar el fallido emprendimiento municipal.
Además, según versiones de prensa, lo que el acuerdo obliga a Antel, es sustancialmente diferente de lo que exigía el llamado original a licitación. Este incluía una serie de servicios adicionales al polideportivo, entre ellos un hotel 5 estrellas, que obligatoriamente debían construirse y administrarse. En el acuerdo con Antel, en cambio, esas partes del emprendimiento son opcionales. Y todo hace pensar que no se llevarán a cabo, como sí se hará con la parte que se supone rentable del negocio.
La pregunta que debe responder claramente la Intendente Olivera es si esto es cierto o no. La respuesta debe basarse en una prolija comparación entre las bases del llamado a licitación y el acuerdo firmado con Antel. Porque así actúan los gobiernos que, como se autoproclama el nuestro, son honestos y transparentes. Accountability se denomina esta forma gubernamental de proceder en el idioma elegido por Antel para designar el emprendimiento.
A la tercera pregunta debe darle respuesta la Presidente de Antel, o mejor aún, el Presidente de la República, que es el responsable final. La misma se refiere a las prioridades de inversión de una empresa pública que opera en régimen de monopolio parcial. En cualquier economía seria, obviamente debería priorizar el objetivo de dar los mejores servicios al menor costo posible. Y en ambos objetivos Antel tiene un largo camino por recorrer, caminos por otra parte sin final, porque siempre los servicios pueden mejorar y los costos de los mismos disminuir.
Pero siguiendo el ejemplo de Ancap (lejano émulo de PDVSA) que no deja de iniciar nuevas actividades agroindustriales mientras sus combustibles siguen siendo de baja calidad y altos precios, decide diversificarse, en este caso desde las telecomunicaciones hacia la construcción y administración de estadios polideportivos. Y falazmente argumenta que eso se ve con frecuencia en el mundo desarrollado, cuando lo habitual es que las empresas de telecomunicaciones, al igual que muchas otras, sean patrocinantes (en la jerga de Antel “esponsorizadores”) o proveedoras de servicios de esos estadios, pero no sus constructores ni administradores.
Escribe el ingeniero Juan Grompone en defensa del proyecto (La Diaria, 11/4/13): “Los espectáculos deportivos, las convenciones y los conciertos —más aun los eventos internacionales— son un gran generador de contenidos que crean una demanda de ancho de banda grande para los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. De allí que una Arena —esto es, un conjunto de mecanismos de captura de imágenes y sonido de un espectáculo público y su transmisión a la red de Internet— sea un objetivo actual de las empresas de telecomunicaciones”.
Por supuesto que las trasmisiones de esos espectáculos son un objetivo de las empresas de telecomunicaciones: es parte de su negocio. Pero, de nuevo, eso no implica que la empresa de telecomunicaciones tenga que construir ni administrar el polideportivo o el centro de convenciones. Eso lo hacen empresas especializadas en ese negocio, y las de telecomunicaciones compiten entre ellas, en condiciones de igualdad, para adjudicarse la prestación de esos servicios.
Finalmente, no es de recibo la afirmación de que la ley de creación o los estatutos de Antel no le prohíben aventurarse en este tipo de emprendimientos. En el Derecho Público, las empresas del Estado solo pueden dedicarse a lo que la ley explícitamente las faculta.
En estos planos, y en sus implicancias económicas, institucionales y políticas, es donde debe centrarse la discusión, y no en aspectos técnicos accesorios que es hacia donde la dirigen a diario los voceros, tanto de Antel como de la IMM.
Internet. Octubre 2013